Los autores del PGOU de Valladolid sostienen que los cambios añadidos al documento definitivo no eran los suyos

El desembarco de José Antonio García de Coca en la Concejalía de Urbanismo, principal acusado en el juicio por las modificaciones supuestamente fraudulentas en el PGOU, fue un punto de inflexión en la rutina del equipo redactor que durante cuatro años elaboró el documento provisional que el Ayuntamiento presentó a la Junta para su aprobación definitiva en 2003. Tanto es así, que el «ninguneo» al que se vieron sometidos, han relatado estos funcionarios municipales, les llevó por iniciativa propia a elaborar un informe resumen de todo el trabajo realizado por ellos, así como con los cambios y corrección de errores que era preceptivo hacer para que la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León diera la aprobación definitiva a la principal herramienta del planeamiento urbanístico de la capital, puesto que había condicionado el visto bueno final a que se subsanaran esos errores en un texto refundido. La idea era dejar constancia por escrito de las modificaciones en el documento propuestas por ellos que, según han declarado ante el tribunal, no son las que se introdujeron en la redacción definitiva y que, según sostiene la Fiscalía y la acusación popular, habrían favorecido los intereses de determinados promotores.

«La forma de apartarte de esos expedientes fue muy sutil. Simplemente dejas de existir, dejan de encargarte cosas, no te llaman ni te piden nada y empiezan a encargarte trabajos menores», ha explicado la arquitecta Irene Serrano al tribunal. Su compañero Jesús Ángel Valverde también ha indicado en su declaración, posteriormente, que «no recibió presiones» directamente pero que «le quitaban expedientes, sin explicaciones», como el de una finca de la carretera de Madrid, donde después se cambió la superficie de parcela mínima como habían pedido los propietarios, los hermanos Jolín.

Según Serrano, ella y sus otros tres compañeros, que realizaron los trabajos hasta la aprobación provisional del nuevo PGOU, ya no intervinieron en la revisión del documento que finalmente se presentó en la Junta y se aprobó definitivamente. Pero, ha indicado, había un arquitecto interino, Carlos Fraile, que fue despedido tras no aprobar la oposición pero que fue repescado por la Concejalía y le contrataron de nuevo como asistencia técnica y durante los meses de julio y agosto siguió trabajando en el Plan General de Ordenación Urbana. Precisamente, las defensas, en la primera jornada del proceso, habían insinuado una intervención decisiva de esta persona, ya fallecida, en las supuestas alteraciones 'a la carta' del documento.

La testigo ha indicado también que ninguno de los cambios en el documento relacionados con los desarrollos y modificaciones de uso en las parcelas de la carretera de Madrid, la harinera de La Perla, Cáritas en el Pinar de Antequera y las otras operaciones urbanísticas figuraban en sus propuestas técnicas. De hecho, ha matizado, algunas de las alegaciones de los propietarios para desarrollar estos suelos habían sido desestimadas antes de la aprobación definitiva del PGOU en diciembre de 2004. «Estos son cambios sustanciales que habrían necesitado otra tramitación, no son simples errores materiales a corregir», ha apostillado la funcionaria quien ha subrayado también que «el PGOU se puede modificar, siempre que esté justificado y sometidas estas modificaciones a información pública. Aquí se trata de cómo se hizo entonces».

De hecho, ha reconocido, a preguntas de la defensa, que en la revisión del PGOU 2019 que se está terminando de rematar y en la que ella interviene, se recogen algunos de los cambios «criminalizados» de suelo y edificabilidad que fueron planteados en el de 2004, como el suelo consolidado de Cáritas.

Ricardo Núñez era director del Servicio de Planeamiento y coordinó al equipo redactor del PGOU hasta su aprobación inicial. Cesó a finales de septiembre de 2003 en esa tarea para pasar a otro departamento. «Yo trabajaba como jurista, era el letrado del PGOU», ha señalado el testigo, quien ha incidido, a propósito de la responsabilidad de las modificaciones introducidas en el documento, en que «el planeamiento es discrecional, quien tiene que decidir lo que se hace con él, una vez fijados los criterios, son los políticos».

Durante su declaración, el testigo ha puesto de manifiesto que en esos años de pleno 'boom' de la construcción, se dispararon las solicitudes de licencias en Valladolid hasta llegar a duplicarse. Por ese motivo, ha explicado, el servico «estaba saturado» y era necesario que otros arquitectos que hasta la aprobación provisional nada habían tenido que ver con la modificación del PGOU, como el acusado Luis Álvarez Aller, «informaran las licencias». Él fue quien informó favorablemente la conversión de la antigua harinera de La Perla en un hotel de cinco estrellas, un cambio de uso que tres años antes el Ayuntamiento había denegado.

El juicio por las alteraciones en el PGOU contra la excúpula de Urbanismo, que se celebra 16 años después, continuará mañana con la declaración, entre otros testigos, del actual secretario general de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Ángel Marinero Peral, que fue director general de Urbanismo y Política del Suelo cuando se aprobó definitivamente la herramienta urbanística de Valladolid.