El PSOE acusa a la concejala de Hacienda de Segovia de «enriquecerse ilegalmente»

Los primeros, acusan a la edil de «mentir y engañar» a la corporación y a los ciudadanos. «El enriquecimiento patrimonial y personal de la concejala es más que evidente», asegura su portavoz, Clara Martín. Los segundos defienden la «corrección de los trámites» urbanísticos seguidos en otro fuego cruzado de declaraciones y acusaciones que evidencia las posiciones irreconciliables y los abismos que les separan en un mandato cada vez más áspero.

Martín ha calificado la intervención de Serrano en la comisión de «tomadura de pelo». «Primero, nos ha ocultado información de sus sociedades; luego dice que pide disculpas porque admite que fue un error y que lo ha hecho de manera ilícita. Ahora nos dice que no sabe nada», se queja la concejala del PSOE, que atribuye este comportamiento de la primera teniente de alcalde a «la estrategia del Partido Popular de me hago la tonta y a ver si cuela». Martín lo tiene claro: «es un caso muy serio y muy grave».

Un diagnóstico en el que coinciden otras formaciones en la corporación municipal del Ayuntamiento de Segovia, que cuestionan que Rosalía Serrano, como ha afirmado en la comisión extraordinaria de Urbanismo, desconociera determinadas cuestiones siendo administradora única de la empresa promotora de los trasteros que se edificaron sin licencia y durante unos meses en los que también cobraba su sueldo como concejala en el Consistorio.

Para el portavoz de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, la conclusión que saca es que Rosalía Serrano, «a través de una de sus sociedades inmobiliarias, construyó dieciocho trasteros ilegales». Por su parte, el PSOE mantiene su decisión de llevar los hechos a los tribunales de justicia. Mientras tanto, continúa recabando documentación y aguarda la resolución del expediente que sigue abierto sobre la legalización de esos espacios construidos en un sótano de un inmueble en la calle Los Almendros. En esta línea, Clara Martín apostilla que la concejala del PP hizo esas construcciones «para ganar dinero» mediante su venta o alquiler.

«De momento no hay ni un solo documento sobre las actuaciones urbanísticas que diga que se han hecho conforme a la normativa y que está todo perfectamente legal», subraya la representante del PSOE. San Juan señala que «todo indica que falseó su declaración de intereses como cargo público para tratar de ocultarlo».

Las formaciones que empujaron la celebración de esta comisión también advierten de la sanción a la que se enfrentaría Serrano, quien se expone a una infracción muy grave que lleva aparejadas multas que van de 10.000 a 300.000 euros, apunta Guillermo San Juan. Por su parte, Clara Martín va más lejos e incluso considera que la edil tendría que devolver el sueldo ganado durante el tiempo en el que simultaneó su puesto en el Consistorio con el de administradora de la empresa.

En cuanto a la cronología y los tiempos de esta polémica, Martín ha revelado que «ahora nos hemos enterado de que las obras estaban ejecutadas desde noviembre de 2022». «Evidentemente, los técnicos han confirmado que eso era imposible saberlo hasta que ya se ha presentado la declaración responsable, se han ejecutado todos los diferentes requerimientos, las visitas de obra, etcétera; pero ellos reconocen la empresa, con Serrano de administradora, hizo unos trasteros ilegales para ganar dinero», ha percutido en su acusación la portavoz del grupo municipal del PSOE.

En este sentido, Martín ha insistido en sus declaraciones en que «el técnico [en la comisión] ha desgranado el expediente conforme a los datos que ha aportado el Partido Socialista», por lo que la concejala de la principal formación en la oposición concluye que «las obras se hicieron sin autorización y se están intentando legalizar». Con esta premisa por delante, la edil ha expresado su «enfado» porque «la respuesta [de Rosalía Serrano] ante esto es que no sabe nada y que se había enterado cuando el grupo socialista ha preguntado» por el citado expediente urbanístico que sigue en marcha.

Así pues, «hay 'caso Serrano'», asevera la concejala del PSOE. El grupo ha solicitado que se lleve a pleno la solicitud de compatibilidad y conflicto de intereses, aunque teme que no se materialice. Y es que es la sesión la que tiene la exclusividad de decidir sobre esta cuestión. El periodo en el que pone el foco de atención es de enero a junio de este 2025, un intervalo de seis meses en el que, según la portavoz socialista, Serrano «llevó una doble actividad ejerciendo como concejala con dedicación exclusiva, cobrando un dinero de todos los segovianos, y a la vez trabajando para la sociedad mercantil Velasco Hernanz S. L., administrada por ella, porque además así lo ha dicho».

La bancada socialista esgrime la posesión de documentos dentro del expediente urbanístico «que dicen taxativamente» que la constructora de los dieciocho trasteros «actúa como representante» de la citada empresa de la que Serrano «tiene acciones». Asimismo, el grupo asegura disponer de «notificaciones con el nombre y apellidos de esta concejala», en referencia a la de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos.

Segovia en Marcha y Podemos piden el cese de Rosalía Serrano, ya sea mediante una renuncia voluntaria de la propia edil o la destitución que decrete el alcalde de la ciudad, José Mazarías. «Esto no va de pedir perdón y decir que no lo volveré a hacer, sino de pedir perdón porque he cometido un error grave y me voy», ha manifestado Martín, quien recrimina a la concejala del PP el haber incumplido la ley, ya que «no puedes tener una dedicación exclusiva y ejercer otra actividad sin tener la autorización del Ayuntamiento».

San Juan define la situación de la primera teniente de alcalde «insostenible». Reprocha a Alejandro González-Salamanca, concejal de Urbanismo y compañero de Serrano en el gobierno municipal, el hecho de que «quitara importancia» a lo tratado en la comisión extraordinaria; y al regidor le achaca que «firmara en junio un decreto sin sanciones que la permite legalizar el chanchullo de uno de sus negocios inmobiliarios».