La Guardia Civil se persona en la estación de autobuses tras la denuncia por la «ilegalidad» de las obras

Agentes del Seprona de la Guardia Civil se han personado en la mañana de este martes en la estación de autobuses para requerir documentación sobre las obras de reforma de la terminal, según han confirmado desde la Subdelegación del Gobierno. La inspección ha sido ordenada por la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo y todo apunta a que las diligencias se desprenden de la denuncia presentada por la formación política Adelante Valladolid, que considera que la rehabilitación de las instalaciones sería «ilegal».

Fuentes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital han confirmado a El Norte la visita de los efectivos de la Benemérita en funciones de policía judicial, pero acotan que no hay orden de paralización de los trabajos. Las obras continúan «con normalidad», según subrayan en el departamento que dirige José Luis Sanz Merino.

Por el momento, no ha trascendido si la investigación de esta sección especializada del ministerio público se ha iniciado de oficio o después de la interposición formal de una denuncia por parte de este o de otro colectivo. Según han explicado en Somacyl, la sociedad pública que ha contratado la obra con las empresas Collosa y Pasaval por importe de 4,8 millones de euros, los agentes han solicitado a los responsables de las adjudicatarias los permisos municipales, se los han entregado y han abandonado la estación.

El pasado 26 de mayo, Adelante Valladolid denunció que se trata de una intervención ilegal según el PGOU, además de «un derroche inaceptable de casi cinco millones de euros de fondos públicos». Los argumentos que aportaba este partido de nueva creación se basan en que el Plan General establece que «la actual estación debe ser demolida y trasladada a Delicias (junto a la estación de trenes) antes de 2032, por lo tanto, la actual estación en Puente Colgante está declarada fuera de ordenación».

Según el artículo 185 del Reglamento Urbanístico de Castilla y León (RUCyL), destacaba también la entidad, en situaciones como estas, «solamente están permitidas obras de seguridad, salubridad o conservación mínima, sin embargo, el proyecto actual viola la normativa al tratarse de una una rehabilitación integral y/o modernización y/o rehabilitación del conjunto arquitectónico».

Además, criticaban que en lugar de exigir la preceptiva licencia urbanística, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento «permitió el inicio de las obras con una simple Declaración Responsable (DROU)». «Esto no es más que una treta para que, en algún momento indefinido e incierto (que habitualmente suele coincidir con el final de las obras), el Ayuntamiento cumpla con su deber de control de la legalidad», sostienen.

Adelante Valladolid anunció que habían presentado una denuncia formal para que el Ayuntamiento de Valladolid active su deber de control y paralice las obras. «Aunque el Ayuntamiento haya propiciado esta barbaridad, tiene el deber de contestar y su contestación puede ser objeto de recurso judicial. Luchamos por una gestión transparente, legal y al servicio de la gente. No permitiremos que se burle la ley ni se malgasten recursos públicos», anunciaban hace poco más de un mes.

El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, que ha sido informado por la Junta de Castilla y León de la visita de la Guardia Civil a la terminal de autobuses, ha mostrado su «tranquilidad absoluta» por esta diligencia, al tiempo que ha considerado adecuado que se hagan este tipo de revisiones y controles, como ya ocurrió con la actuación de oficio que la Fiscalía abrió tras el desplome de la cúpula de la iglesia de la Vera Cruz hace justo un año.

«Nuestra posición es de absoluta colaboración como no podía ser de otra manera; la obra es completamente legal y cumple con todos los requisitos que recoge el PGOU para este tipo de edificios», ha defendido Zarandona, quien insiste en que los técnicos que han armado el expediente se han ajustado a las prescripciones del Plan General.

La obra de la estación, que paga el Ejecutivo regional a través de la empresa pública Somacyl, contempla la renovación total del edificio principal y de la zona de las dársenas. Así, se reordenará el espacio público del inmueble de viajeros mediante la eliminación del cuerpo central de taquillas y locales comerciales y la creación de un lucernario que procure iluminación cenital natural a todo el espacio.

Se suma el cerramiento de la zona de las dársenas donde los autobuses dejan y recogen pasaje. Este lineal se modifica por completo creando un lucernario en toda su longitud para que cuente con luz natural y renovando también toda la pavimentación, revestimientos interiores y los bancos.

La imagen exterior también cambiará por completo. Se procederá a la renovación de toda la envolvente del conjunto y se crearán espacios ajardinados en los flancos del nuevo acceso de los vehículos. Estos trabajos de reforma de las fachadas se aprovecharán para eliminar los «elementos espurios» del inmueble, como vallas publicitarias, rotulación de los locales comerciales, equipos de climatización y del cableado. También se demolerán los volúmenes añadidos a algunos negocios, entre otras actuaciones relacionadas con la mejora de la eficiencia energética y nuevos y modernos sistemas de información para los usuarios.

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