Valladolid

La querella contra Carnero y Quiñones por oponerse a la integración ferroviaria recoge un delito castigado con cárcel

«Somos una agrupación vecinal independiente de cualquier partido que sirve como paraguas para todas las organizaciones y vecinos individuales», dicen en su web. Quien presta su apoyo lo hace como «apoyo a la causa». Y entre ellos, además de los partidos citados: «AC Ciudad Sostenible, Anticapitalistas Valladolid, Alianza Verde, ARBA-Va, ASCIVA, Asociación ciclista La Curva, Aldea Pucela, CCOO Valladolid, Izquierda Unida».

Esta querella, que Carnero y Suárez-Quiñones han encajado públicamente con respeto a la decisión de estos vecinos y «a la justicia», ha dicho el alcalde, implica un nuevo giro a los acontecimientos de las últimas semanas en torno a la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Porque lo que está en juego ahora es la responsabilidad penal de dos de los miembros de esta sociedad mercantil. No del Ayuntamiento y de la Junta, sino de Jesús Julio Carnero y Juan Carlos Suárez-Quiñones. «El estudio de acciones judiciales estaba revoloteando entre los colectivos desde hace tiempo. En lo de los tres pasos de Ariza se dan las circunstancias para apelar al artículo 252 del Código Penal sobre administración desleal», asegura Ordóñez a preguntas de El Norte. «Y cada vez que habla el alcalde de la ciudad ratifica los motivos de la querella. Ratifica que llevamos toda la razón. Una administración pública no puede justificar ninguna de sus acciones en base al sentido común», dice. Se refiere así al hecho de que el Ayuntamiento no haya presentado ningún informe técnico que avale el «colapso» que según Carnero se produciría en el tráfico si se hacen coincidir en el tiempo las obras de la nueva estación con las de los pasos de Ariza.

Tampoco se puede decir que la querella les haya cogido por sorpresa. Según fuentes de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, hizo referencia en la última reunión, muy tensa, a que la insistencia de Ayuntamiento y Junta en no aprobar los pasos de Ariza podría dar lugar a que se les exigieran responsabilidades por su actuación en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil. El Ministerio, de momento, no se plantea presentar su propia querella en el mismo sentido, pero no descarta personarse en el caso si el trámite sigue adelante.

«Lo primero es estudiar los hechos, que se centran exclusivamente en los tres pasos de Ariza que la Junta y el Ayuntamiento, de manera arbitraria, se han negado a ejecutar. Está pendiente de cerrar porque cada día surge alguna cosa nueva, pero jurídicamente está ya muy sustanciado. Y es muy sólido», advierte Susana Ordóñez.

La argumentación para acusar a Carnero y Quiñones de la comisión de un delito se basa en la decisión de no licitar unas obras, las de los pasos de Ariza, que cuentan con el proyecto ya aprobado y que además cumplió con la última exigencia que constaba en el acta de las reuniones del Consejo de Administración, que se levantara la vía del tren una vez que dejara de prestar servicio. Como licitar las obras de integración es el objeto social de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, no licitarlas supone un perjuicio económico porque se han empleado unos recursos en la redacción de los proyectos, en torno a un millón de euros, que se van a malrotar.

Este delito se actualizó en el año 2022. El Código Penal lo define del siguiente modo: si alguien con facultades para administrar un patrimonio ajeno (los miembros de una sociedad mercantil, por ejemplo) ejerce indebidamente esas facultades. Y eso sirve tanto para quienes se extralimitan como para quienes «no actúan con la diligencia exigible» -explica la web Iberley-, lo que provoca un perjuicio. Y se entiende por perjuicio el lucro cesante o la pérdida patrimonial.

En cuanto a las penas, el artículo 252 remite a los artículos 248 y 250. Y estos también se han retocado. El objetivo de la ley era castigar la falta de diligencia, los abusos o la opacidad al administrar recursos ajenos. Y reformulaba las penas de modo que contempla penas de cárcel y también multas, en función del daño causado. El artículo 248 dicta para los «reos de estafa» penas de prisión «de seis meses a tres años». Y el artículo 250 establece, en función de la gravedad, que «el delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses», y desgrana una amplia serie de criterios que evalúan el daño causado.

La querella, sin embargo, debe superar primero una fase inicial importante: conseguir fondos para hacer frente a la fianza que el Tribunal Supremo impondrá para su tramitación. «Se está estudiando la manera de recaudar fondos. Hay dos requisitos, que sea garantista para los donantes y que las contribuciones sean finalistas», explica Ordóñez, que aclara que, de no prosperar, se devolverían los fondos a los donantes. «No podemos saber cuánta es la cantidad. El Supremo decidirá la cuantía a exigir a los querellantes. Si es extraordinaria es posible incluso recurrirla», explica.

La querella tendrá como destino el Tribunal Supremo porque Jesús Julio Carnero, como senador, es aforado, mientras que a Juan Carlos Suárez-Quiñones, como consejero de la Junta, debería juzgarlo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Así que se remitirá a la instancia superior, el Supremo.