La empresa vinculada al diputado Jaime Pérez mantiene su querella contra IU

Así lo manifestó Álfonso Gil, letrado de la empresa JM Plaseges Agua SL, a la salida de las dependencias judiciales. «Tratamos de esclarecer unos hechos que se nos han imputado de manera falsa. La otra parte ha tenido su oportunidad, no han aportado de dónde obtienen esas insinuaciones y ahora lo que corresponde es seguir el procedimiento penal, la querella, donde tendrán que probarlo y dar las oportunas explicaciones», manifestó a la vez que apuntó que en su opinión se trataba de un «acto irresponsable con un fin únicamente propagandístico y si me apuran, por estas fechas, electoral».

El abogado indicó que esta querella «tiene mucho recorrido, porque ya nos han advertido que no tienen ningún tipo de prueba que sustente lo que afirmaban en la noticia del pasado mes de noviembre». De esta manera, se mantiene la petición de 90.000 euros de indemnización, «solidariamente», dijo el letrado. «Hay que tener en cuenta que se ha mancillado a una empresa, que tiene a cargo alrededor de 15 trabajadores y el daño que se ha generado en cuanto a su imagen y reputación es muy grande, sin ningún tipo de prueba y con un fin de generar una polémica donde no existe porque no consta en ningún momento que se hayan dirigido ni a la empresa ni a ninguna institución preguntando por esa información que demandaban. Y aclaró también que «no se puede equiparar un movimiento en el órgano de administración de una empresa con un acto ilícito. Para hacer eso hay que tener pruebas y ha quedado acreditado que no las tienen».

Esta visión difiere con la que tiene Izquierda Unida. Su abogado, Alberto López, considera que después de este acto de conciliación «no tendría futuro o recorrido una querella por injurias o calumnias puesto que este tipo de querellas se desarticulan y se desvirtúan probando la veracidad de lo afirmado, y lo afirmado por parte de los rrepresentantes de Izquierda Unida está publicado en registros públicos, como es el registro mercantil y es público y notorio». El letrado de la formación política apuntó que «como es veraz todo lo afirmado, no creo que lleguen a presentar ningún tipo de querella porque con toda probabilidad sería desestimada».

Izquierda Unida se mantiene en su posición y considera que no tiene que retractarse de nada. El pasado noviembre, acusó a la Diputación de Segovia de contratar una empresa ligada al diputado Jaime Pérez. «Estamos aquí por pedir transparencia, porque hemos pedido explicaciones sobre unos hechos que son públicos y notorios y no teníamos nada de que retractarnos», manifestó Carlos Serrano. «Lo único que hemos hecho ha sido pedir explicaciones sobre unos hechos concretos públicos y conocidos y hacer nuestro trabajo como representantes políticos que somos».

Serrano además manifestó que «la Diputación sigue sin dar explicaciones, de hecho salió el diputado Pérez Esteban utilizando los medios de la Diputación, diciendo que nos iba a demandar y realmente quien nos ha pedido este acto de conciliación ha sido la empresa, no el diputado«. Consideran que es la utilización de medios de la Diputación por parte de una entidad privada y muestran su desacuerdo. »Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, creemos que es nuestro deber y es lo que vamos a hacer».