Valladolid alega a la desproporcionada reducción de aforos y la Junta ve la situación epidemiológica «descontrolada»

El debate jurídico dejó fuera el ruido y se centró en los datos. En la vista celebrada hoy en la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia se expuso, por un lado, que el perjuicio económico para el Ayuntamiento se estima en 450.000 euros. Que no guarda proporcionalidad la restricción de los aforos con los lugares de celebración de los eventos. Y por parte de la Junta, que la situación epidemiológica impone su realidad a cualquier otra consideración, porque preservar la salud prevalece respecto al resto de posibles daños. «Lo trascendente es que tomando como referencia los 1.015 casos de las últimas dos semanas en Valladolid, solo 122 están relacionados con un brote activo, del que se conoce el origen. En 893 no hay vinculación con un brote epidémico. Esa situación actual lleva a afirmar que existe transmisión comunitaria, hay descontrol del origen de los casos», argumentó el letrado de la Junta, Daniel Fernández.

Los argumentos se expusieron al día siguiente de que la misma sala decidiera denegar la suspensión «cautelarísima» de las medidas impuestas por la Junta a Valladolid, como pedía el Ayuntamiento. Lo habitual es decidir y posteriormente celebrar una vista por si resultara adecuado modificar algunos de los términos de la decisión. Esta vez la premura ha obligado a acelerar el proceso, ya que las medidas expiran en una semana a contar desde ayer jueves. Los magistrados confiaban en tener una resolución a lo largo de la mañana.

«Son medidas proporcionadas atendiendo al alto riesgo de contagio en la ciudad de Valladolid e idóneas para contener el virus y son medidas intermedias antes de adoptar otras más drásticas, como un confinamiento», explicó el letrado de la Junta, Daniel Fernández. Y es que, según la Junta, «la directora general de Salud Pública dice que es altamente improbable el control de la situación con las medidas generales». Unas restricciones que se acordaron, recordó el letrado del Ayuntamiento, Rafael Guerra, el pasado 20 de agosto. Y que el Consistorio no solo iba a cumplir, incidió, sino que las iba a incrementar. «Identificaba a la persona asistente a efectos de un posible rastreo», puso como ejemplo. «Exigía un aforo del 50%, y el Ayuntamiento programó actividades en el Calderón con aforos del 8% al 22%. Esto implicaba, de 956 butacas, permitir tres obras, con una ocupacion de no más de 200. La Junta impone 25 butacas».

La batalla dialéctica se centró en la proporcionalidad, que es el criterio quebel Ayuntamiento estima que no se cumple. El letrado municipal incidió en que todas las restricciones fijadas hasta la fecha por la Junta habían sido en números proporcionales y no absolutos. «No es la primera orden que dicta la Junta. El acuerdo de medidas de prevención del virus entró en vigor diez días antes de dictar esta ley y sigue en vigor para todos los municipios menos para Valladolid y Salamanca. En esos acuerdos había una diferencia radical. Decía, en julio, 75% del aforo para cada una de las salas, luego restringido al 50%. Ahora nos encontramos con la orden que dice 25 personas en lugares de culto, espectáculos culturales, etc. ¿Qué criterio avala desprendernos de las magnitudes físicas del lugar en el que se van a celebrar?».

El argumento de la Junta fue el de los datos sanitarios. «Somos la tercera comunidad con mayor número de ingresos en UVU y en planta», señaló Daniel Fernández por la parte del Gobierno autonómico. «No se habla de una actividad aislada, sino ochenta en la calle y de animación juveniles, y se pretende evitar la coincidencia en un mismo espacio de muchas personas».

La respuesta del letrado del Ayuntamiento respondió casi literalmente a uno de los madrugadores tuits de Óscar Puente. «Este domingo, y el martes ocho, abre el centro Río Shopping de Arroyo,que está en el alfoz, cientos de vallisoletanos y salmantinos van a poder ir este domingo a comprar, deambular y con una zona de hostelería compartida donde se podrán sentar cientos de personas. El vicepresidente [de la Junta, Francisco Igea,] dijo que volvíamos a fase 1, que se toma esta medida para evitar el colapso de los hospiales de Valladolid, pero ¿qué ocurre con los que enfermen en el alfoz, a qué hospitales van a ir?».

El letrado del Ayuntamiento anunció que habrá una demanda posterior «en la que se dirá todo lo que había que decir». El Consistorio considera que están en juego los 450.000 euros invertidos en la programación cultural que deberá suspenderse. Algo que tampoco comparte la Junta. «No pueden tenerse en cuenta perjuicios a ciudadanos ni empresas, que no son representables por el Ayuntamiento», comenzó Daniel Fernández. «La cifra que aporta es la suma las cantidades, IVA incluido, de lo que cuestan esos espectáculos, y algunos de ellos son posteriores a la fecha de las medidas. Y desconocemos los términos de contratación, no parece descabellado que se haya incluido alguna clásula relativa a una posible suspensión por covid, o algún tipo de seguro que cubra las pérdidas», razonó. En todo caso, Daniel Fernández, letrado de la Junta, recordó que «en el caso de existir perjuicios patrimoniales, son resarcibles, y más teniendo en cuenta la solvencia económica de la adminsitración».