IU se rinde en las prejubilaciones de Caja Segovia y evita unas costas «inasumibles» que llevarían a la desaparición del partido

Izquierda Unida se rinde. Desiste de alargar el caso de las prejubilaciones millonarias aprobadas y percibidas por la excúpula de Caja Segovia ante los visos de que su acusación siga sin prosperar, amén del elevado coste del proceso. Así pues, la formación política ha anunciado que se apea definitivaente de la vía jurídica después de la que la Audiencia Provincial le trasladara el pasado día 13 la opción de presentar un recurso de casación contra la sentencia que absolutoria dictada tras la celebración este invierno del macrojuicio contra exdirectivos de la extinta entidad de ahorros.

La representación legal del partido ha decidido no agotar los quince días concedidos por la Sala y ha confirmado que no recurrirá en casación, ha manifiestado el abogado de la acusación de IU, Alberto López-Villa. El letrado razona la decisión en que es «improbable» que el Tribunal Supremo admita ahora los argumentos ya esgrimidos por la acusación y que consisten, fundamentalmente, en «diferentes errores a la hora de valorar las pruebas que se practicaron» durante el juicio.

El abogado se reitera en que los magistrados «no consideraron las manifestaciones de numerosos testigos miembros del consejo de administración de la Caja, quienes declararon desconocer las cantidades que iba a percibir la cúpula directiva y que, de haberlas conocido, no lo habrían aprobado».

Otro error en la apreciación de la prueba se refiere, a juicio del representante de IU, a que la sala entendiera que la Caja no percibió directamente ayudas públicas, «cuando en realidad, las ayudas millonarias de fondos públicos las recibió el Banco Financiero de Ahorros (antecesor de Bankia) antes de que la Caja abandonara su actividad financiera». Fue en un momento de transición, «y el detalle de la persona jurídica que recibió esas inyecciones de dinero público (si fue la entidad primigenia o la resultante) entendemos que no puede ser exculpatorio».

Izquierda Unida (y sobre todo sus cuentas) tienen muy presente el varapalo que supuso la inadmisión por parte del Tribunal Supremo del recurso de casación que interpuso en el otro frente judicial abierto en relación con Caja Segovia. La formación recurrió el auto dictado por la Audiencia Provincial en el que confirmaba el archivo de la causa penal contra los exconsejeros de la entidad bancaria que aprobaron en 2012 la hipoteca del Torreón de Lozoya.

La Sala de lo Penal del Supremo rechazó entrar en el fondo de la cuestión al considerar que no se cumplía uno de los tres requisitos necesarios para que los autos de sobreseimiento puedan ser recurribles en casación. López-Villa incide en su crítica a aquel revés. El letrado carga contra el argumento del Supremo de amparar su desistimiento en motivos «estrictamente procesales» cuando un mes antes hubo un pronunciamiento previo sobre la admisibilidad del recurso que fue favorable. «No es muy lógico que primero se admita a trámite y luego se desestime por inadmisibilidad», añade porque esa decisión del Tribunal provocó la condena en costas a IU por el caso del Torreón.

No obstante, en Izquierda Unida se valora positivamente que toda la sociedad segoviana haya tenido posibilidad de «conocer al detalle todo lo acontecido y sus protagonistas, tanto en un caso como en otro, y tenga oportunidad de valorar las conductas de quienes fueron -y en algunos casos siguen siendo- sus representantes y su capacidad y soltura para gestionar bienes ajenos».

La formación lamenta no haber podido llegar hasta el final en ambos frentes y haber conseguido la condena de los encausados, pero insiste en la carísima amenaza de las costas a pagar, «que pondría en peligro la propia suprevivencia de la organización al ser totalmente inasumibles», no solo para IU Segovia, sino para la formación regional, deduce el represetante legal.