IU se enfrenta a una indemnización de 90.000 euros por sus acusaciones al diputado Jaime Pérez
La organización, que está citada el 9 de febrero a un acto de conciliación, dice que no ha hecho nada de lo que se tenga que arrepentir
Izquierda Unida mostró ayer su «rechazo a las amenazas judiciales, que lo único que buscan es amedrentar y condicionar nuestra labor política. En ningún caso ... vamos a dejar de apostar por administraciones públicas transparentes», manifestó Ángel Galindo, a la vez que mostró su total apoyo a José Luis Ordóñez, coordinador provincial y Carlos Serrano, responsable de Movimientos Sociales, en relación a una rueda de prensa del pasado mes de noviembre en la que cuestionaban la relación de una empresa vinculada al diputado de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Diputación provincial, Jaime Pérez, con la propia Diputación tras detectar «coincidencias» que, a juicio de la coalición, debería aclarar el presidente provincial .
La formación política está citada el próximo día 9 de febrero a un acto de conciliación y si no se retracta, se enfrenta a una posible querella criminal en la que la empresa («y no el diputado», resaltaron) pide 90.000 euros a esas dos personas así como a la propia organización. «Lo que pedimos es trasparencia y así vamos a seguir trabajando. Nos parece muy grave que se utilice una institución de todos para anunciar lo que va a hacer una empresa privada», añadieron.
«No hemos hecho nada de lo que nos tengamos que arrepentir, solo cumplir con nuestra obligación y pedir explicaciones a la Diputación sobre unos hechos que nos parecían bastantes dudosos. Vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones», manifestó Carlos Serrano.
Por su parte, José Luis Ordóñez explicó que «lo que queremos manifestar es que se aclare esta situación, que se ha puesto más fea que cuando la denunciamos en noviembre, porque tiene sus consecuencias, ya hay un acto de conciliación en el juzgado de instrucción número 5 de Segovia. Y vamos a acudir. No hemos hecho nada de lo que tengamos que retractarnos».
Documentación
Ordóñez añadió además que «seguimos recibiendo documentación que estamos estudiando y cuando sea conveniente, en algún momento saldrá a la luz. Si llegamos a tener que ir al Juzgado habrá que ponerla sobre la mesa aunque no esté todo lo documentada que pudiera estar si estuviéramos dentro de la Diputación». Y quiso aclarar que «nosotros no hemos hablado de ayudas; hemos dicho que tomó unas decisiones coincidentes con las de la Junta y la Diputación y eran llamativas».
Expresaron su sorpresa porque en la citación del juzgado «es la propia empresa la que nos hace este requerimiento y esto nos hace ver que esta persona, este diputado sigue hablando en nombre de una empresa aunque haya cambiado de administrador único, lo cual nos genera más dudas. Nos gustaría escuchar al presidente de la Diputación si le parece bien que se utilice una institución pública para anunciar acciones privadas de una empresa. Nos parece muy grave».
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