Valladolid

La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto

Así, las obras, que se acaban de estrenar con la firma del acta de replanteo, podrán continuar sin interferencias hasta que se dicte sentencia, algo que aún tardará un tiempo en producirse, según fuentes jurídicas consultadas por El Norte.

Los argumentos del Ayuntamiento para pedir la anulación de la aprobación del proyecto responden, básicamente, a dos grandes premisas. La primera, que no tuvo suficiente información pese a solicitarla reiteradamente. La segunda, que el proyecto supera con mucho lo que respecta a una infraestructura ferroviaria, por lo que es necesario que se coordine con los servicios municipales por la afectación al suelo urbano -no ferroviario- que rodea la obra.

La argumentación del Ayuntamiento se basa en cinco puntos.

El primero habla de los servicios comerciales y de oficina que incluirá la estación y que, según la propia ley del sector ferroviario, debe estar conforme «con lo que determine el planeamiento urbanístico correspondiente». Esa parte que no es estrictamente ferroviaria debe informarse «por las administraciones urbanísticas locales y autonómicas», arguye, «en los aspectos de su competencia». Coge como referencia el hecho de que la superficie comercial supondrá «un aumento de la oferta existente en un 200%», que además «puede tener horarios diferentes a los de la estación». Y también incluye el aparcamiento de 656 plazas. A toda esta oferta comercial se le suma, incide, «la oferta comercial que se prevé desarrollar en el edificio histórico», que se ejecutará con otro proyecto.

El segundo argumento hace hincapié en que debería haberse sometido el proyecto a una nueva evaluación de impacto ambiental. Algo que tendría que haber hecho, a su juicio, con las obras que tendrán lugar fuera de la playa de vías y que provocarán un aumento de las emisiones contaminantes e incluso del ruido, teniendo en cuenta la cercanía de un centro hospitalario, el de Recoletas Campo Grande.

En tercer lugar, considera que debería haberse pedido al Ayuntamiento un informe previo a la aprobación del proyecto. «El edificio de la nueva estación, los edificios ferroviarios, la pasarela de acceso a la estación sobre la playa de vías, los accesos peatonales y rodados a la estación son instalaciones de servicios; también sus instalaciones conexas como, por ejemplo, el aparcamiento», explica, y no se pidió informe sobre ellas, sino sobre las infraestructuras ferroviarias. «En ningún momento Adif ha solicitado al Ayuntamiento el informe exigido cuando los proyectos constructivos comprenden obras en instalaciones de servicio, llegando a decir que está fuera de la competencia municipal informar sobre cuestiones que excedan de la comprobación de la adecuación del proyecto al estudio informativo».

La cuarta cuestión que justifica la demanda es que no se entregó al Ayuntamiento el proyecto constructivo. «No ha enviado, como establece el artículo 7.3 de la Ley del Sector Ferroviario, el proyecto constructivo, sino un documento elaborado específicamente al efecto».

Y por último considera que las obras y actividades que no se vinculan directamente al tráfico ferroviario necesitan del control preventivo municipal. Aquí pone un ejemplo: el del aparcamiento. «Lo que hay que dilucidar es si el aparcamiento proyectado está directamente vinculado al tráfico ferroviario, en cuyo caso estaría exento de control preventivo municipal a través de las autorizaciones, permisos o licencias administrativas de obra, de primera instalación, funcionamiento o apertura legalmente previstas; o si por el contrario no está directamente vinculado al tráfico ferroviario y, por tanto, precisa control preventivo municipal».

Con estos argumentos, el Ayuntamiento de Valladolid, bajo la Alcaldía de Jesús Julio Carnero (PP), pide al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que anule la aprobación del proyecto de la estación Campo Grande. No solicita, sin embargo, medidas cautelares, por lo que la resolución, en el sentido que sea, puede producirse cuando las obras estén ya muy avanzadas.

Ferrovial, Zarzuela y ACS ya han recibido el visto bueno para comenzar el tajo, que debe concluirse dentro de 43 meses. En una segunda fase se acometerá la rehabilitación del actual edificio de viajeros, cuyo proyecto ya se ha licitado y que quedará reservado para zona de oficinas y uso comercial, en principio.

Esta demanda llega en un momento crucial en el seno de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. El próximo 6 de octubre se reunirá el Consejo de Administración de manera presencial y sobre la mesa se expondrá un nuevo choque, esta vez a todo o nada. Jesús Julio Carnero ya ha dejado claro en el Pleno municipal que no dará el plácet a las obras de los túneles de Ariza, ya proyectados. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha avanzado, de manera directa e indirecta, que si no se sigue adelante con las obras de integración ferroviaria está dispuesto a denunciar el convenio por su incumplimiento. Si el convenio decae, la sociedad Valladolid Alta Velocidad se queda sin objeto social y, por lo tanto, se vería abocada a su disolución.