Los abogados y procuradores de Segovia, «desesperados»: Tres años para una sentencia

Las quejas y reclamaciones para solucionar los fallos y carencias hasta ahora han caído en saco roto. Ni el Ministerio ni el Tribunal Superior de Justicia, conscientes del malestar de los letrados y procuradores segovianos, han movido ficha. «Vamos a estudiar todas las armas que tenemos, que son suficientes, para que la situación cambie y ponernos al día; y llegaremos donde tengamos que llegar», advierte el decano de los abogados, con el asentimiento de su homólogo en el Colegio de Procuradores, Jesús de la Fuente.

«Nos prometieron una situación ejemplar, pero la realidad es desesperante, muy preocupante y absolutamente decepcionante». Así resume Fuentetaja el año que lleva en funcionamiento el nuevo Palacio de Justicia de Segovia, en el que se reubicaron todos los órganos judiciales para evitar la dispersión y donde ha echado a andar el modelo de oficina judicial. Lo que iba a ser un paso adelante en la prestación del servicio a los ciudadanos y para los propios cuadros que trabajan en la justicia no ha cumplido las expectativas.

Tras la covid, las huelgas de funcionarios y letrados de la administración judicial, el panorama es de «colapso porque la nueva organización no ha sabido dar solución» a todos problemas que plantearon la pandemia y los paros.

El decano de la abogacía de Segovia pone varios ejemplos que explican el estado de «crispación» en el que desarrollan sus atribuciones. Las demoras y los atascos que lastran la operatividad de muchos de los órganos son uno de esos botones de muestra. «Hay sentencias que tardan dos y hasta años desde que se celebra el juicio», se queja el portavoz. Asimismo, «hay vistas que se están señalando a seis y ocho meses vista; las últimas notificaciones son para noviembre».

Aunque hay salvedades, la perspectiva general de ambos grupos profesionales extiende los embotellamientos a casi todos los juzgados. De especificar algunos de los más congestionados, citan el de lo Mercantil, el cual está «colapsado». Además de la falta de personal, otra de las razones que explica el tapón es la modificación de la ley concursal, por la que esta juridiscción asume todos los casos también de personas físicas, no solo jurídicas. Además, es juzgado de primera instancia, lo que eleva la carga de trabajo. Otro que también está al límite de su capacidad es el de Violencia de Género.

Por otro lado, los responsables colegiales ponen en solfa el expediente electrónico. El programa denominado Horus no está ayudando precisamente al desempeño de los abogados y procuradores y tampoco a agilizar la administración de justicia. Los letrados, cuando entran con sus claves en este sistema digital, «solo pueden ver la mitad» del contenido, mientras la Fiscalía o los jueces sí pueden verlos de manera íntegra. Este inconveniente obliga a los abogados a tener que estar continuamente desplazándose al Palacio de Justicia para realizar consultas y acceder a los expedientes.

En cuanto a los juzgados de la provincia de Segovia, la situación que describe Emilio Fuentetaja también es «vergonzosa». En su repaso, advierte de continuos cambios de funcionarios, lo que contribuye a la confusión de los letrados, que muchas veces no saben a quién acudir. Para paliar esta problemática, abogados y procuradores reclaman una bolsa de trabajo que reduzca el nivel de interinidades.

En el Juzgado de Santa María la Real de Nieva, «llevan tiempo sin cubrir plazas porque dicen que no hay dinero». En el de Cuéllar, las obras que se alargan más de cuenta, ya que tenían que haber acabado el pasado mes de septiembre, desprenden un montón de suciedad en forma de polvo. «Es horrible trabajar en esas condiciones, estuvimos hace poco limpiando las mesas y sillas durante media hora», se queja el decano. «En 34 años de ejercicio no me había pasado en la vida». A su vez, dirige el dardo de las críticas contra el ministerio, que «invierte poco». «La justicia es la hermana pequeña de la democracia», lamenta.