IU cuestiona si la Diputación de Segovia ha contratado a una empresa «ligada» a su viceportavoz segundo

Pérez -apuntan los denunciantes- aparecía como administrador único de dicha sociedad hasta finales del año pasado. «En el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicado el 19 de octubre de 2020 se publicó el cese/dimisión de este diputado como administrador de JM Plaseges Agua S. L., con fecha de 9 de octubre». Asimismo, los portavoces de IU añaden que también se publicó el nombramiento «de un familiar directo» de Jaime Pérez como nuevo administrador único de la empresa.

Por otro lado, Ordóñez y Serrano especifican que también el 9 de octubre de 2020 la Junta de Castilla y León anunció la firma de un protocolo general de actuación, suscrito por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y los presidentes de las nueve diputaciones, entre ellos Miguel Ángel de Vicente, máximo responsable de la Corporación segoviana. Dicho acuerdo tenía el objetivo de «promover el establecimiento de sistemas de depuración en los municipios de entre 500 y 2.000 habitantes, con una inversión en torno a los 140 millones de euros», añaden los portavoces de Izquierda Unida. De dicha cantidad, la Junta de Castilla y León se hacía cargo del 40%, el mismo porcentaje que asumían las diputaciones, y el 20% restante corría a cargo de los ayuntamientos.

«Estamos hablando de una empresa que ha trabajado y sigue trabajando en decenas de localidades de la provincia, y cuyo administrador único, hasta el día 9 de octubre de 2020, era un diputado del Partido Popular», subrayan en su denuncia pública los representantes de IU, que exigen a De Vicente que aclare si la institución que preside ha contratado o dado subvenciones a dicha empresa. José Luis Ordóñez y Carlos Serrano también llaman la atención en el «sospechoso cese y nombramiento» como administrador único a un familiar directo del diputado provincial, coincidiendo además en fecha con la firma de un plan entre la Junta y las diputaciones para mejorar la depuración de las aguas residuales en municipios pequeños.

Con esta denuncia pública, Izquierda Unida reivindica «la necesidad de que la gestión del erario público sea transparente y que no genere ningún atisbo de dudas entre la ciudadanía». Por ello, espera que la Diputación de Segovia esclarezca la situación expuesta para demostrar que no ha habido ningún presunto trato de favor a una empresa propiedad de un diputado o de un familiar.

IU recuerda que estos hechos no son los únicos que siembran dudas en torno a la Corporación provincial. La formación política se refiere a que hace pocas semanas salió a la luz que dos diputados provinciales habían solicitado subvenciones incluidas en la línea de ayudas al sector turístico puesta en marcha por Prodestur, «de las cuales una fue concedida para un negocio de uno de los diputados, si bien renunció a la misma después de que saltara la noticia». El presidente de la institución defendió entonces «la honestidad» de ambos diputados populares.

Para Izquierda Unida, son circunstancias que «restan credibilidad a las instituciones públicas y provocan indignación entre la ciudadanía».