El Ayuntamiento llevará a los tribunales la construcción de la nueva estación de tren

La primera réplica la ha dado el concejal del Partido Popular, Ignacio Zarandona, quien ha hecho referencia a que no se lleva a cabo ninguna otra actuación que no sea dirigida a «lo que conviene» a Valladolid. «Esto es, desde el punto de vista de este Gobierno, soterrar el tren en la ciudad. Con ese propósito la ciudadanía depositó la confianza en nosotros», ha remarcado el edil. Sobre el estudio multicriterio anunciado hace unos meses por el alcalde de Valladolid, Zarandona ha incidido en que se está preparando la licitación de ese estudio.

La réplica la ha hecho Pedro Herrero desde el PSOE. «No tenemos ese estudio desde hace dos años que entraron en el Ayuntamiento y en dos años nos dirán que ahora llega Feijóo y que con él sí se va a soterrar. Lo único que van a hacer es hacernos perder cuatro años». Sobre el estudio, Zarandona ha indicado que se intentaron buscar posturas de encuentro dentro de la Sociedad de Valladolid Alta Velocidad, pero que se han encontrado con una «cerrazón absoluta». «Hay un ministro absolutista que bloquea todo el diálogo», ha expresado en referencia a Óscar Puente.

«Pensamos que la postura que mantiene esta corporación es la que debe ser atendida dentro de la sociedad y entendemos que el soterramiento por muros pantalla es viable. Intentamos que el estudio se hiciera por parte de la sociedad, pero nos encontramos con diálogo cero», ha añadido Zarandona. Finalizada la intervención del concejal, Carnero ha incidido que «defenderá» los intereses de la ciudad, sin «renunciar» a la estación, pero también defenderá «ante los tribunales» los derechos que corresponden a la ciudad.

Además, el alcalde ha variado una expresión que ya utilizó durante el pleno extraordinario, que precisamente trató la compatibilidad de la nueva estación con el soterramiento. Entonces fue: «Estación sí, siempre que no sea incompatible con el soterramiento». Este martes ha sido algo diferente. «Sí a la estación y también a participar en la configuración de la ciudad que queremos». Además, la Junta de Gobierno Local celebrada este martes ha dado luz verde a la interposición de un recurso contencioso-administrativo en relación con la aprobación del proyecto de la estación de tren de Valladolid, «sin que en este momento se plantee la solicitud de ninguna medida cautelar que pueda dificultar la ejecución de la obra».

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, el Consistorio se habría dirigido en «varias ocasiones» a ADIF para que le notificara «fehacientemente» la aprobación del proyecto de construcción de la estación. «No se ha notificado el acuerdo de aprobación del proyecto de construcción de la estación ni el régimen jurídico de los recursos que pudieran interponerse», añaden en el documento. Frente a esto, apuntan a que la actitud de ADIF-AV supone «una omisión» de las exigencias de la Ley del Sector Ferroviario. «Supone un desconocimiento consciente de las competencias municiplaes urbanísticas que afectan a un elemento tan significativo como el entorno del Campo Grande sin tener en cuenta las secuelas para la movilidad urbana».

Desde el Ayuntamiento defienden que el proyecto de construcción contiene actuaciones que van más allá de la infraestructura ferroviaria. «Basta con la mera lectura de la memoria del proyecto de construcción donde se enuncian y describen las actuaciones previstas, como oficinas con acceso independiente desde la pasarela de acceso o un aparcamiento subterráneo en cuatro niveles. Estas actuaciones no se pueden reconducir al concepto de infraestructuras ferroviarias sino que son verdaderas actuaciones edificatorias. sto implica una intervención física en la ciudad», zanjan desde el Ayuntamiento.

Desde el Grupo Municipal Socialista definen la situación como de «absoluto despropósito». «Sabíamos que esto iba a ocurrir, lo veníamos denunciando los últimos meses. Carnero está boicoteando la construcción de la nueva estación. Creo que no hay ningún caso en España en el que el alcalde de la ciudad boicotee una inversión de 260 millones de euros. No hay nada y la más clara demostración es que ha tenido que echar mano de servicios jurídicos externos privados, porque es evidente que los municipales no ven ninguna razón para dar una batalla judicial», ha criticado Pedro Herrero.