Europa cierra la vía penal del caso del Torreón de Lozoya al no admitir la demanda de IU
La coalición política ha sido condenada a pagar 24.200 euros en concepto de las costas judiciales, cantidad que tiene abonar en septiembre
La vía penal del proceso judicial que se abrió por la hipoteca millonaria del Torreón de Lozoya ha agotado su camino. Ya no habrá más pasos ni vericuetos legales a los que recurrir, admite el abogado de Izquierda Unida, Alberto López-Villa, quien ha ejercido la acusación en este proceso. La última parada en este larguísimo proceso, que se prolonga desde hace casi siete años, ha sido Estrasburgo, sede del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Esta institución no ha admitido la petición de la coalición política de reabrir la causa penal alrededor del lastre hipotecario que supuso la contratación por parte del último consejo de administración de la extinta Caja Segovia de un préstamo de unos 6,8 millones de euros con el que hipotecó el Torreón de Lozoya y otros elementos de su patrimonio inmobiliario.
Para el representante legal de IU, sigue habiendo indicios de una administración desleal, como ya en su día apreció el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, por lo que se abrieron diligencias. Cabe recordar que por este caso han pasado no solo el expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto, y antiguos directivos de la entidad, sino un buen número de representantes políticos actuales del PP y del PSOE en distintas instituciones, los cuales se sentaban en el consejo de administración que decidió la hipoteca del que era el buque insignia del patrimonio inmobiliario de la Obra Social y Cultural de la Caja.
López-Villa se veía venir el revés del Tribunal Europeo, ya que afirma que «el 90% de las demandas que recibe son inadmitidas». Además, con los precedentes de los reveses sufridos tanto en el Supremo como en el Constitucional. A pesar de ser algo esperado, se queja de que la acusación ejercida por IU tenga además que pagar la condena en costas que el impuso el Supremo, cuya cuantía se eleva a 24.200 euros. La organización tendrá que abonar dicho montante en septiembre, a tenor del plazo estipulado de veinte días, teniendo en cuenta que agosto es mes inhábil en la justicia.
El letrado también critica la actitud mantenida por la Fundación Caja Segovia desde que retirara la acusación particular de la vía penal al alcanzar «un acuerdo secreto» con Bankia por el que se le liquidaba el préstamo hipotecario del Torreón. López-Villa recrimina a la entidad que haya «renunciado cuando lo que administra es un patrimonio ajeno».
