Los concursos de acreedores se multiplican por ocho en Segovia desde la pandemia

Al cierre del primer trimestre del año en curso, al que se refieren los datos más recientes de los que dispone el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), revelan una primera lectura, que es que la carga de procesos tramitados va en aumento. Ya lo avisaba en la memoria anual el anterior presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando. Aunque el Juzgado número 2 de Primera Instancia e Instrucción, que es competente en el ámbito de lo mercantil, no funciona del todo mal «gracias a que están trabajando mucho», lo cierto es que acumula mucha 'plancha', sobre todo en lo que respecta a los procesos concursales, «que han aumentado mucho», por lo que la gestión de este órgano se antoja «complicada» a raíz precisamente de esa sobrecarga.

La apreciación que hacía el magistrado en su repaso a la actividad judicial en la provincia antes de dejar la presidencia en manos de Jesús Martínez Puras queda acreditada en las estadísticas que ha hecho públicas el Consejo General del Poder Judicial. Entre los meses de enero y marzo del curso actual, ambos incluidos, el citado juzgado ha atendido la entrada de casi medio centenar de procedimientos concursales abiertos que se han judicializado ante una situación de insolvencia, ya sea de una persona natural o de una entidad empresarial.

En concreto, esos 49 asuntos de estas características registrados entre enero y marzo en Segovia constituyen el segundo mayor volumen de concursos atendidos en un trimestre tras los 51 que se registraron en el periodo que va de abril a junio, ambos incluidos, en la anualidad 2023. Esto da idea de la profusión que han adquirido estos procedimientos y la carga que suponen en el órgano judicial que se hace cargo de ellos en la provincia. En los últimos doce meses, el crecimiento de estos asuntos en la provincia de Segovia ronda el 25%.

Basta con repasar los datos que difunde periódicamente el CGPJ para comprobar el impacto al alza de los concursos de acreedores en el día a día del juzgado competente. Por ejemplo, solo en el primer trimestre de 2025 se han dado más casos que en quince años completos de los últimos dieciocho. De hecho, en lo que va de la actual década se han multiplicado por ocho estos expedientes judiciales: de los quince con los que acabó 2020 se han disparado hasta los 126 con los que bajó la persiana 2024, la cifra más elevada desde al menos 2017, según se extrae de las series históricas que divulga el Poder Judicial.

Y con el ritmo que marca el trimestre inaugural del presente 2025, que sale prácticamente a proceso concursal judicializado cada dos días, el máximo del año pasado tiene visos de quedarse corto.

Ante este frenesí en la jurisdicción de lo Mercantil, y no solo por los casos de concursos de acreedores, sino también motivado por el aumento que se observa en otros frentes, el expresidente de la Audiencia de Segovia reseñaba la «conveniencia» de que hubiera un juez de refuerzo. No sería un puesto permanente, sino que su atribución sería fundamentalmente de apoyo a través de una comisión de servicio sin relevo. De nuevo, y como padecen otros órdenes jurídicos, emerge la necesidad de contar con más personal, como viene demandando la Sala Provincial.

Hay un procedimiento especial, que se gestiona en los Juzgados de Primera Instancia y en los de Primera Instancia e Instrucción, que también se ha disparado en el primer trimestre de este año. Son los llamados monitorios, los cuales están previstos para la reclamación del pago de deudas dinerarias de cualquier importe, «líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichos endeudamientos se acrediten en determinados documentos, incluyendo las certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos», como lo define la propia Administración de Justicia.

Entre los meses de enero y marzo de este curso, los órganos segovianos han ingresado 1.589 procedimientos por esta causa, un volumen que duplica al que se registró en el mismo periodo de tiempo en 2024.

La figura del concurso puede ser voluntaria, cuando el deudor es la parte implicada que lo solicita, o necesaria, en los supuestos en los que los acreedores son los que mueven la ficha y demandan por la vía judicial las deudas pendientes. El espíritu de su tramitación, como deja claro en su declaración de intenciones la Administración de Justicia, es lograr que los reclamantes cobren. Para ello, también se abren dos caminos. Uno, el más 'pacífico', es el del acuerdo plasmado en un convenio; y el otro, más traumático, es el que resuelve el concurso a través de la liquidación del patrimonio que atesora el particular -ya sea empresario o no- o la persona jurídica demandada.

La jurisdicción de lo Mercantil está inmersa desde hace cuatro años en una vorágine creciente de trabajo, en parte empujada por el aluvión de casos relacionados con procedimientos concursales que entran en la sede judicial que entiende estos asuntos. Son los coletazos de la irrupción de la pandemia de la covid-19, hace ahora cinco años, con el desencadenante de una doble crisis sanitaria y económica que todavía se resiente en determinados sectores. A ello se han sumado otros factores que también han añadido otras pilas a mayores de expedientes a tratar en este orden jurídico.

Entre esas otras causas que han ayudado a la sobrecarga acumulada en los años precedentes está el cambio de jurisprudencia que se aplica a las demandas interpuestas por quienes se sienten damnificados por cláusulas abusivas que ponen las entidades financieras, no solo las suelo. Estas demandas están vinculadas a toda una gama de condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario es una persona física. En este capítulo caben, por ejemplo, las comisiones de apertura.

En esta línea de argumentar el incremento de asuntos ingresados en los últimos años también ha tenido bastante peso la decisión conocida en enero de 2024 por la que la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció para dar validez a una macrodemanda por cláusulas suelo en préstamos hipotecarios que interpuso en su día la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) contra 101 entidades españolas.

Si se suman la crisis desatada por el coronavirus; las demandas por las cláusulas abusivas en el ámbito financiero y la luz verde encendida en Europa para llevar a los tribunales las cláusulas suelo en las hipotecas firmadas, el resultado es más trajín en la maquinaria judicial competente.

Lo mismo que pasó cuando el estallido de la crisis financiera generalizada de 2008, que trajo consigo un incremento de los casos abiertos en los juzgados por despidos, reclamaciones de cantidades económicas y otros conflictos de índole laboral. En lo Mercantil, proliferaron los concursos de acreedores y los litigios empresariales. Además, en la Primera Instancia hubo un repunte de los desahucios.