El Ayuntamiento se apoya en vías legales y la Mesa del Soterramiento para parar la estación de tren

Así, considera tras un primer análisis del proyecto que «la licencia ambiental no es válida porque ha habido una modificación sustancial con arreglo al estudio informativo». También cree que durante la tramitación debería haberse dado traslado a las entidades locales y a la comunidad autónoma. E incluso apunta al aparcamiento como motivo de reseteo del proyecto. «Recoge un aparcamiento, que es una dotación que parece deducirse que es para la ciudadanía, por lo que hay que modificar el Plan General de Ordenación Urbana». Manuel Saravia, impulsor del actual Plan General, aprobado en 2020, asegura por el contrario que «el nuevo párking subterráneo se admite en este Plan y se prevé en todos los anteriores, incluido el plan Rogers».

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«He apuntado lo que he visto como defectuoso en el proyecto de la estación», apunta Carvajal, que aclara que ahora deben ser los servicios jurídicos del Ayuntamiento -o los contratados por el Consistorio en el mes de agosto como asesoría para el proceso- los que analicen la viabilidad de recurrir estas cuestiones.

El Ministerio de Transportes, mientras tanto, ya le ha dado muchas vueltas a este asunto. Ante la sospecha de que el Ayuntamiento pretendiera judicializar la estación, ha sometido todo el proyecto al análisis de los abogados de Adif, para garantizar que cumple todos los requisitos legales. Una suerte de prueba de estrés. Cuenta a su favor con la ley del sector ferroviario de 2015. En su artículo 7 habla de las incidencias de las infraestructuras ferroviarias sobre el planeamiento urbanístico y el control municipal. Establece que los planes generales deben calificar los terrenos ocupados por estaciones y otras infraestructuras ferroviarias «como sistema general ferroviario o equivalente, de titularidad estatal».

En ese mismo apartado se señala que Adif «no precisará autorizaciones, permisos o licencias administrativas de primera instalación, funcionamiento o apertura, previstas en la normativa vigente para el desarrollo de las actividades directamente vinculadas al tráfico ferroviario».

Saravia considera que no hay caso porque el plan general de 2020 se adecuó al contenido del convenio de integración firmado en el año 2017. Sin embargo, parece claro que las posturas encontradas conducen a la estación a un litigio. Si eso sucede, el procedimiento se puede ver atascado en los tribunales y la estación podría demorarse, según fuentes cercanas a la sociedad Valladolid Alta Velocidad, dos años.