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El partido político Adelante Valladolid ha denunciado la «ilegalidad» de las obras de la estación de autobuses en base al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ha solicitado su «paralización inmediata». A través de un comunicado, la formación ha tildado la inversión de «derroche inaceptable de casi cinco millones de euros de fondos públicos». «La Junta invierte en un edificio condenado a la demolición, mientras que la nueva estación de autobuses (intermodal) 'Delicias' sigue abandonada en un cajón», ha lamentado, al tiempo que ha insistido en que la terminal actual «debe ser demolida y trasladada a Delicias (junto a la estación de trenes) antes de 2032».
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Para todo ello, el partido político se ha basado en el artículo 185 del Reglamento Urbanístico de Castilla y León (RUCyL), que recoge que «en situaciones como estas, solamente están permitidas obras de emergencia (seguridad, salubridad o conservación mínima) y, sin embargo, el proyecto actual viola la normativa al tratarse de una rehabilitación integral y/o modernización y/o rehabilitación del conjunto arquitectónico».
Asimismo, también ha criticado que el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid «en lugar de exigir la preceptiva licencia urbanística, permitió el inicio de las obras con una simple Declaración Responsable». «Esto no es más que una 'treta' para que, en algún momento indefinido e incierto, el Consistorio cumpla con su deber de control de la legalidad», ha añadido en el escrito.
En este sentido, ha remarcado que la normativa es «clara». «El PGOU de Valladolid indica que la actual estación debe demolerse, no rehabilitarse, ni reformarse íntegramente, ni modernizarse. Es inconcebible e ilegal invertir 5 millones en reformar un edificio que debe desaparecer en menos de siete años», ha subrayado la formación política, mientras ha aseverado que «no hay otra forma de verlo». «Estas obras son un despilfarro de dinero público u exigimos que se adecenten urgentemente los baños y reparen las goteras, únicas obras legales y necesarias, empleando los fondos justos y necesarios», ha continuado.
Por todo ello, Adelante Valladolid ha presentado una denuncia «formal» para que el Consistorio «active su deber de control y paralice las obras». «Aunque el Ayuntamiento haya propiciado esta barbaridad, tiene el deber de contestar y su contestación puede ser objeto de recurso judicial. Luchamos por una gestión transparente, legal y al servicio de la gente y no permitiremos que se burle la ley ni se malgasten recursos públicos», ha concluido en el comunicado.
Al respecto, el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, ha defendido que «la actuación propuesta se ajusta a las permitidas en este tipo de edificios que se regulan además en el artículo 503 del Plan General con toda claridad». «Dejémonos ya de más elucubraciones, son obras absolutamente legales y que están amparadas por el Plan en vigor», ha sentenciado el edil.
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