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El exjefe del Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento y actual secretario general, Ángel Marinero, entra en la Sala para declarar como testigo en el caso del PGOU de Valladolid. Rodrigo Jiménez
Marinero reconoce que la Junta no comprobó en profundidad la última versión del PGOU de Valladolid que aprobó en 2004

Marinero reconoce que la Junta no comprobó en profundidad la última versión del PGOU de Valladolid que aprobó en 2004

El actual secretario general de Fomento y exjefe de Urbanismo propuso que se suspendiera la aprobación del documento municipal porque aún no existía una regulación específica sobre el texto refundido

M. J. Pascual

Valladolid

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Viernes, 18 de octubre 2019, 14:56

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El magistrado presidente de la Sala Cuarta, José Luis Ruiz Romero, abortó los intentos de la acusación popular de «criminalizar» a la Junta de Castilla y León durante la tercera sesión del juicio por las alteraciones supuestamente fraudulentas en los documentos del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. El letrado Carlos Castro, que representa a la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', preguntó profusamente y con largos enunciados, para desesperación del tribunal, sobre el control que se llevó a cabo en la Consejería de Fomento después de que se condicionara la aprobación definitiva del PGOU a la corrección de errores en varios artículos de la normativa y los planos de la ciudad. Errores y cambios que, según los escritos de acusación (que piden para los cuatro encausados penas de cuatro años por falsedad documental), beneficiaron a determinados promotores urbanísticos de la ciudad, y que, apuntó Castro, tendrían que haber sido «controlados» por la Junta.

En 2003, cuando el documento del plan, con la aprobación provisional, fue remitido por el Ayuntamiento de Valladolid a la Junta de Castilla y León para la aprobación provisional, la Administración competente en materia urbanística, Ángel Marinero Peral era jefe del Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento. El actual secretario general de esa Consejería ha testificado que, una vez examinado el expediente 14/2003 se le realizaron varios requerimientos al Ayuntamiento para que subsanaran los errores y se le dio un plazo para ello, pero que la comprobación realizada por la Junta, previa a la aprobación definitiva y la publicación de la Orden en el Bocyl, fue meramente formal.

Marinero, a preguntas de la acusación popular, reconoció que «su criterio» había sido «no aprobar el plan» de Valladolid porque todavía no estaba regulado en el articulado del Reglamento de Urbanismo el texto refundido. Años más tarde, ya como director general del departamento, después de que el PSOE denunciara que las alteraciones realizadas no se correspondían con lo que había pedido la Junta, propuso que se comprobara, pero ese cotejo finalmente no se hizo.

No arrojaron mucha más luz con su testimonio los otros dos técnicos de la Junta que han declarado en la tercera sesión de la vista oral. Poco o nada recordaban, 16 años después, del controvertido expediente, el entonces secretario del consejo de Urbanismo, Luis Gonzaga de la Hoz Sánchez y el arquitecto Juan Cayetano, el autor de los informes desfavorables sobre los que se apoyó la aprobación condicionada a la subsanación de errores. Dichos informes, emitidos en julio y agosto de 2003, fueron negativos «porque no quedaba claro el estado vigente del plan y cómo iba a quedar después de las modificaciones».

El juicio contra el exconcejal de Urbanismo José Antonio García de Coca y los integrantes de la cúpula del departamento entonces, Luis Álvarez Aller, Modesto Mezquita Gervás y José Luis Cerezo Bada se retomará el lunes con las declaraciones de varios funcionarios municipal y miembros de la Corporación municipal de Valladolid de esa época.

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