Valladolid
La Fiscalía investiga de oficio si la obra en la estación de autobuses es legalEl ministerio público recaba «datos preliminares» y tras su análisis se determinarán próximas diligencias
Un día después de que agentes de la Guardia Civil se personaran en la estación de autobuses para requerir documentación sobre la obra de ... reforma de la terminal, la fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín Nájera, ha confirmado que se están «recabando datos preliminares» sobre esta intervención que paga la Junta de Castilla y León con el objetivo de sacar de su decrepitud este inmueble, inaugurado en 1972 y que hasta ahora había recibido nula atención por parte del Gobierno autonómico, titular de las instalaciones.
Tras la consulta realizada por este diario, la máxima responsable del órgano evita ofrecer, de momento, más información sobre el alcance de esta investigación, abierta de oficio y con la que se pretendería determinar si la actuación promovida por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, con el visto bueno del Ayuntamiento, contraviene o no la legalidad urbanística.
«El artículo 8.3 del Reglamento del Ministerio Fiscal prevé que los procedimientos tramitados por el Ministerio Fiscal son reservados», una prescripción, recuerda Martín Nájera, que también «señala con rotundidad la Circular 2/2022 de 20 de diciembre, sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal». Será tras el análisis de esa documentación cuando se decidirá si son necesarias nuevas diligencias.
La visita de la Benemérita a la estación de Puente Colgante se ha producido un mes después de la denuncia pública que la formación política de nueva creación Adelante Valladolid hacía el pasado 26 de mayo. No obstante, Rodrigo Martín, portavoz de esta organización, ha matizado este miércoles que ellos no ha interpuesto formalmente una denuncia ante ningún órgano judicial, aunque se felicita por la apertura de las pesquisas para comprobar si hay un posible delito urbanístico, un proceso que está impulsado por la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía.
«Nosotros únicamente presentamos la denuncia a través del registro municipal a la Concejalía de Urbanismo, porque es el Ayuntamiento el que tiene que hacer cumplir el Plan General», recalca el miembro del partido. Más allá de valoraciones políticas sobre si la obra supone un derroche o no de fondos públicos, el argumento que aportan se basa en que el Plan General establece que «la actual estación debe ser demolida y trasladada a Delicias (junto a la estación de trenes) antes de 2032, por lo tanto, la actual estación en Puente Colgante está declarada fuera de ordenación en el PGOU vigente».
Según explicaron, el artículo 185 del Reglamento Urbanístico de Castilla y León (RUCyL) deja claro que en los inmuebles fuera de ordenación «solamente están permitidas obras de seguridad, salubridad o conservación mínima». Así, el proyecto en ejecución «viola la normativa al tratarse de una rehabilitación integral y/o modernización y/o rehabilitación del conjunto arquitectónico», subrayan.
«Creemos que una cosa es una remodelación parcial, por ejemplo de los baños, porque su estado es una vergüenza absoluta, pero no hace falta tener que hacer lo que ellos llaman reforma integral y menos gastar cinco millones de euros cuando hay un proyecto previsto para levantar una nueva en Delicias», recalca Martín.
En las dos Administraciones que están afectadas por esta investigación, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, no cuentan, por el momento, con más datos sobre el asunto. «No hemos recibido ninguna notificación al respecto; el martes acudió la Guardia Civil, se requirió esa información, se mostró y nada más», aclaran en la consejería que gestiona José Luis Sanz Merino.
A la Concejalía de Urbanismo tampoco había llegado este miércoles ningún requerimiento, según confirmaba su titular, Ignacio Zarandona. El edil ya reiteró el martes, tras la diligencia llevada a cabo por los efectivos del Seprona en funciones de policía judicial, que la obra cuenta con la bendición de los técnicos y se ajusta a las determinaciones del PGOU. Zarandona, que mostró la total disposición de su departamento a colaborar con la Fiscalía, incluso consideró conveniente que se hagan este tipo de inspecciones para garantizar que cumplen con la legalidad.
Lo que parece claro es que el ministerio público habría apreciado algún indicio para abrir estas indagaciones. La obra, que lleva a cabo la unión de empresas formada por Collosa y Pasaval, supone una inversión cercana a los cinco millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 18 meses. Así, está previsto que en otoño de 2026 la terminal luzca su nuevo aspecto y prestaciones para los viajeros más modernas.
De la planeada en una parcela de los antiguos talleres de Renfe en Farnesio, por ahora se sabe más bien poco. Está contemplada en el convenio de integración ferroviaria vigente, pero ni el Ayuntamiento ni la Junta parecen tener prisa para sacar el proyecto adelante mientras siguen reivindicando su plan para soterrar las vías.
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