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El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid José Antonio García de Coca responde a las preguntas de la fiscal en la primera sesión del juicio del PGOU. Henar Sastre
Las defensas achacan las alteraciones bajo sospecha del PGOU de Valladolid a un arquitecto interino ya fallecido

Las defensas achacan las alteraciones bajo sospecha del PGOU de Valladolid a un arquitecto interino ya fallecido

El exconcejal de Urbanismo García de Coca declara que la ampliación del plazo para entregar el documento definitivo a la Junta «no fue para introducir modificaciones» a la carta, sino «para poder terminar el texto refundido»

M. J. Pascual

Valladolid

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Miércoles, 16 de octubre 2019, 16:06

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Como ya hicieran en septiembre de 2018, cuando se suspendió el juicio del PGOU por las cuestiones previas y les salió bien (aplazamiento para que les aportaran toda la documentación de la causa y, además, en ese tiempo, conseguir la prescripción de los delitos para diez de los catorce acusados), los abogados han dejado este miércoles casi todo el peso de los interrogatorios de la defensa en Jesús Sebal. El veterano letrado, representante legal del arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, ha dirigido la atención del tribunal y la responsabilidad de las alteraciones de la principal herramienta de planeamiento de Valladolid que ha llevado al banquillo a la que fuera la cúpula de Urbanismo en tiempos de Javier León de la Riva hacia un arquitecto interino, que se ocupó de la dirección técnica: Carlos Fraile Casares, fallecido el 29 de abril de 2006.

El otro denominador común de la primera jornada del juicio en la Audiencia de Valladolid es que ninguno de los cuatro acusados quisieron responder a las preguntas de la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado' y, aunque el abogado ha intentado formular sus preguntas a pesar de todo, no le ha sido autorizado por el tribunal. El exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, que ha abierto los interrogatorios, ha negado de plano, ante las preguntas de la fiscal, haber intervenido a favor de los promotores para posibilitar modificaciones en el PGOU que permitieran 'pelotazos' urbanísticos en parcelas de la carretera de Madrid, Arca Real, la harinera de La Perla o saltarse la legalidad para demoler un edificio protegido de la bajada de la Libertad a sabiendas de que había un recurso contencioso administrativo de la Junta para impedirlo. La sentencia del TSJ llegó, cuando el inmueble, incluido en el Plan Especial del Centro Histórico (PECH), estaba prácticamente derribado.

«¿Pero usted cree que el concejal de Urbanismo está para supervisar una licencia de demolición?», ha respondido García de Coca al ministerio público de forma tan desabrida que le ha supuesto doble reprimenda del presidente del tribunal y de la Sección Cuarta, el magistrado José Luis Ruiz Romero. El acusado ha relatado que, en junio de 2003, cuando él llegó al Ayuntamiento como concejal delegado de Urbanismo, los trabajos de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid estaba cumplida y ya en manos de la Concejalía de Fomento y había recibido la aprobación inicial. La Junta requirió entonces al Ayuntamiento para que se realizaran ciertas correcciones antes de la aprobación definitiva. El exedil ha rechazado haber intervenido en el documento y ha negado que relegara a determinados miembros del equipo técnico encargado de modificar el PGOU o que denegara facilitar información a los concejales de la oposición sobre las modificaciones introducidas, como sostienen las acusaciones.

Para García de Coca, la ampliación de plazo de dos meses solicitada a la Junta para entregar el PGOU definitivo «no fue para introducir alteraciones en el documento» a la carta de determinados promotores urbanísticos, sino «para poder terminar los trabajos del texto refundido», ha apuntado. De ese equipo redactor de una veintena de personas, «Carlos Fraile Casares fue el artífice del texto refundido, era el único que conocía el PGOU a fondo porque fue el único que asistió a todas las ponencias técnicas», ha subrayado.

«Infinidad de errores»

En realidad, ha reconocido el encausado, el PGOU refundido nada tenía que ver con el documento aprobado inicialmente. «Y era, lamentablemente, porque se detectaron infinidad de errores y se tuvo que elaborar de nuevo», ha apostillado, en relación a planos que faltaban, o fotos que no se correspondían con las parcelas, entre otras deficiencias.

Luis Álvarez Aller, arquitecto y coordinador del área de Urbanismo, ha negado cualquier relación profesional con las promotoras de los desarrollos de parcelas cuestionados y también que hubiera intervenido en los trabajos del PGOU. En la misma línea, Modesto Mezquita, que era jefe de la Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad Urbanística, ha negado haber recibido «indicación alguna de ningún concejal» sobre el sentido de sus dictámenes y ha subrayado que se limitaba a dar el visto bueno a los informes de los técnicos. El cuarto acusado, José Luis Cerezo Bada, ha negado también cualquier intervención en el expediente del Plan de Urbanismo cuando era jefe de Planeamiento y estaba a las órdenes de Mezquita, su superior jerárquico.

El juicio, programado para dos semanas, continuará mañana con las declaraciones de los primeros testigos. Está previsto que comparezcan la próxima semana el exalcalde de Valladolid León de la Riva y el exconsejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván.

La Fiscalía solicita que se impongan penas de 4 años de prisión y multas de 37.800 euros, así como inhabilitaciones de 19 a 43 años al exconcejal José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe de área Modesto Mezquita y el exjefe de Planeamiento José Luis Cerezo Bada. La acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores 'Antonio Machado', solicita seis años de prisión para el ex responsable de Urbanismo.

Sostienen las acusaciones que la modificación irregular del principal documento urbanístico de Valladolid habría permitido favorecer, entre otras, operaciones inmobiliarias en la Avenida de Madrid y la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica harinera La Perla, así como modificar la catalogación protegida de un edificio para demolerlo en Bajada de la Libertad y cambiar el uso industrial a residencial en parcelas de Arca Real. El procedimiento judicial se remonta a 2008, cuando el PSOE decidió plantear una denuncia por las modificaciones del Plan General de 2004 ante la Fiscalía. La Consejería de Fomento de la Junta, que aprobó el Plan después, atribuyó a «errores materiales» la alteración de cerca de 50 artículos que permitían aumentar la edificabilidad en determinadas parcelas y autorizar más viviendas de las inicialmente previstas en otras.

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