Los drones y las inspecciones del Catastro destapan 25.635 construcciones irregulares en Valladolid

La lupa del Catastro acaba de terminar –después de seis años de trabajo– el recorrido emprendido por los 225 municipios de la provincia para detectar construcciones ilegales, para destapar todas aquellas irregularidades cometidas a la hora de construir garajes, ampliar viviendas, extender terrazas o excavar piscinas que se han llevado a cabo a espaldas del fisco, sin informar debidamente de las modificaciones, lo que implica consecuencias finales a la hora de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las plusvalías, el IRPF o el impuesto de patrimonio.

En total, las inspecciones del Catastro (con visitas de sus técnicos sobre el terreno, con cotejos fotográficos e incluso con el uso de drones y fotos por satélite, sobre todo para las obras ejecutadas en chalés), han permitido detectar 25.635 irregularidades en la provincia, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda, después de que el pasado 31 de diciembre concluyera el proceso de regularización en los 49 municipios en los que el procedimiento aún permanecía abierto (entre ellos:Laguna, Tordesillas, Alaejos, Rueda o Boecillo).

Ahora, una vez rematado el plan impulsado en 2013, Hacienda hace balance y desvela que ha conseguido recaudar 1.538.100 euros en concepto de la tasa de regularización (60 euros por cada caso), cantidad a la que habrá que sumar los posteriores ingresos que perciban los ayuntamientos y el Estado una vez puesto al día el valor catastral de los inmuebles pillados en falta. Y esto es algo a lo que obliga la ley, ya que hay que declarar las altas de nuevos inmuebles o las modificaciones que se lleven a cabo en los ya existentes.

Sin embargo, Hacienda no informa de estos ingresos extra que perciben las arcas de las administraciones una vez llevada a cabo la actualización. Desde el Ayuntamiento reconocen la dificultad para «la obtención exacta de estos datos, del número de liquidaciones e importe aprobados». Aún así, las estimaciones de la capital dicen que durante el ejercicio 2018 se aprobaron 5.138 liquidaciones del IBI por un total de 1.320.393,63 euros. En el mismo periodo, se anularon 1.026 recibos por un importe total de 391.557,85 euros, «en su mayor parte por concesiones de bonificaciones y exenciones, así como cambios de titularidad», explica Antonio Gato, concejal de Hacienda y Promoción Económica. Así, los cálculos del Ayuntamiento apuntan en este capítulo a 4.112 liquidaciones por un importe de 928.835,78 euros.

«Hay que tener en cuenta que muchas de ellas corresponden al mismo titular e inmueble, pero que afecta a todos los ejercicios no prescritos (entre 2015 y 2018), por lo que se trata de liquidaciones complementarias de los recibos inicialmente emitidos para pagar la modificación no declarada en su momento», aclara Gato.

En total, en la provincia, son 25.635 irregularidades, que suponen el 3,18% de los 805.397 inmuebles que sirven como base en la provincia. Eso, de media, porque hay localidades en las que el porcentaje crece de forma significativa. A la cabeza se sitúa Herrín de Campos. Allí, con 130 vecinos empadronados, se han regularizado 129 inmuebles (tanto en fincas rústicas como urbanas), el 15,05% del total de propiedades que hay en el municipio. Hay otros pueblos donde el Catastro ha detectado fraude en uno de cada diez inmuebles. Son Torrecilla de la Abadesa, Nava delRey, Villanueva de Duero, El Campillo, Castronuevo, Ataquines, Muriel o Mota del Marqués.

De acuerdo con las cifras que maneja la Dirección General del Catastro, la mayoría de las infracciones se han producido en bienes urbanos (24.171, el 94,3%). Y, en la mayor parte de los casos, el 40,85%, se ha debido a trabajos de reforma y cambio de uso de la propiedad. En el 38% se ha debido a obras de ampliación y rehabilitación. Esto se traduce, por ejemplo, en la construcción de garajes y nuevas plazas de aparcamiento, en casetas del jardín que se han reconvertido en almacenes, en terrazas o balcones cerrados... El 19,88% está vinculado con nuevas construcciones que no se han notificado al catastro.Y el 1,27% se refiere a piscinas construidas de tapadillo.En términos absolutos, son 466 piscinas en la provincia, con la mayor incidencia en localidades del entorno de Valladolid, como Arroyo, Aldeamayor, Simancas, Renedo, Boecillo,Tudela o Traspinedo.

Castilla y León es la tercera comunidad donde más se han detectado este tipo de irregularidades, con Andalucía y Galicia a la cabeza. El Catastro inició estas inspecciones en 2013, empujado por la crisis, que lastró los ingresos tributarios de las administraciones.Europa instó a contener el déficit y España vio en esta lucha contra el fraude una vía para aminorar la deuda. El plan ha estado en vigor hasta el 31 de diciembre (con la inspección cerrada en los 225 municipios de la provincia), aunque el Gobierno tiene previsto prorrogarlo en 2019. En algunas zonas los drones han tenido más trabajo de lo esperado. Córdoba, por ejemplo, se sitúa a la cabeza del fraude catastral en España. Allí hay municipios, como Peñarroya-Pueblonuevo, donde se detectaron irregularidades en el 48,9% de los inmuebles. En Valladolid, el máximo fue Herrín, con el 15%.