La Fundación Caja Segovia reclama 2,5 millones al consejo que hipotecó el Torreón
La institución insiste en exigir la responsabilidad civil y en incluir a Caser en la demanda
La Fundación Caja Segovia, heredera de la Obra Social y Cultural, sigue pendiente de dos frentes judiciales. Por un lado, permanece a la expectativa de que el tribunal se pronuncie sobre el reciente juicio celebrado contra la excúpula de la extinta entidad de ahorros por las prejubilaciones millonarias que percibieron antiguos directivos. La justicia dictaminará si incurrieron o no en sendos delitos de administración desleal y apropiación indebida. Por otro, aguarda pacientemente a que se resuelva la vía civil abierta contra los doce miembros del consejo de administración que aprobaron la hipoteca del Torreón de Lozoya y de otros bienes patrimoniales que entonces poseía la caja segoviana presidida por Atilano Soto. La demanda está en los juzgados desde hace ocho meses.
El presidente de la fundación, Javier Reguera, es consciente de que este proceso «es largo». Se arma de paciencia sabedor de las «dificultades» que entraña por la cantidad de personas que han de contestar a la demanda. En concreto, doce. Ese era el número de consejeros que se reunió hace siete años para aprobar la operación por la que se hipotecó el Torreón de Lozoya y otros inmuebles por un valor cercano a los siete millones. Ese patrimonio fue usado como aval del préstamo contraído a raíz del fiasco de una operación urbanística en Asturias y el requerimiento de la Agencia Tributaria.
La apertura de la vía civil se produjo una vez la Fundación Caja Segovia y Bankia suscribieron un acuerdo por el que se liberaba al buque insignia del patrimonio inmobilario de la antigua entidad de ahorros del pesado yugo del crédito firmado en 2012 con BFA, que era por aquel entonces la matriz financiera del banco. La reclamación pecuniaria no acaba en los doce consejeros, como precisa el propio Javier Reguera, ya que también figura en la parte demandada la aseguradora Caser. La institución heredera de la Obra Social y Cultural se siente víctima perjudicada por la posible negligencia en la que incurrió aquel consejo de administración.
Aquel acuerdo con Bankia
La fundación abonó solo en concepto de los intereses del crédito contraído por el Torreón de Lozoya más de 400.000 euros, montante que entra en liza en la reclamación civil interpuesta en los tribunales por la representación legal de la entidad y que encarna el abogado Rafael Yturriaga. Javier Reguera fue tajante cuando resolvió la liquidación de la hipoteca y lo es ahora al aseverar que persistirán en reclamar a las partes las posibles indemnizaciones que no se vean colmadas, tanto en el juicio de las prejubilaciones como en este caso del Torreón.
El inicio de la demanda civil contra los doce consejeros y Caser se remonta al acuerdo al que llegó la Fundación Caja Segovia con Bankia en junio de 2017. El acercamiento de posturas puso fin al estrangulamiento financiero que padecía la institución encargada de coger el testigo dejado por la Obra Social y Cultural. «Es un antes y un después», subrayó entonces Reguera. Aquel pacto supuso la cancelación de todas las cargas sobre todos los bienes que estaban sujetos a aquella operación crediticia.
En los tribunales también tuvo una repercusión clave. La fundación se retiró del cauce penal como acusación particular. Este movimiento dejó sola a Izquierda Unida (IU) en el litigio del Torreón. Ante este escenario en el que el Ministerio Fiscal defendía el sobreseimiento, en julio de 2017 el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la capital segoviana dio carpetazo al asunto penal cuando estaba a las puertas del juicio oral.
Supuesta negligencia
Los doce nombres que eludieron el banquillo son los de Atilano Soto, expresidente de la Caja; Manuel Agudíez, exvicepresidente; además de Elena García Gil, que dimitió del patronato de la fundación; Fernando Acebes; Juan Ignacio Antón; José Pablo Lozoya; María Concepción Monte; Alfredo Velasco; Antonio Rodríguez; Miguel Ángel de Vicente; José Luis Sanz Merino, y Jesús Yubero (PSOE). Todos ellos fueron exculpados de un presunto delito de administración desleal, a pesar de que la Audiencia Provincial había ratificado la petición de juicio oral.
En cuanto a la inclusión de Caser, el responsable de la fundación recuerda que «tiene una responsabilidad clara a la hora de hacer frente a las indemnizaciones». En el escrito que presentó Rafael Yturriaga concretaba que las acciones civiles contra los exconsejeros de administración de la Caja se presentaban por haber actuado supuestamente con negligencia.
