A las Cortes de Castilla y León le faltan 12 millones: tira de remanentes por el retraso de pagos de la Junta

Esto ha provocado que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox) solicitara una reunión al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP) para que este explicara cuándo y cómo iba a abonar el dinero que permite que el parlamento autonómico desempeñe su labor. En el anteproyecto de ley de presupuestos de 2025, de hecho, figura junto a las partidas previstas una apostilla: «Las dotaciones de este programa aseguran el correcto funcionamiento de las Cortes de Castilla y León, que tienen atribuida la potestad legislativa y el control e impulso de la acción de Gobierno». Incluso se había previso un ligero incremento presupuestario que, como ha ocurrido con todas las partidas, se quedó en el limbo después de que los presupuestos generales de la comunidad autónoma se prorrogaran.

La financiación del parlamento autonómico funciona así: el 15 de enero se abona el dinero que permite afrontar los gastos de enero, febrero y marzo. El segundo pago se efectúa el 15 de abril y sirve para pasar abril, mayo y junio. El 15 de julio se suele pagar la cantidad que las Cortes utiliza para julio, agosto y septiembre. Y el 15 de octubre se transfiere lo correspondiente a octubre, noviembre y diciembre.

A día de hoy, aseguran fuentes de las Cortes de Castilla y León, faltan por llegar a las arcas de las Cortes 11,6 millones de euros, que se corresponden con los 5,8 que debían abonarse para el segundo trimestre (15 de abril) y los 5,8 del pago del 15 de julio.

Desde la Junta de Castilla y León se admite el retraso y se incide en que se ha abonado el primer pago del año, el del mes de enero, tanto a las Cortes como a las instituciones propias de la comunidad autónoma.

Y añaden desde el parlamento autonómico que las instituciones propias de Castilla y León, que figuran dentro del apartado presupuestario de las Cortes, han recibido además el segundo de los pagos anuales directamente desde la Junta. Con retraso, eso sí, pero el 27 de junio se ha ingresado la cantidad que debía haber llegado el 15 de abril. Incluso lo ha recibido la Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias.

Que puedan cobrar las instituciones propias aunque no lo hagan las Cortes tiene una explicación.

En los presupuestos de la comunidad, el capítulo dedicado a explicar las cuentas de las Cortes incluye también a las instituciones propias. Es decir: Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social y Procurador del Común están en el mismo epígrafe que las Cortes de Castilla y León. La Junta destinó en 2024 unos 37,2 millones de euros para todas ellas.

Sin embargo, aunque dependen orgánicamente del parlamento autonómico y figuran junto a él en las cuentas, estas instituciones reciben directamente el dinero a través de la Junta. No hay un traspaso Junta-Cortes para que luego sean las Cortes las que aporten el dinero a cada una de ellas. Pues las cuatro instituciones han recibido su dinero tanto en el primer pago como en el segundo. Lo que supone, si se prorratea la cantidad anual, alrededor de 6,25 millones de euros.

Quizá el porqué haya que buscarlo en que la mayor parte del presupuesto de las instituciones propias se destina a gastos de personal. En el Consejo de Cuentas supone un 89,8% del presupuesto anual. Un porcentaje que se sitúa en el 82,03% en el caso del Procurador del Común y en el 80,77% en el del Consejo Consultivo. El Consejo Económico y Social gasta en personal el 62,12% de su factura anual.

«Tienen un presupuesto más pequeño y una situación de necesidad y de pagos mayor que las Cortes. En cambio, las Cortes tienen su propio presupuesto y a veces tienen más margen de actuación», confirman fuentes de la Junta de Castilla y León.

La justificación para el retraso está en el Gobierno central y su propio retraso en el pago, según la Junta. «Estamos cobrando las actualizaciones de las entregas a cuenta las cantidades correspondientes al año 2023, porque como no ha habido presupuesto estatal no ha habido actualizaciones de las comunidades autónomas», señalan. Y traducen esto a cifras contundentes: «El Gobierno nos debe 600 millones de euros». Añaden que los ayuntamientos tampoco han cobrado esas actualizaciones.

Ante esa tesitura, pagar se vuelve una cuestión de prioridades. «Estamos mejor que ninguna otra comunidad autónoma en términos de tesorería, de pago medio a proveedores», aclaran desde la Junta a pesar de todo. Lo que no quita que se haya elegido pagar antes otras cuestiones que los plazos correspondientes al parlamento autonómico. «Ante la expectativa de que se nos vaya a pagar, damos prioridad a entidades, familias, ayudas sociales con más urgencia... Por ejemplo, hemos pagado casi 50 millones de ayudas al alquiler a la vivienda. Y eso nos parece más importante que la tesorería de las Cortes, que tienen remanente», explican.

En las Cortes, mientras, empiezan a sospechar que esto ya forma parte de la batalla preelectoral, que está en marcha y que se agudizará en cuanto llegue septiembre. Básicamente porque no es la primera vez en que se gobierna con presupuestos prorrogados en España ni en Castilla y León y esta situación no se había producido hasta la fecha, aseguran.

La ley 2/2006 de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León estipula que «las dotaciones presupuestarias de las Cortes de Castilla y León se librarán por la Consejería de Hacienda sin justificación, en firme y por trimestres anticipados». Aunque esos pagos deberían acometerse antes del último día del trimestre anterior, es decir, el 31 de diciembre para los tres primeros meses del año, por ejemplo, lo habitual es que se produzca a mediados de mes. Una práctica que ya se da por buena porque así lo ha impuesto la costumbre.

Las Cortes, de momento, han utilizado remanentes de tesorería que tenían para hacer frente a los pagos. E incluso, en previsión de que se fuera a recibir el dinero correspondiente a los meses de abril a junio, han firmado el pago a los grupos parlamentarios. Un dinero que sirve a los grupos para pagar informes o nóminas de personal y que asciende a 3,7 millones anuales, con una media de 309.754 euros al mes.