Segovia

El «desprecio» a los agentes medioambientales: sin vestuarios, sin cubrir plazas y nóminas atrasadas

Han transcurrido los meses, sus reivindicaciones retumbaron entonces y esos ecos continúan resonando ahora, en los umbrales del invierno. Este 2025, la provincia de Segovia también sufrió las llamas, sobre todo en el nordeste, después de que un incendio declarado en Guadalajara traspasara los límites geográficos y se adentrara acechando el Pico del Lobo y alcanzando La Pinilla. Fue tardío, pero redujo a cenizas 242 hectáreas, según el recuento que hizo la Administración autonómica.

La Asociación-Sindicato de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) advierte de que las carencias persisten, el «desprecio de la Junta» continúa y el horizonte que atisban no es mucho más halagüeño después de que la Junta haya bosquejado sus planes en la lucha contra los incendios.

En la provincia de Segovia los problemas arden sobre quemado. «Vienen desde hace años», señalan sus representantes. Su última reivindicación coloca el foco crítico en el déficit de personal que arrastra el colectivo, una cobertura incompleta de los puestos distribuidos entre las nueve oficinas comarcales dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente en las que están destinados que, además, agrava la «insuficiencia» de plantilla asignada en origen para abarcar todo el territorio.

Según se quejan en la organización, las 105 plazas que componen el plantel de agentes medioambientales «se quedan cortas» para todas las atribuciones que han de llevar a cabo a lo largo y ancho de los 6.921 kilómetros cuadrados, 692.100 hectáreas por las que se extiende la provincia. Pero para más inri, cifran en un 16% las vacantes que dejan cojas varias de esas oficinas. En términos contantes y sonantes, echan en falta diecisiete profesionales. «A esos números habría que restar otras cinco plazas cuyos titulares se encuentran en situación de excedencia o de baja médica de larga duración», matizan fuentes de Apamcyl.

Por lo tanto, son veintidós de los poco más de cien agentes los que por una u otra razón no están incorporados a las tareas que deben de desarrollar. Uno de cada cinco trabajadores del total de la plantilla en la provincia. «Son situaciones que no se suelen cubrir de manera temporal y que acentúan la falta de personal», incide la delegación segoviana sobre la ausencia de sustituciones de esas vacantes de causa mayor.

Su diagnóstico localiza en el mapa las oficinas comarcales más deficitarias. «Entre las más perjudicadas están Coca, Cuéllar, Riaza y Navafría, pero sobre todo Boceguillas, en la cual de las trece plazas existentes solo hay ocho ocupadas y solo trabajan seis profesionales desde hace meses debido a las situaciones de excedencia o de baja médica», exponen los portavoces segovianos.

En el otro extremo, es decir, las que están plenamente dotadas de los equipos que les corresponden, están Navas de Oro, Santa María la Real de Nieva y El Espinar, que están cubiertas al 100%. La otra oficina comarcal que padece alguna vacante es la de Cantalejo.

El temor de Apamcyl es que la desatención a las plantillas puede empeorar. Las razones, el envejecimiento del personal y los planes de empleo de la Junta. En 2018, la edad media era de 55 años. Para el ejercicio que viene, el colectivo calcula que «entre quince y veinte» agentes pueden jubilarse en la provincia. Si bien, sus portavoces matizan que, aunque «ha habido compañeros que se han ido jubilando, han entrado otros quince o veinte nuevos, entre fijos e interinos, que han bajado la edad media, pero también porque somos menos».

«En 2024, se hizo una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, se suprimieron bastantes plazas en Castilla y León, y la eliminación de todas esas plazas hizo que se redujeran las plantillas en las comarcas», cotextualizan. Esa disminución -deduce Apamcyl- «se usó para puestos de técnicos en los centros provinciales de mando donde, por ejemplo, se gestionan las actuaciones en los incendios forestales», explica la representación segoviana. Ese cambio ha ido «en detrimento de los agentes medioambientales», destacan al analizar las causas de la falta de profesionales.

La nueva propuesta de la Junta de financiar con seis millones de euros la contratación de 97 técnicos para el conjunto de la comunidad es «sangrante». Y es que la asociación argumenta que estos trabajadores «no son agentes de la autoridad, ni son policía judicial en el sentido genérico, ni policía administrativa». «No solucionan nada», reiteran, ya que «los centros provinciales de mando van a trancas y barrancas, sumidos en la burocracia».

No hacen falta este tipo de incorporaciones, sino que exigen la cobertura de las vacantes de agentes medioambientales en las oficinas comarcales y acondicionar esas instalaciones. «Muchos timoneles y pocos remeros», resumen así su indignación.

Las quejas por sus precarias condiciones laborales no acaban ahí. El estado de las dependencias en las que han de desarrollar su trabajo cuando están en las oficinas comarcales deja mucho que desear. Su mayor crítica es que hay estancias que carecen de la pertinente evaluación de riesgos laborales. Hay dependencias que «no tienen un vestuario para cambiarse y dejar la ropa», señalan portavoces de Apamcyl en Segovia. «No hay una lavadora para lavar el uniforme». No es baladí este asunto.

Exponen que en sus servicios están expuestos a parásitos como pueden ser las garrapatas o a sustancias tóxicas. «Si vas a un ataque de ganado o estás con reses muertas o enfermas, por mucho que te pongas un traje de papel, te llevas algo», aseguran en la asociación. Esta situación se convierte en un riesgo si no hay un vestuario equipado para quitarse la indumentaria, lavarla, desinfectarla o para aislar la ropa a la que se hayan pegado restos contaminantes. Calculan que el 60% de las instalaciones de los agentes medioambientales en Segovia arrastran esta deficiencia.

Aunque se han ido sustituyendo equipos informáticos y mobiliario, el colectivo tiene la sensación de que les dotan con las sobras y desechos de otros departamentos. «Como piensan que es para el medio rural...», dejan entrever la discriminación con respecto a otras áreas de servicio urbanas. Han trabajado con sillas «con las ruedas rotas o a las que se les veía el relleno de espuma», critican los profesionales.

Otro problema que sufren es que «la conexión a Internet no es demasiado buena» en determinadas zonas de la provincia, lo que dificulta las comunicaciones y su trabajo de vigilancia y seguimiento en el medio natural. Hay sedes con deficiencias de climatización. «O te asas en verano o te congelas en invierno».

Algunas de las instalaciones donde están radicadas las oficinas de los agentes medioambientales son espacios que han cedido buenamente los ayuntamientos donde se asientan estos centros de operaciones y de atención al ciudadano. Pero a pesar de la buena fe, no cumplen con las condiciones para llevar a cabo el mejor servicio posible. Por ejemplo, no hay sitio para aparcar los coches en algunos de esos recintos, lo que obliga a dejar los vehículos en otro punto del municipio. Otro inconveniente y otro palo en la rueda.

De vuelta a los vestuarios, «no hay separación entre hombres y mujeres», advierten sobre otra falla en la red de oficinas comarcales de los agentes medioambientales en la provincia.

«Se va consiguiendo alguna cosa, pero va muy lento», concluye el repaso a las condiciones laborales en las que desarrollar su servicio los profesionales que integran este cuerpo que vela por el medio natural.

Otro trastorno más, que la Administración autonómica ha subsanado recientemente. Los funcionarios segovianos han ingresado con dos meses de retraso las nóminas con las guardias de incendios realizadas en verano. Un fallo interno en el Servicio Territorial de Medio Ambiente en el proceso de tramitar estas gratificaciones extraordinarias demoró las retribuciones, un síntoma, según Apamcyl, de que este colectivo «lleva tiempo cargando sobre sus espaldas las deficiencias presupuestarias, técnicas y materiales» de la política regional contra los incendios forestales.

Para la organización sindical, una prueba de ello ha sido «la privación» de que las nóminas sumen a tiempo las remuneraciones que les corresponden por el trabajo desarrollado.