La Junta aprueba el decreto de ordenación forestal para reducir los trámites en la gestión de los montes

Así, por ejemplo, se establece en el texto un sistema para monitorizar de modo permanente los recursos forestales, para lo que la Administración se valdrá de sistemas de teledetección, del Sigpac y de los datos satelitales. Además, aquellos montes que cuenten con un instrumento de ordenación adecuado, como marcará la norma, podrá beneficiarse de un «régimen simplificado en la tramitación de los aprovechamientos maderables y leñosos». En este caso, como sucede con algunas licencias urbanísticas, se sustituye la autorización administrativa previa por la declaración responsable. También se concederá a estos montes 'ordenados' una «prioridad en el acceso a incentivos económicos», explica el decreto.

El texto recuerda que las Cortes de Castilla y León ya instaron a la Junta a crear esta herramienta de ordenación forestal en el año 2020. Es decir, después del gran incendio de Ávila en 2020 (21.000 hectáreas quemadas), un año antes de los dos incendios de la Sierra de la Culebra (ardieron en conjunto 65.000 hectáreas) y cinco años antes de este mes de agosto arrasador. Las Cortes pedían entonces «un nuevo modelo de gestión de la planificación forestal, que aproveche la oportunidad que brindan las nuevas tecnologías satelitales para facilitar la implantación de la gestión forestal sostenible mediante métodos más sencillos, económicos y adaptados a la variedad de montes de la comunidad».

Además del texto, buena parte de las cuestiones tratadas en el Consejo de Gobierno tuvieron que ver con las ayudas a los damnificados por los incendios de este pasado mes de agosto. La Junta aprieta para acelerar el acceso a las ayudas y lo hace en detrimento de los requisitos necesarios para acceder. Así, basta con una declaración responsable para que los vecinos desalojados por el fuego accedan a los 500 euros por familia que comprometió el presidente, Alfonso Fernández Mañueco. «Estamos pidiendo una declaración responsable, no hemos optado por exigir facturas asociadas a los gastos, aunque en algunas ocasiones no se ha producido ese gasto porque se ha sufragado por los ayuntamientos donde se han realojado», admitió el portavoz, Carlos Fernández Carriedo. Y recordó que «sigue abierto el plazo para poder solicitarlas».

Con el correr de los días han aumentado los beneficiarios de otras líneas de ayudas puestas en marcha por la Junta. Por ejemplo, los 5.500 euros por agricultor o ganadero afectado. Gracias a los datos recabados por las imágenes de satélite y a la incorporación de sociedades mecantiles dedicadas a la actividad agrícola y ganadera, se han sumado otros 70 beneficiarios los 460 que ya se habían contabilizado. Además, anunció Carriedo, si los daños superan los 5.500 euros «la cuantía puede ser incrementada» mediante una solicitud en la que se detallen esos daños. Por el contrario, si son menores de los 5.500 euros no habrá que devolver nada ni justificarlo. Se cobrarán los 5.500 euros íntegros. «Es un mínimo del que se parte como ayuda, que puede ser incrementado si los costes son mayores, como para la reparación de cercados u otros gastos. Si el coste es menor no habrá que devolver ninguna ayuda ni justificarlo», señaló.

También se indemnizará a los ayuntamientos que corrieron con los gastos de realojo temporal de los desalojados. A 100.000 euros para cada uno de los 24 ayuntamientos que sirvieron de cobijo « incurrieron en costes de alojamiento y comida», por ejemplo.

Incluso se han puesto en marcha medidas para las que de momento no hay demanda, aunque puede haberla. Se trata de una línea de 250.000 euros para trabajadores en Erte en los municipios afectados, aunque aún no se ha registrado ningún expediente.

La mayor partida, por la vía de urgencia, se destinará a reconstruir el aula arqueológica y el mirador de Orellán, en Las Médulas. 2,4 millones de euros para que se «rehabilite a la mayor celeridad posible» esta infraestructura, a lo que hay que sumar otros dos millones de euros para reponer los sistemas de abastecimiento de agua potable en los municipios afectados por el fuego.