Lo que dice el convenio sobre cómo liquidar la sociedad Valladolid Alta Velocidad

El convenio firmado en 2017 establece cómo hay que actuar si se disuelve la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Para empezar, los activos ferroviarios «serán atribuidos» a Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad. Todo lo que tiene que ver con los nuevos talleres, el complejo ferroviario del páramo de San Isidro o la variante de mercancías que se haya ejecutado bajo el paraguas de la sociedad.

«Si la sociedad tuviera tesorería, se destinaría al reembolso a Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe de las cantidades pendientes de pago derivadas de la cancelación del contrato de crédito, una vez deducidos el coste de los activos asignados a estas empresas públicas empresariales». Los cien millones que hay en la caja de la sociedad Valladolid Alta Velocidad irían destinados, por tanto, a resarcir a estas tres entidades de parte de la deuda que asumieron.

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La cuestión es que la diferencia entre la deuda actual, 410 millones de euros (342 de principal más 68 de intereses) y la tesorería es de 310 millones, aproximadamente. Y los suelos con los que se iba a pagar toda la operación no están en manos de la sociedad Valladolid Alta Velocidad aún. Es más, Renfe no tendría por qué aportar los suelos de Farnesio, por ejemplo, si considera que el Ayuntamiento de Valladolid ha incumplido sus obligaciones al no aportar los 11,4 millones de euros correspondientes a 2024, tal y como figura en las cuentas de la sociedad. Otra cosa es que eso acabe por formar parte de otro litigio y los terrenos se queden empantanados hasta que se resuelva.

Ayuntamiento de Valladolid y Junta de Castilla y León se verían así obligados a soportar el pago de parte de esa deuda restante según los porcentajes que le correspondan a cada uno. Cada administración tiene un 25% de cuota en la sociedad Valladolid Alta Velocidad. En un momento del desencuentro Puente-Carnero a lo largo de este periplo en el que han sido ministro y alcalde, respectivamente, Óscar Puente ofreció al Ayuntamiento y la Junta una disolución de mutuo acuerdo. Incluso para encontrar la fórmula en la que una liquidación resultara menos lesiva para el Ayuntamiento en cuanto a asunción de la deuda y de posibles responsabilidades. La respuesta de Carnero fue que el Ayuntamiento no contemplaba la disolución de la sociedad. Ese momento, sin embargo, ya pasó. El órdago de hoy no tiene vuelta atrás por parte del Ministerio salvo que el Ayuntamiento y la Junta reconsideren su postura y decidan avanzar con los proyectos que se encuentran en el cajón.

El primer paso para que se disuelva la sociedad es el incumplimiento del convenio. Óscar Puente, ministro de Transportes, ya anticipó que se denunciará el convenio en la próxima reunión de la comisión de seguimiento. «El presente acuerdo se extinguirá por […] el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de algunos de los firmantes», dice la estipulación octava del convenio. En caso de que se produzca ese incumplimiento, las partes afectadas pueden reclamar incluso «indemnización» por los perjuicios causados.

Ayuntamiento y Junta insistían tras la reunión en que no existe una causa de disolución, pero el Ministerio de Transportes considera que sí, por lo que serán los tribunales los que determinen quién tiene razón.