Valladolid
La Plataforma por la Integración presentará una querella criminal contra Carnero y Quiñones por su «bloqueo injustificado»La iniciativa de la sociedad civil señala que dicha demanda se enfoca hacia un presunto delito de administración desleal
La Plataforma por la Integración Ferroviaria anunció que se encuentra en la fase final de preparación de una querella criminal contra el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, así como el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como presuntos autores de un delito de administración desleal (tipificado en el Código Penal) debido a la «oposición injustificada» al desarrollo de los pasos de Ariza, «pieza clave» para la integración ferroviaria en la ciudad.
En un comunicado recogido por Ical y en el que se asegura que cuentan con el apoyo de la sociedad civil vallisoletana y en su nombre diversos colectivos y asociaciones de todo tipo, dejaron claro que la iniciativa «nace y se dirige desde la ciudadanía organizada», al mantener un perfil «estrictamente cívico y no partidista», quienes añadieron que la querella se presentará formalmente ante el Tribunal Supremo de «forma inminente», al atender a la condición de aforado de Carnero.
«Valladolid no puede seguir siendo rehén de decisiones políticas que bloquean soluciones técnicas viables y necesarias. Hemos decidido dar este paso para defender el interés general y el futuro de la ciudad», señalaron los impulsores.
De esa forma, los promotores de esta querella recuerdan que tanto el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, como el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, además de Alberto Gutiérrez Alberca, José Ignacio Zarandona Fernández, Ángel Marinero Peral y María Pardo Álvarez han reiterado su negativa a impulsar los pasos de Ariza con su voto en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, una postura que los colectivos consideraron «injustificada e irresponsable» por su impacto en la «movilidad, la cohesión urbana y la seguridad peatonal» como se demuestra en la querella elaborada.
Trasladaron que esta acción está impulsada por la sociedad civil vallisoletana y abierta a la adhesión de colectivos, asociaciones y comunidades vecinales, cuyo propósito es «defender el interés público, la buena gestión y la correcta ejecución de los proyectos necesarios para la integración ferroviaria», concluyeron.
