Segovia

La sentencia contra la Zona de Bajas Emisiones retrasará «varios meses» su implantación

El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que invalida la ZBE de Segovia en sus términos actuales en respuesta a un recurso presentado por la Asociación Liberum, fue notificado este mismo miércoles al Ayuntamiento. La noticia ha sido recibida con relativa sorpresa, pero en todo caso descartan recurrir el auto judicial. «Ante todo, me gustaría recalcar la perfecta definición, la pulcritud y el trabajo fantástico realizado», defendió Mazarías.

La consecuencia directa de la resolución judicial, «la cual vamos a aceptar evidentemente», sostuvo el regidor, es que el equipo de gobierno del Partido Popular tendrá que poner en marcha el engranaje para modificar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Segovia (PMUS). Solo así se podrá incluir en el citado planteamiento la previsión de la creación de un área delimitada en el casco histórico que restrinja el paso de los vehículos contaminantes, lo que se constituye como un requisito indispensable a la hora de validar la ordenanza, tal y como recoge la sentencia.

El objetivo es dotarse del presupuesto legal que faltaba en el actual reglamento, el cual habilitará al Consistorio como entidad responsable de aprobar y gestionar la ZBE. Será un proceso que durará «lo que los servicios técnicos tarden en hacer los cambios», explicó González-Salamanca. Tendrá que ser aprobada en el pleno municipal con el apoyo del resto de grupos políticos y, aunque por el momento no se conocen previsiones exactas, «nos gustaría que fuese en la sesión que esté más próxima posible». «Mejor en el mes de junio que en septiembre», subrayó.

Una vez concluida esta fase, el Ayuntamiento de Segovia elaborará otra ordenanza reguladora de la ZBE. Más bien, corregirá las deficiencias notificadas en el proceso de tramitación del documento, para posteriomente someterlo de nuevo a aprobación por la corporación local. «El nuevo documento se aprobará en los mismos términos que el que está vigente, simplemente solventando el problema formal, no material», insiste el titular de Urbanismo. Los técnicos ya se han puesto manos a la obra para la redacción del reglamento, que «probablemente podrá desarrollarse a lo largo del año que viene», aclara Mazarías.

Esto significa que el régimen de sanciones y las diferentes disposiciones generales del área de bajas emisiones no entrarán en vigor de forma plena el próximo 1 de octubre, tal y como estaba previsto. La declaración de la nulidad de la normativa por parte del TSJ alargará los plazos en gran medida, pues todas las fechas y fases que estaban contempladas en el programa de implantación «han quedado suspendidas». Afortunadamente, «todos los trabajos y contrataciones que teníamos que hacer siguen en marcha», aclaró.

González-Salamanca insiste en que, una vez resuelto este paréntesis judicial, «todo va a seguir exactamente igual porque la propia sentencia nos avala la gestión y el contenido» presente en la ordenanza. Esto se debe a que, según remarcaron ambos representantes municipales, el fallo reconoce «el trabajo impecable que han realizado los técnicos» en cuanto a la tramitación, diseño y gestión de la zona de bajas emisiones. «Es importante que hayan destacado que la implantación no afecta a al vida de las personas y que el ámbito es razonable», aclara el concejal de Urbanismo.

Asimismo, confía en que esta demora que va a sufrir la puesta en marcha del proyecto no va a suponer la pérdida de la subvención europea. «En un primer estudio que hemos realizado entendemos que, al ser causa de fuerza mayor, no es algo que vaya a afectar, entre otras cosas porque todos los hitos requeridos los hemos cumplido rigurosamente: está en fecha y plazo», insistió. «Creemos por tanto que no coorre peligro», puntualizó el edil segoviano.

Esta es una preocupación evidente en el seno de la corporación municipal, ya que también se enfrentó a retrasos «importantes» al comienzo de la tramitación de la ZBE por la publicación de un auto judicial que declaraba la nulidad de esta normativa impulsada por el Ayuntamiento de Burgos. «Consideraban que era preciso tener previamente una ordenanza para poder licitar el plan», especificó.

En el caso de Segovia, el actual revés judicial está determinado por errores formales. «Es un nuevo detallito que, si me preguntan antes de aprobar la ordenanza si había contemplarlo, diría que no era necesario: hemos sido muy prudentes en todas las operaciones», señaló González-Salamanca. Pese a ello, finalmente no ha sido posible sacar adelante la ZBE a la primera.

Mazarías no ha ocultado su malestar con el anterior gobierno socialista, que «olvidó incluir» la propuesta de delimitación del tráfico en el recinto amurallado para reducir la contaminación en el Plan de Movilidad «antes de poner en marcha» el proyecto. Y también han puesto en el foco a la Asociación Liberum, entidad que presentó el recurso que ha supuesto la anulación de la ZBE, al considerar que se ha encargado de «rizar el rizo en busca de cualquier resquicio para anular los procesos de implantación, y lo han encontrado», resume el alcalde segoviano.