El Ministerio de Justicia adeuda cerca de 270.000 euros a los abogados de Segovia

Empieza a ser habitual que las togas salgan a la calle papel en mano para reclamar mejores condiciones laborales. Los abogados han vuelto a movilizarse este lunes en Segovia, al igual que lo han hecho en otras ciudades de la comunidad autónoma, para exigir al Ministerio de Justicia que pague, que abone lo que les debe en concepto de los honorarios por la prestación del servicio de justicia gratuita.

Los letrados de oficio, que según el decano del Colegio Oficial de Segovia son 126 en esta circunscripción, demandan «dignidad» y «justicia». No deja de ser paradójico viendo hacia quien va dirigida esta reivindicación. Julián Sanz ha calculado que la cuantía que los abogados segovianos del turno de oficio han dejado de percibir desde el pasado mes de noviembre asciende a 268.732,42 euros. Esa es la deuda del Ministerio con los profesionales del Derecho que se encargan de asistir a detenidos, investigados o víctimas de violencia machista o de agresiones de sexuales cuando no tienen recursos suficientes para costearse una representación legal.

El colectivo no se fía porque no es la primera vez que se producen estos retrasos en los pagos, han recordado algunos de los letrados que han secundado la concentración. Solicita al Estado que pague de manera «urgente» las deudas. En este sentido, los representantes de la prestación de la justicia gratuita exigen «el pago a mes vencido, como se ha estado realizando, así como la actualización de los baremos aplicados a cada caso». Julián Sanz llama la atención sobre el hecho de que en la mayoría de los supuestos la subvención que se recibe «está muy por debajo de los criterios de honorarios establecidos».

Dicha subvención suele ser del 10% de los niveles mínimos estipulados, ha concretado el decano segoviano. Los problemas de impagos, retrasos en el abono de las cuantías destinadas al turno de oficio y de la «escasísima subvención que nos pagan» por el trabajo llevado a cabo se localizan en las comunidades que no tienen transferidas las competencias judiciales. Entre ellas, Castilla y León. En la comunidad autónoma hay más de 4.000 abogados afectados por las demoras en el cobro.

A pesar del anuncio realizado hace tres días por responsables del Ministerio de Justicia de que a lo largo de esta semana abonará al Consejo General de la Abogacía los fondos para pagar los meses de noviembre, diciembre y enero de los letrados del turno de oficio, los abogados no se fían. Por eso, no han desconvocado la movilización, que se programó la semana pasada para todas las provincias perjudicadas por esta situación.

De hecho, y sin ir más lejos en el tiempo, el año pasado ya hubo retrasos. Entonces los abogados del turno de oficio de varias comunidades ya hicieron públicas sus quejas. Ahora, dan una vuelta de tuerca más con las concentraciones que se han desarrollado a lo largo de la jornada.

El decano del Colegio Oficial de Segovia matiza que son cuatro y no tres las mensualidades que se adeudan, incluyendo también el pasado febrero. Asimismo, Julián Sanz ha aprovechado el manifiesto para reivindicar «un turno de oficio digno, ya que realizamos un servicio público esencial para el Estado de Derecho, así como la defensa de los más desprotegidos y vulnerables». También ha subrayado el «compromiso profesional durante las 24 al día y 365 días al año» de todo el colectivo dedicado a la justicia gratuita.

Por su parte, el Ministerio explicaba recientemente que el procedimiento para hacer efectivos los pagos de las subvenciones para la prestación de la asistencia jurídica gratuita habían terminado, después de que el Consejo de Ministros aprobara el 1 de marzo un real decreto para regular la concesión directa de estas subvenciones, trámite preceptivo en la actual situación de prórroga presupuestaria.

Dicho real decreto fija un desembolso máximo de 45 millones de euros asignado al Consejo General de la Abogacía y otros 3,67 millones más destinados al Consejo General de Procuradores para cubrir el turno de oficio en los territorios cuya administración judicial es competencia de la Administración del Estado.

El segoviano Julio Sanz Orejudo, presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla y León también ha secundado la protesta ante la Audiencia Provincial. El responsable autonómico ha solicitado que los baremos que fijan las asignaciones dejen de ser tan desproporcionados como lo son actualmente, ya que incluso hay trabajos que no están sometidos a ningún criterio.

En esta línea, ha reclamado que todas las comunidades autónomas disfruten de las mismas subvenciones que poseen las que tienen transferidas la administración judicial. «Se trata de aplicar el criterio de igualdad, de a mismo trabajo, misma retribución», ha sentenciado Julio Sanz Orejudo.

De continuar los retrasos y los impagos, el decano del Colegio Oficial de Abogados de Segovia no descarta la adopción de más medidas de protesta, las cuales se tendrán que consensuar. Por ejemplo, no descarta que suspender la asistencia durante las dos o tres horas en que están obligados a acudir desde que les llaman para solicitar sus servicios en caso de ser reclamados, o dejar en suspenso una semana la tramitación de asuntos civiles.