Integración contra soterramiento: las plataformas se movilizan a escasos días de la cita clave de la sociedad Valladolid Alta Velocidad
El orden del día de la reunión de la Comisión de Seguimiento contempla, en el punto dos, la petición de resolución del convenio firmado en 2017
En seis días, el futuro de la sociedad Valladolid Alta Velocidad puede quedar seriamente comprometido. Tanto, que el orden del día de la Comisión ... de seguimiento ya contempla, en el punto dos, la «adopción del acuerdo de resolución del convenio». Eso sucederá, eso sí, después de analizar el «estado de la ejecución del convenio y del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes». Y entre esas obligaciones está el pago de las cantidades fijadas en la addenda al convenio de 2017, que contemplaba que el Ayuntamiento debía aportar 11 millones de euros en 2024, algo que no hizo y que ahora puede ser la clave de todos los movimientos judiciales a partir de este punto.
Antes de que llegue ese día, las dos plataformas vecinales constituidas a favor del soterramiento y a favor de la integración han querido trasladar sus mensajes a la ciudadanía. La Plataforma por el Soterramiento, encabezada por los ex dirigentes socialistas Cecilio Vadillo y José Luis Lara, criticó el papel del ministro de Transportes, Óscar Puente, en este ultimátum planteado tras la última reunión del consejo de administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. «Parece que el objetivo del ministro es llevar a la ciudad a un callejón sin salida, queriendo dar la sensación, con la complicidad de su entorno, de que la Sociedad ya está disuelta y que incluso ya conoce el resultado de dicha disolución, cuando debería saber que si se judicializa la situación, probablemente sea un proceso muy largo y es imposible conocer las consecuencias del mismo», explicaron, según recoge la agencia Ical.
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A las siete y media de la tarde, mientras tanto, la Plataforma por la Integración celebraba su segunda reunión con vecinos. La primera fue la semana pasada en el centro cívico de Canterac. La segunda, en el Centro Cívico Zona Sur. En este caso aseguran que muchos vecinos de las zonas más próximas a Ariza, como la Ciudad de la Comunicación, han mostrado su oposición a que se paralicen las obras de integración y se perjudique la movilidad entre las dos zonas. Recuerdan que los nuevos residentes en la zona tienen, en muchas ocasiones, los servicios al otro lado de las vías, adonde ahora solo pueden acceder por la pasarela elevada en zigzag en el parque de Las Norias. Casi doscientos metros de rampas frente a la plaza del Crepúsculo, donde estaba previsto uno de los dos pasos peatonales y ciclistas de la zona. Proyectos que estaban solo a falta de licitar su construcción pero que han quedado paralizados después de que Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, alegara que unas obras allí, simultáneas con las de la nueva estación de trenes, «colapsarían» el tráfico.
Estos movimientos preceden a ese lunes decisivo en el que, además de la Comisión de Seguimiento, se celebrarán dos juntas generales de la sociedad. La primera ordinaria y la segunda, extraordinaria. En esta, el punto segundo dice: «Deliberación y aprobación, si procede, sobre la disolución de la sociedad, apertura del periodo de liquidación y nombramiento de liquidadores». No se dará así porque la mitad de los socios votará en contra, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León. Pero eso abocará a comenzar otro proceso más complejo, el de los tribunales. Algo que tardará mucho en dirimirse y que, por el camino, se llevará los proyectos de integración ferroviaria que ya estaban listos y que posiblemente caducarán, y la urbanización de los suelos que se deberían destinar a viviendas.
En la junta general extraordinaria se podría plantear, incluso, la propuesta de liquidación que Adif pondría como herramienta para disolver la sociedad. Hay que recordar que hay una deuda que se debe amortizar con los terrenos liberados (342 millones de euros), pero que esos terrenos, en caso de que se resuelva el convenio por incumplimiento de las obligaciones de uno de los socios, no se entregarán a la sociedad Valladolid Alta Velocidad, sino que seguirán en manos de Adif y Renfe, que son los propietarios. Así, cada socio debería afrontar su parte de la deuda, además de tener que hacer frente a posibles indemnizaciones que reclamen otros socios y a la parte de los intereses acumulados durante estos años (70,6 millones de euros).
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