Valladolid

Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret

La sentencia dictada por el magistrado-juez Alfredo San José considera que la decisión del ente que gestiona las intervenciones del plan de integración ferroviaria «no es totalmente conforme a Derecho», por lo que la anula y reconoce a la parte actora una indemnización por los perjuicios ocasionados que asciende a 2.234,22 euros.

El texto recupera el artículo 32 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que los particulares tendrán derecho a ser resarcidos por las Administraciones correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que esta sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. En todo caso, continúa este epígrafe, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

La resolución judicial confirma que el tajo para construir el paso subterráneo causó un quebranto en la actividad del negocio, que, además, se vio privado de su zona de terraza. Desde el 3 de agosto de 2023 hasta el 27 de junio de 2024 la visibilidad del establecimiento desde el exterior fue muy reducida, ya que se instaló una valla opaca de obra delante del mismo. «En días y momentos concretos del periodo existieron molestias objetivas en ese entorno, como ruido de maquinaria o polvo», recoge el texto. Además, desde el inicio de las obras al bar «se le retiró la autorización para instalar la terraza».

No obstante, el juez recoge también uno de los argumentos que esgrimió Alta Velocidad para rechazar la reclamación. Así, se acota que «en ningún momento se impidió o dificultó el acceso de peatones al negocio ni se impidió el normal funcionamiento del interior del local». El tránsito ordinario de viandantes siguió pasando por delante de la puerta, no así el de vehículos.

Por todo ello, la sentencia «modera prudencialmente» el porcentaje de la indemnización a la que tiene derecho el propietario en un 25% sobre la cantidad solicitada, que Miguel Asensio había estimado en 8.936,89 euros. Esa cifra se calculó sobre las cajas que hizo entre julio de 2022 y junio de 2023 y lo facturado entre julio del 2023 y junio del 2024, periodo este último en el que el bar estuvo asediado por máquinas y operarios. Solicitaba la cantidad resultante de la resta entre los 37.324,97 del primer periodo y los 28.388,08 del segundo.

Alta Velocidad consideró que no se acreditaba que se hubiera producido un daño efectivo al no haber disminuido los rendimientos en comparación con periodos anteriores. «Si la caja ha disminuido, pero los gastos lo hacen en la misma proporción, los rendimientos del negocio no varían», alegaba la abogada de la sociedad. El hostelero, por su parte, recordaba que a esa caída en las ventas del establecimiento se fueron sumando pagos pendientes a la Seguridad Social, las cuotas de autónomos de él y de su mujer o recibos de suministros, entre otras obligaciones que no pudo atender en plazo ante la precariedad de su situación económica.

Miguel Asensio muestra su satisfacción por el resultado de un proceso que él daba por perdido tras ver cómo «nadie» le apoyaba, a pesar de que antes de las obras le comunicaron que podía solicitar una indemnización si su negocio resultaba afectado. Le duele especialmente la «inquina» con le ha tratado la parte jurídica de la Sociedad Alta Velocidad. «En un primer momento nos dijeron que nos iban a dar una ayuda cuando acabase la obra, luego ya no lo pusieron tan fácil. Cuando la pedimos ya empezaron a endurecer las condiciones; yo no tuve respaldo profesional en ese momento, un asesor que me ayudase, no lo podía pagar y lo tuve que hacer por mi cuenta y eso es muy complicado porque no soy un especialista», relata.

«Gracias a que mi abogado Carlos Escalera me animó seguimos adelante por una causa que considerábamos de justicia», subraya al tiempo que asegura que se la «ha jugado un poco» porque podría haber salido mal y acabar pagando las costas del procedimiento. Lo que quede del «poquito dinero» que va a recibir tras descontar el pago al letrado y al procurador lo va a destinar a las acciones contra el acoso escolar que desarrolla la Asociación Eclipse de la que es miembro.

En cuanto a su actual situación económica, el hostelero señala que lo que perdieron durante ese complicado periodo de obras «no se puede recuperar en un negocio tan pequeño». «Ahora con lo que tenemos, vivimos y podemos afrontar los pagos, estamos en otra fase; en aquella época el negocio empezaba a ir bastante bien y fue como un corte directo en la yugular», lamenta. Ahora, dice Miguel, pasa gente, la calle está mejor, pero el túnel «no funciona como quisiéramos nosotros, porque no hay ningún intercambio entre un barrio y otro».

«Mi mujer y yo lo hemos pasado muy mal; primero durante las obras, cuando metíamos catorce horas aquí y no entraba nadie en todo el día, y luego al ver la respuesta de total indiferencia de las Administraciones; hemos estado mucho tiempo sin dormir, tomando ansiolíticos... tener que pedir dinero para poder vivir es muy duro», abunda este empresario.

Asensio espera que esta sentencia «pueda servir» para que otros negocios que se vean afectados por intervenciones de gran calado en su entorno de actividad más cercano puedan recuperar algo de lo perdido. «Hay una tienda en Labradores que también estaba pensando en reclamar porque ha sufrido dos obras seguidas, pidió una ayuda a Alta Velocidad y se la denegaron; ahora ya le hemos dicho que nosotros lo hemos conseguido, se ha hecho justicia», concluye el hostelero.