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Los juicios rápidos de violencia machista están tardando entre seis y ocho mesesEl Colegio de Abogados de Segovia pide que se dote de un juzgado especial a violencia de género como sucede con el Juzgado de Menores ... o el Contencioso Administrativo, ya que actualmente los juicios rápidos están tardando entre seis y ocho meses por el volumen de trabajo. Faltan funcionarios, jueces y un sistema técnico que facilite el trabajo en los nuevos juzgados. El traslado al nuevo edificio se ha puesto en marcha un programa informático, que ya se estaba implantado en el conjunto de España con resultado dispar.
En el caso concreto de Segovia, la efectividad no es la adecuada, sino que aumentado la ralentización de los procedimientos judiciales.
El decano, Emilio Fuentetaja, destaca que todo se precipitó cuando se puso en marcha el nuevo programa informático, pues anteriormente cuando había algún problema, los abogados sabían con qué funcionario tenían que hablar para poder consultar los expedientes y ahora no. Todo esto está provocando retrasos de dos o incluso hasta tres años a la hora de dictar sentencias, como destaca Fuentetaja: «Hay juzgados que están desprotegidos como el juzgado mercantil de primera instancia e instrucción y el de violencia de género, que están colapsados por la inercia de los expedientes que se llevan en ellos».
Los letrados cada vez tienen más difícil poder ejercer su trabajo con garantías en los nuevos juzgados de Segovia. Tras un año en las nuevas instalaciones consideran que no es lógico que estén así y se debería poner en marcha un sistema más efectivo y racional como indica Emilio Fuentetaja, decano del Colegio de Abogados de Segovia: «La organización no funciona, desde el servicio común de notificaciones, la UPAD (Unidad Procesal de Apoyo Directo) de ayuda a los jueces o el servicio de ejecución por otro lado. Y lo digo claramente, no es porque los funcionarios no sean capaces de llevar ese trabajo que lo son porque es gente muy preparado, el problema es que la organización no está bien hecha».
El visor expediente judicial electrónico, conocido como sistema HORUS, permite a los abogados poder consultar los expedientes desde su despacho, aunque que debería facilitar mucho el trabajo. El problema es que prácticamente la mitad de estos documentos están encriptados y no pueden leerlos, por lo que tienen que buscarlo en los juzgados de la manera tradicional y ahí empiezan los problemas porque no está claro el camino a seguir: «Por más que quieren digitalizar la Justicia, que me parece bien, habrá que empezar por el principio dotando de sistemas prácticos y eficaces» –manifiesta Emilio Fuentetaja– que afirma que «se pasan años para poder embargar o cobrar a personas que deben dinero y muchas veces no se consigue porque por gin se puede, esa persona ha cambiado la cuenta o ha vendido los bienes que tenía, y esto es consecuencia de esta lentitud».
Desde que el Colegio de Abogados denunciara a principios de febrero el colapso de los juzgados, ningún político ha contactado con ellos de manera oficial, pero ellos haciendo sus gestiones y recientemente han enviado un comunicado al ministro de Justicia, al secretario de Estado de Justicia, al TSJ de Castilla y León y al Consejo General de la Abogacía, quienes han comenzado a realizar gestiones para trasladar esta situación al ministerio para que se tomen las medidas oportunas para revertirla.
La lentitud en los procedimientos judiciales está provocando que un elevado porcentaje de segovianos desistan de acudir a la vía judicial. Hay clientes que llevan uno o dos años sin sentencia, o incluso hasta cinco años sin poder cobrar una deuda, por lo que trasladan este malestar a los abogados que no pueden darles explicaciones. Todo esto lleva al desánimo y está provocando una pérdida de volumen de negocio en bastantes despachos porque pueden pasar muchos años hasta que el asunto se resuelva judicialmente.
En los juzgados de la provincia, la situación también es complicada porque no pueden cubrir algunas plazas en juzgados como Cuéllar fundamentalmente, pero también en Sepúlveda o Santa María de Nieva, donde hay una plaza que sistemática no se cobre, lo que provoque que los trabajadores no puedan desarrollar el trabajo de la manera adecuada.
Otro de los problemas con los que se enfrentan los abogados en Segovia es el turno de oficio. En el 2024 se han pasado los 4.000 asuntos tratados, lo que supone un 10% más que en el 2023 cuando llegaron a los 3.600. Los asuntos se incrementan mientras que el número de abogados bajan porque ha habido jubilaciones y se han producido pocas nuevas incorporaciones, por lo que menos abogados tienen que asumir más carga de trabajo por una pequeña remuneración económica, como indica el decano del Colegio: «Es vergonzoso lo que se paga en el turno. No se paga por nuestra labor profesional, sino que se nos da una pequeña subvención para que con eso podamos tirar. Hay muchos abogados que no quieren asumir el turno de oficio porque les lleva mucho tiempo que tienen que restar de los asuntos que lleven en su despacho».
Además, el kilometraje del desplazamiento a los juzgados de la provincia o a los cuarteles de la Guardia Civil cuando hay algún detenido, tienen que asumirlo ellos mismos dejando de atender a sus clientes. Los honorarios oscilan en torno a los 125 euros por un caso con el que pueden estar semanas o incluso meses. Actualmente en Segovia hay 85 abogados para el turno de oficio a lo que hay que sumar las guardias por la que reciben unos 70 euros, en un mes suelen hacer tres o cuatro guardias por las que perciben en total 200 euros. El Colegio de Abogados pide soluciones porque consideran que ya han sobrepasado los límites permisibles.
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