Fernández ratifica la denuncia contra Pesquera por una presunta falsificación

El magistrado le preguntó al denunciante sobre el contrato de arrendamiento de las viñas y él insistió en que dicho contrato es falso «porque no contaron con él como dueño» de los viñedos.

Según indicó al término de la comparecencia el abogado del denunciante, Javier Moreno, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de estafa contemplado en el artículo 251.3 del Código Penal, de otorgamiento de contratos simulado en perjuicio de tercero «porque no responden a una verdadera voluntad de arrendar las fincas, sino de generar esa apariencia ante el Consejo Rector para perjudicar a Alejandro Fernández que tiene, actualmente, las fincas de su propiedad inscritas a su nombre». En este sentido, señaló, «las sociedades podían haber dicho que tenía un contrato verbal y que eran arrendatarias y que en función de ese contrato verbal estaban legitimadas para explotar las fincas. Pero no lo hacen. Por el contrario, aportan estos contratos confeccionados ad hoc, absolutamente irreales en cuanto a la voluntad contractual subyacente y que, aparentemente, documentarían una relación ruinosa para la propiedad». Son simulados, precisa, «porque no responden a una verdadera voluntad de arrendar las fincas sino de generar esa apariencia ante el Consejo Rector para perjudicar a Alejandro Fernández que tiene, actualmente, las fincas de su propiedad inscritas a su nombre».

El bodeguero incidió en «que fue apartado» de la sociedad Alejandro Fernández Tinto Pesquera a raíz de los acuerdos del consejo de administración que propiciaron que el bodeguero dejara de ser administrador. Unos acuerdos que han sido impugnados, aseguró.

Explicó que el Consejo Regulador de Ribera del Duero no ha admitido esas uvas «porque son suyas» y por eso reclama una indemnización. Puntualizó también, a preguntas de su abogado, que la sociedad vendimió las viñas sin su permiso y sin darle nada. La venta apalabrada de esa cosecha que él ya tenía con dos bodegas habría podido alcanzar un valor de un millón de euros.

Sin embargo, a preguntas del letrado de las denunciadas, Fernández reconoció que la tarjeta vitivinícola estuvo siempre a nombre de la sociedad arrendataria y que no fue hasta 2018 cuando él recuperó la titularidad y la puso a su nombre.

Desde la sociedad denunciada subrayaron que el contrato de arrendamiento es válido siempre que no sea superior a seis años, puesto que la ley «considera que es un acto de administración y no de disposición». El bodeguero reconoció que las fincas pertenecen a la sociedad de gananciales con su esposa y que siempre han estado arrendadas a Tinto Pesquera. «Es un perjuicio para todos», resume el representante legal, Félix Pérez: «Alejandro Fernández tiene la tarjeta de viticultor pero no las uvas, y sus hijas tienen las uvas pero no la tarjeta».

Mañana el escenario judicial cambia a Nicolás Salmerón, donde se dirime la demanda por el uso de la imagen planteada por Fernández. Su fotografía ya ha sido retirada de la página web de la compañía.