Seis regiones no pasan de la primera fase de condonación de deuda, entre ellas Castilla y León

El Ministerio de Hacienda sacó adelante esta propuesta el pasado 26 de febrero, durante un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que los catorce consejeros autonómicos del Partido Popular abandonaron en bloque por considerar que se trataba de «una cesión al independentismo». La medida se había pactado dos días antes con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en el marco del acuerdo de investidura suscrito en 2023, y fue precisamente ese partido el primero en anunciarla.

El mecanismo por el que el Estado se hace cargo de 83.252 millones de euros que deben las comunidades de régimen común parte de que «registraron un sobreendeudamiento» durante la crisis financiera –del 31 de diciembre de 2009 al mismo día de 2013–, que según la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo central ascendió a 109.582 millones. Esta cifra la compara con el pasivo que acumularon durante la pandemia y debido a la guerra de Ucrania (entre la Nochevieja de 2019 y la de 2023), que fue de otros 29.282. El resultado es un diferencial de 80.310 millones, que es «la cuantía inicial a condonar».

A partir de ahí la metodología se divide en tres fases. En la primera se reparte el 75% de esa última cantidad «en función de la media de la población ajustada» entre 2010 y 2022, lo que otorga 3.643 millones a Castilla y León. Se trata del 26,27% de la deuda total de la región respecto al cierre de 2023 y es el 6,04% de los 60.232 millones de euros que se adjudican de esta manera. La segunda eleva el montante a las comunidades que quedan por debajo de la media (19,33%) para que la alcancen y la tercera hace «dos ajustes adicionales», de modo que todas lleguen al menos a los 2.284 euros por habitante ajustado (lo que le toca a la más beneficiada hasta aquí, Valencia) y para premiar a aquellas «que hayan ejercido al alza sus competencias normativas» en el Impuesto sobre la Renta. De esas operaciones salen los 83.252 millones mencionados.

Castilla y León se beneficia de la etapa 1 de la «condonación separatista», en palabras de Carlos Fernández Carriedo, pero se queda fuera de la 2 y de la 3. «Hay un bloque de recursos de carácter general, otro donde perjudican a las comunidades que menos deuda tienen, del que nosotros no recibimos nada porque estamos entre las menos endeudadas, y otro que perjudica a las que han bajado impuestos, en el IRPF particularmente. Con lo cual de ese bloque nosotros también recibimos cero», critica el consejero de Economía, que recuerda que la Junta «ha bajado el tipo de gravamen del IRPF» y además aplica numerosos beneficios fiscales. «Es una política totalmente distinta a la del Gobierno», remarca, y añade que «desde que Alfonso Fernández Mañueco es presidente hemos bajado 34 veces impuestos y a nivel nacional en ese mismo periodo se han subido 96 veces».

Fuentes del Ministerio de Hacienda, mientras tanto, aseguran que la metodología de la quita se ha hecho «con criterios puramente técnicos y totalmente objetivos», y es «una actuación inédita que permite a las comunidades ganar autonomía financiera y política y poder salir a los mercados en mejores condiciones». Al hilo de esto, ponen en valor el análisis de la vicepresidenta Montero en cuanto a que se trata de «un esfuerzo sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, tengan o no deuda con el Estado».

Asimismo, destacan que «con este Gobierno, Castilla y León ha recibido los mayores recursos de su historia». En concreto, detallan que desde que Pedro Sánchez preside el Ejecutivo nuestra autonomía «ha recibido un 38,4% más de recursos que en los siete años de Mariano Rajoy», lo que se traduce en «15.548,2 millones de euros más». Junto a esto, desde el departamento de Hacienda inciden en que este año la región «recibirá las mayores entregas a cuenta de su historia con 8.987 millones de euros, un 9,8% más que en 2024», lo que equivale a «799 millones más por este concepto». «En total, incluyendo la liquidación de 2023, Castilla y León recibirá en 2025 del sistema de financiación 9.541 millones de euros», esgrimen.