Valladolid

Estos son los argumentos del bufete contratado por el Ayuntamiento para frenar la estación de trenes

«La pretensión municipal de interponer recurso contencioso administrativo contra la aprobación del proyecto de construcción o remodelación de la estación Campo Grande, en los términos que se ha aprobado, tiene un sólido fundamento jurídico», asegura el abogado, al que el Ayuntamiento contrató en agosto de 2024 para frenar el proyecto del viaducto de Arco de Ladrillo y de la estación.

No obstante, el Ayuntamiento ha asegurado en nota de prensa que no se plantea por el momento «la solicitud de ninguna medida cautelar que pueda dificultar la ejecución de la obra». Con ello se descarta casi por completo la posibilidad de que los trámites de licitación, adjudicación y construcción no sigan su curso según los plazos previstos, por lo que, una vez comiencen los trabajos, y dado que esta infraestructura es incompatible con el soterramiento, el proyecto de tunelación de la vía a su paso por Valladolid quedará en la práctica superado.

El principal argumento está en la afección a la zona aledaña a la estación y en la inclusión de equipamientos que van más allá del uso ferroviario, como zonas comerciales o el aparcamiento. Hace falta un Plan Especial que lo regule, asegura Jiménez de Cisnero, no basta con el Plan General de Ordenación Urbana, y ese plan no existe.

Así, se apoya en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 que explicaba que «la posibilidad de que se desarrollen actividades complementarias y de equipamiento quedará siempre supeditada a las determinaciones del plan especial de ordenación de la zona de servicio ferroviario» que tramita, recuerda, «la administración urbanística competente», en este caso el Ayuntamiento de Valladolid.

«La clave», insiste el letrado, «es que el artículo 10 de la Ley del Sector Ferroviario exige un Plan Especial de ordenación de la zona de servicio ferroviario que ordene pormenorizadamente los usos, parámetros, viales y, en general, las determinaciones urbanísticas de la zona». Un Plan Especial que elabora Adif Alta Velocidad pero que debe tramitar y aprobar el Ayuntamiento de Valladolid. En caso de discrepancias, intervendría en última instancia el Consejo de Ministros.

Ese Plan Especial debería recoger actuaciones viarias como la remodelación de la plaza y del viario, dice el informe. En este punto cabe recordar que Adif no cerró por completo el proyecto de reforma de la plaza porque confía en contar en ese punto con la colaboración del Ayuntamiento al entender que es quien debe decidir cómo adecuar ese entorno. También debe ordenar el Plan «las entradas y salidas de la estación», explica.

Y respecto a los equipamientos que no son infraestructuras, Jiménez de Cisneros incluye actuaciones como «las oficinas con acceso independiente desde la pasarela de acceso con salida directa a la calle», la pasarela «de acceso a la estación», los locales comerciales «dentro de la estación y en el resto de las edificaciones previstas» y el aparcamiento subterráneo. «Son verdaderas actuaciones edificatorias y de implantación de usos comerciales o de equipamientos», concluye.

Incluso considera que antes del Plan Especial es preciso aprobar la «Delimitación y utilización de espacios ferroviarios», otro documento que debe formularse como una orden ministerial «especialmente en ámbitos vinculados a estaciones de transporte de viajeros o terminales de transporte de mercancías».

Recuerda el abogado que hay varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que «determinaron la imposibilidad de abrir espacios de restauración» en la estación de Atocha mientras no estuviera aprobado el Plan Especial.

El Ministerio de Transportes contaba con este movimiento de Jesús Julio Carnero para intentar frenar un proyecto que se considera estratégico en el desarrollo del transporte ferroviario de pasajeros en España. Desde el primer momento el Ministerio ha defendido la legalidad de sus actuaciones en este proyecto y su certeza de que seguirá adelante sin contratiempos. La licitación de las obras debería resolverse en unos cuatro meses, para poder comenzar los trabajos en torno a octubre de este año.