Castilla y León

Ofensiva contra Quiñones: doce preguntas en el Pleno y petición de destitución

Por si esto fuera poco, Alfonso Fernández Mañueco tendrá que responder a cuatro preguntas que de nuevo pondrán el foco en el mismo tema. La del PSOE, de Patricia Gómez Urbán, suena más genérica, «¿considera que como presidente está teniendo una actitud leal con Castilla y León?», pero desembocará, casi seguro, en la cuestión del fuego a partir de la negativa del PP a admitir la condonación de parte de la deuda a las comunidades autónomas para que la asuma el Estado. Las otras tres preguntas están más claras aún. David Hierro (Vox) interpelará a Mañueco por su valoración del inicio del curso político. Ángel Ceña (Soria ¡Ya!) le cuestionará por si «sigue considerando que la extinción de incendios es un 'tema menor' y que no es una prioridad política». Y Francisco Igea, el último en el orden de preguntas al presidente de la Junta, será tan directo que le preguntará si «respalda» la actuación del consejero.

Y aún quedan el postre y el café. Carlos Menéndez (Vox) hurgará en la autorización de un macrovertedero, por parte de Suárez-Quiñones, para una empresa en la que «su hijo figuraba como alto cargo». Y al día siguiente, miércoles, se debatirá una proposición no de ley en la que se instará a Alfonso Fernández Mañueco «a reprobar y revocar» el nombramiento del consejero. A destituirle, vaya.

Si se quiere, después de los entrantes, el plato fuerte, el café y el postre, hay tiempo para un purito en la puerta. El nuevo líder autonómico de Podemos, Miguel Ángel Llamas, sin escaño en el hemiciclo, anunciaba en Twitter que han pedido información a la Diputación de León por los contratos adjudicados a la empresa del hermano del consejero Quiñones «desde hace 14 años en concepto de servicios de representación procesal». «Es llamativo el incremento de los ingresos para un despacho de procuradores», desliza.

Se conforma así una ofensiva total en la que tomarán parte todos los partidos del hemiciclo salvo el PP. Aunque aquí, entre las propias filas, Suárez-Quiñones podrá confirmar de primera mano hasta dónde llega el respaldo público de los suyos. ¿Asistirá Mañueco a alguna de las preguntas que debe responder su consejero, como ha hecho alguna vez con temas relevantes, en lugar de ausentarse del hemiciclo tras sus intervenciones, como es habitual? ¿Qué nivel de decibelios alcanzará el aplausómetro durante sus respuestas cuando tengan que dar palmas los procuradores populares de León, Zamora y Salamanca? ¿Saldrá Carlos Fernández Carriedo, como portavoz, a echar un capote con alguna de las respuestas para que el Pleno no se convierta en un interrogatorio público? ¿Se quedará el resto del equipo de consejeros de la Junta en el hemiciclo para mostrarle su apoyo o dedicarán la tarde a reuniones y café, en vista de que no queda materia para ellos en la sesión?

El primer Pleno de un curso político que desemboca en las urnas autonómicas a mediados de marzo no es, ni de lejos, el deseado por Mañueco. Obligado a presentar presupuestos para no incurrir en una flagrante contradicción con su jefe de filas, Feijóo, que proponía días atrás que en caso de dos prórrogas presupuestarias el Gobierno tenga que convocar elecciones. El Gobierno central, claro. Nada dijo de los autonómicos, pero en Castilla y León ya son cinco las prórrogas presupuestarias de los dos ejecutivos presididos por Mañueco desde el año 2019. Y ahora, con un consejero al que acababa de designar presidente de la gestora del PP de León a unos meses de las elecciones acosado por su gestión de los incendios estivales.