«La burocratización hasta extremos inauditos» y la falta de personal frustran la Oficina Judicial

Su desarrollo y los protocolos creados para su operatividad «han creado una suerte de compartimentos estancos en los servicios comunes, cortando la relación de estos con los jueces a los que deberían prestar su apoyo», expone Pando. Su reflexión, plasmada en la memoria publicada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) junto a la del resto de Audiencias Provinciales, concluye que, por ahora, el modelo es un atraso, con más palos en el engranaje que mueve la Administración de la Justicia que soluciones a los problemas de sobrecarga y de demoras que lastran las prestaciones de determinados órganos.

El todavía presidente en funciones incide en su análisis en que «las relaciones entre los servicios comunes y los jueces se han burocratizado hasta extremos inauditos». Cuestiones que antes se resolvían en minutos y de boca a boca a través de una comunicación directa, con el sistema de la Oficina Judicial han de pasar una serie de trámites que hacen encallar el funcionamiento. Más tarea y más tardanzas. «Aumentan la carga de trabajo y los tiempos de respuesta», advierte Ignacio Pando en el escrito que recoge la memoria anual de la Sala Regional.

«La falta de fluidez» a la que alude el magistrado es «la causa principal de los perjuicios en el funcionamiento normal de la Oficina Judicial». Tacha de «inadmisible» que en unas oficinas judiciales que antes de la reforma funcionaban de una forma más o menos satisfactoria, con la nueva organización se den «disfunciones» en la actividad.

Al profundizar en las razones, echa en falta el denominado Servicio Común de Ordenación Procesal aparejado a la Oficina Judicial, que sin embargo sí opera en otros territorios. Ante esta situación, Pando explica en la memoria anual correspondiente a la actividad desarrollada en 2024 que son las unidades de apoyo directo las que asumen toda la carga de tareas de la gestión procesal, desde la entrada de la demanda hasta la firmeza de la sentencia. Además, estas figuras del nuevo modelo se encargan de todas la decisiones judiciales en el ámbito de la ejecución.

Esta acumulación de atribuciones que en principio no les corresponde hace que sea «muy difícil» llevar a cabo la actividad propia con normalidad, lo que repercute negativamente en el servicio adecuado que se presta al ciudadano, lamenta Ignacio Pando.

La problemática va más allá. Según advierten el presidente en funciones de la Audiencia Provincial y la decana de los jueces de Segovia, Alicia Manzano, el errático funcionamiento de la Oficina Judicial se ha visto agravado por dos circunstancias. Una, la escasez que acusan las plantillas; la segunda, el aumento del trabajo en los órganos judiciales. Esta alineación de factores ha dado lugar a «un año 2024 muy complicado», admite la magistrada en su análisis al pasado ejercicio, recogido también en la memoria del TSJCyL. Manzano lamenta «la infradotación» de personal funcionario en las Unidades Procesales de Apoyo Directo. Pando ha cifrado ese déficit en diez trabajadores, uno por cada una de esas unidades.

La falta de plantilla ha hecho que, «en no pocas ocasiones, a lo largo de 2024, bien por razones de enfermedad, permisos o bajas, haya llegado a haber un solo funcionario en toda una unidad procesal para atenderla, lo que era una labor imposible», llama la atención la decana segoviana. Y es que, como también señala Ignacio Pando, ha habido instrucciones de la letrada coordinadora a lo largo del curso pasado por las que se han encargado tareas a los funcionarios de las unidades de apoyo que en un principio iban a corresponder a servicios comunes. Por ejemplo, citaciones, emplazamientos, requerimientos, archivos, etiquetados de asuntos, despachos de ejecuciones, sucesiones en la ejecución, etcétera.

«Se han creado nuevas funciones que antes no había; pero la tesis del Ministerio para su implantación era que fuese a coste cero, es decir, que no se incrementara el personal y no se incorporaran nuevos funcionarios. Si creas nuevas actividades, nuevas atribuciones y nuevas burocracias, eso exige la creación de más plazas», opina a este respecto Ignacio Pando.

El resultado de este trasvase de atribuciones ha provocado que funcionarios de las unidades procesales se vieran obligados a alargar la jornada laboral y hacer más horas que las establecidas para intentar sacar adelante todo el trabajo asignado, hace ver en sus conclusiones la decana de los jueces de Segovia.

Alicia Manzano agrega a la escasa dotación de las Unidades Procesales de Apoyo Directo la circunstancia de «la falta de cualificación de algunos funcionarios del cuerpo de interinos», nombrados cuando hay alguna baja o cambio de destino entre el personal titular. El empleado de la mesa de al lado «tiene que descuidar su propio trabajo para enseñarle, sin que esa enseñanza esté remunerada». La función jurisdiccional -señala la magistrada- «se ve entorpecida, tanto en Sala, como en las tareas de los funcionarios de la unidad procesal, por lo que existe una deficiente prestación de la labor de apoyo».

En cuanto a las necesidades plantea la creación de nuevos juzgados y plazas, Manzano se fija en la implantación de los Tribunales de Instancia, que presumiblemente entrarán en servicio en septiembre. Con esta reorganización, la jueza decana ve perentoria la constitución de «una sección en materia de violencia de género y familia, infancia y adolescencia, con la correspondiente plaza de magistrado».

Y es que, como apunta la magistrada -y como también ha advertido Ignacio Pando-, se prevé un incremento de los asuntos ingresados, ya que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 que en la actualidad atiende los casos de violencia machista, se va a especializar también en delitos sexuales. El presidente en funciones de la Audiencia Provincial de Segovia piensa que «es una buena oportunidad para especializarlo y que atienda solo violencia contra la mujer y violencias sexuales y quitarle la parte civil de la primera instancia».

En esta línea, Alicia Manzano advierte en la memoria del TSJCyL que la mayor carga que va a experimentar el órgano judicial con la incorporación de materias de las que va a ser competente, «en modo alguno puede ser suplida con exenciones de reparto a dicho Juzgado número 4, puesto que ello sería a cargo de los otros juzgados mixtos, que ya están sobrecargados».

Además, en el capítulo de necesidades que enumera Pando en la memoria, añade otra demanda de especialización, en este caso de un juzgado específico en derecho de Familia. Si no es posible esta opción, y una vez entre en funcionamiento el Tribunal de Instancia, aboga por un juez con dedicación exclusiva a la sección de Familia.

El magistrado va más allá y propone una vez más la unificación de los partidos judiciales -Segovia, Cuéllar, Sepúlveda y Santa María la Real de Nieva-. Cree que si se materializa esta unión, creando un único Tribunal de Instancia en la provincia, se habilitaría la especialización en derecho de Familia y se adecuarían las funciones del Juzgado de Violencia contra la Mujer. Sin embargo, la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa ya ha sido aprobada, al igual que ha visto la luz verde la adaptación de la legislación que ordena la Demarcación y Planta Judicial, y ninguna de las iniciativas planteadas por Pando se han llevado a cabo. «Se ha perdido una inmejorable ocasión para adaptar la planta judicial de la provincia al siglo XXI», lamenta en su exposición.