La quita de deuda: de Cataluña a Castilla y León

La quita de la deuda la pactó el PSOE con ERC. Bis a bis, con sardana en el hilo musical. Un asunto nacional y que afecta a las quince comunidades del régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra, que juegan en división de honor presupuestaria), dado que habría sido inexplicable en el resto de España que el Estado asumiera deuda catalana y de nadie más. Ese acuerdo a dos bandas obligó luego a la ministra María Jesús Montero a intentar vestir la medida para que fuera medianamente asumible en las demás comunidades. Los alrededor de 17.000 millones de Cataluña se han convertido en 83.252 para el conjunto del mapa.

Hay razones políticas para oponerse a la iniciativa. La primera de ellas, el cómo se gestó. Una exigencia al PSOE forzada por Oriol Junqueras y con los presidentes autonómicos como convidados de piedra. La segunda es que esa deuda no se evapora. Lo que no paga cada comunidad lo hace el Estado con dinero con el que la Administración estatal gestiona sus competencias. Recursos que el Gobierno no podrá destinar a políticas públicas en los territorios.

Ahí están las críticas del PP y, en Castilla y León, de Alfonso Fernández Mañueco. Pero a esas razones políticas se sobreponen, una vez articulada la quita, razones prácticas. El Ministerio de Hacienda plantea asumir 3.643 millones de euros en préstamos que debe abonar, con sus intereses, la Junta de Castilla y León. Es un balón de oxígeno para una Administración que gestiona hospitales, colegios, servicios sociales...

Mañueco advierte de que la Junta intentará frenar la condonación en el Constitucional y a la vez argumenta que la cuenta no le sale y que a Castilla y León le faltarían en la suma que ha hecho la ministra casi 1.400 millones más de quita. La lógica de gobierno (antes que la del partido) implica mejorar las cuentas que uno gestiona para servir a los convecinos. Aceptar de partida que el ministerio asuma 3.643 millones de euros de créditos firmados por la Junta y pelear para subir esa cifra.

El origen de la deuda que el Gobierno asume de las autonomías se remonta a la etapa de la crisis. Las comunidades no lograban préstamos por sí solas y el Ejecutivo de Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente, creó un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para que fuera el Estado quien facilitara deuda a las regiones. Cataluña, Valencia, la Andalucía gobernada por el PSOE o la Castilla-La Mancha con Cospedal al mando acudieron con fuerza a esa liquidez. Son ahora, sobre todos las tres primeras, los territorios que se llevan la mayor porción de perdón deudor: Andalucía 18.791 millones, Cataluña 17.104 y Valencia 11.210.

El primer sopapo con la deuda se lo dio a Castilla y León Cristóbal Montoro, junto a otras cinco comunidades (también la Galicia de Feijóo) que al estar más saneadas lograron financiarse por su cuenta. El ministro decidió, sobre la marcha, perdonar los intereses a las regiones que había 'rescatado' con el FLA, mientras el resto debían pagar los suyos. Acababa el 2014. Solo la factura que se ahorraban Artur Mas en Cataluña y Cospedal en Castilla-La Mancha sumaba 1.015 millones de euros. El enfado de Juan Vicente Herrera aquí fue monumental. Se premiaba a los incumplidores, decía. Un argumento que, seguro, han oído estos días.

El PSOE conjura fuera de Cataluña, por los pelos, el peligro de discriminación territorial por la deuda, pero no hay descanso. Llega la financiación especial para los catalanes. Insolidaria e inasumible para alguien con un mínimo sentido de Estado. ¿No hay socialista que alce la voz?