Adif presenta el recurso contra la paralización de las obras del AVE en Palencia
Adif ha defendido que ha actuado conforme al ordenamiento jurídico vigente en un proyecto necesario para extender la red de alta velocidad hacia Cantabria
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha presentado el recurso contra la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4, de la Audiencia Nacional, que ordenó paralizar las obras de la línea de alta velocidad Palencia-Aguilar de Campoo en la zona norte de la capital palentina, según recoge Ical.
Hasta ahora, Adif ha defendido que ha actuado conforme al ordenamiento jurídico vigente en un proyecto necesario para extender la red de alta velocidad hacia Cantabria. Por ello, tras conocerse la sentencia, la empresa pública avanzó que los servicios jurídicos iban a redactar el recurso, que ahora se ha presentado.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias entiende que los trabajos son compatibles con el estudio informativo vigente y, en su caso, con un hipotético soterramiento. Hasta ahora, Adif ha defendido que ha actuado conforme al ordenamiento jurídico vigente en un proyecto necesario para extender la red de alta velocidad hacia Cantabria, algo «irrenunciable».
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El fallo, que dio la razón a Ecologistas en Acción Palencia, no es firme, por lo que Adif manifestó su intención de continuar con los trabajos en el tramo Palencia-Palencia Norte.
Es parte de un proyecto más amplio que incluye la modernización de la estación de Aguilar de Campoo y una inversión de 1.700 millones de euros para la línea Palencia-Santander. Sin embargo, los vecinos constatan que desde que se conoció el fallo de la Audiencia Nacional el pasado 8 de mayo, apenas se ha trabajado en la zona.
En el recurso de Adif, la Abogacía del Estado rechaza los argumentos que indican que el proyecto constructivo no se ajusta a los estudios informativos de 2010 y 2018. Indica que el informe pericial que aporta Ecologistas no ha sido emitido por personas que tengan la cualificación adecuada y sostiene que ni en la Declaración de Impacto Ambiental, ni en las modificaciones del estudio informativo, ni la resolución de aprobación recogen de manera «taxativa» el soterramiento como solución.
Al respecto argumenta que el proyecto del tramo Palencia-Palencia Norte resulta «compatible» con el soterramiento planteado en el Estudio Informativo de 2010, aunque exija mayores o menores ajustes en la geometría de la losa del soterramiento en función de la cantidad de obra a demoler en el momento que se ejecute. «La propuesta planteada por Adif minimiza todo lo posible las demoliciones, siguiendo las recomendaciones de la declaración de impacto ambiental, a costa de un ajuste en la geometría de la losa», agrega.
No obstante, señala la Abogacía, el proyecto aprobado es compatible con la ejecución de la geometría de la losa de cubrimiento tal cual está prevista en el Estudio Informativo de 2010 y de acuerdo a la alternativa Monzón Oeste, con la estación existente en superficie y no con soterrada. Además, recuerda que ni el Ayuntamiento de Palencia ni la Junta dieron respuesta en 2021 al apéndice remitido sobre la compatibilidad del proyecto con la integración ferroviaria en la ciudad.
La Abogacía señala que Ecologistas en Acción no está legitimada para impugnar la actuación de Adif Alta Velocidad sin que exista, a su juicio en esta materia, acción popular de ningún tipo porque no ha justificado cuál es ese interés que ostenta y defiende. También, afirma que la organización no recoge en sus estatutos la «impugnación» de unas obras por razones técnicas de naturaleza constructiva y de infraestructuras, ni tampoco la reposición del terreno al estado original, sino la protección del medio ambiente.
Por ello, sostiene que se debía haber inadmitido el recurso de la organización ecologista que denunció que la empresa pública acometía las obras del tramo Palencia Norte de la Línea de Alta Velocidad «sin la cobertura legal necesaria», al no ajustarse a los estudios informativos de la integración del ferrocarril ni del tramo Palencia-Alar del Rey de 2010 y 2018, respectivamente.
A juicio de la abogada del Estado que firma el recurso, el único sujeto que estaría legitimado para ir a los tribunales, en su caso, es el Ayuntamiento de Palencia, que de hecho recuerda ha iniciado otro procedimiento para exigir que los trabajos se ajusten a lo reflejado en el estudio informativo de integración de 2010. No obstante, niega que sólo se remitiera el proyecto básico y que se causara indefensión al Consistorio, pero menos a Ecologistas en Acción.
También alega que Ecologistas envió su escrito a Adif solicitando el cese de los trabajos ocho meses después del inicio de la ejecución de las obras que arrancaron en marzo de 2023. Por tanto, considera que el requerimiento formulado el 24 de noviembre de 2023 es «claramente extemporáneo» y, consecuentemente, también el recurso contencioso-administrativo.
Proyecto de construcción
Por otra parte, Adif señala que el proyecto de construcción del tramo Palencia norte se aprobó en mayo de 2022 y que Ecologistas nunca presentó recurso alguno alegando que no se ajustaba a los estudios informativos de 2010 y 2018. En su opinión, lo único que hizo fue ya en junio de 2023 (casi un año después de la publicación) solicitar ante el Ministerio de Transportes y ante Adif-AV la anulación del mismo.
De esta forma, según recoge Ical, concluye que la organización trata de «disfrazar» como una vía de hecho una cuestión de legalidad ordinaria porque sabe que no puede plantear esta cuestión ante los órganos jurisdiccionales por estar fuera de plazo para ello. También, el recurso recuerda las diferencias entre el estudio informativo, más general, y el proyecto constructivo que detalla la obra a ejecutar en sus términos.
También defiende que el Ayuntamiento fue comunicado en octubre de 2021 de una serie documentos que contenían la información «relevante y suficiente» del proyecto de construcción, pero el Consistorio no hizo ninguna alegación o comunicación al respecto. Además, apunta que difícilmente podría aceptarse que el proyecto básico sirviera para iniciar la expropiación de bienes si con ello no se pudiera comprobar que se ajusta al Estudio Informativo previo.
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