«Ser conservador o progresista no debe impedir actuar sin ceder al interés de un partido»

«Mirándolo desde un punto de vista objetivo, este tope permite que venga gente nueva, con ideas nuevas, con más ímpetu». Una vez nombrado su sustituto, quedará adscrito a la Audiencia como un magistrado más. En cuanto a las salidas que se le abren a partir de entonces, durante los dos años siguientes tiene preferencia absoluta en el escalafón para pedir un destino que sea por antigüedad, no por nombramiento discrecional; la otra opción es continuar adscrito hasta que se quede una plaza vacante para ser titular de ella.

–Cuando tomó posesión, en 2014, uno de los objetivos que se propuso fue ganar transparencia, «dejar de ser personas opacas trabajando en un despacho oscuro», como dijo entonces. ¿Se ha conseguido?

–Creo que lo hemos intentado, aunque no me corresponde a mí decirlo. El hecho de comunicar los calendarios de juicios, compartir copias de las sentencias o los escritos de calificación permite dar a conocer cómo funciona la administración judicial. Una de las iniciativas con la que más contento estoy, aunque la pandemia cortó la dinámica, es con el programa de ''Educar en Justicia' y también con traer a colegios para que la gente joven viese cómo se trabaja en los tribunales. Pienso que la comunicación directa es mejor que estar buscando intermediarios a la hora de tener una información real.

–¿Cree que los ciudadanos confían en la justicia?

–Aunque haya encuestas que digan que no hay una confianza en la justicia, al final los ciudadanos acuden casi siempre a ella. La prueba está en cómo se ha incrementado a lo largo de estos años el volumen de asuntos y la carga de trabajo en los juzgados de toda España, y en Segovia por supuesto. Al final, cada uno opina en función de cómo le haya ido en su relación con la justicia. Normalmente, en las encuestas la gente que ha usado este servicio público opina más favorablemente sobre él que aquellos que no lo han utilizado, posiblemente porque el conocimiento que estos últimos tienen de la justicia es el de los juicios políticos que se hacen en la prensa. Pero el día a día es muy distinto.

–¿Qué tal funciona la Administración de Justicia en Segovia?

–Los jueces hacemos nuestras sentencias, hay algunos tienen más retrasos otro menos, dependiendo de las circunstancias personales de cada uno. En cuanto al funcionamiento de la Administración de Justicia en general, con mayúsculas, si me llegan a hacer esta pregunta hace nueve meses, hubiera dicho que muy bien. Ahora ya no lo diría porque estamos teniendo problemas como consecuencia del incremento de la carga de trabajo, porque, por otra parte, hay escasez de personal, nos hacen falta funcionarios y porque la Oficina Judicial que parecía que iba a solucionar los problemas, en realidad no ha sido esa panacea, sino que la forma de funcionar ha ralentizado en ocasiones el funcionamiento.

–¿Por qué no está funcionando el modelo de la Oficina Judicial, cuando con el nuevo edificio se centralizaron los juzgados, cuando se ha extendido el expediente digital y cuando con el nuevo sistema supuestamente se iban a agilizar los procesos?

–Creo que obedece a que se han creado nuevas funciones que antes no había; pero la tesis del Ministerio para su implantación era que fuese a coste cero, es decir, que no se incrementara el personal y no se incorporaran nuevos funcionarios. Claro, si creas nuevas actividades, nuevas atribuciones y nuevas burocracias, eso exige la creación de más plazas.

–¿Cómo afecta a la maquinaria judicial?

–Por ejemplo, en lo Penal han dejado dos funcionarios nada más en la oficina del juzgado, el otro ha ido a oficinas comunes. Esa plantilla, que es la que ha de hacer todos los señalamientos hasta que se dicta la sentencia, es la misma que la que han dejado en otras oficinas judiciales, como por ejemplo en Burgos, donde sin embargo sí hay una oficina común que lleva las tramitaciones de los asuntos. Aquí se ha dejado la misma plantilla, pero teniendo que llevar todas las tramitaciones, lo que supone una mayor carga de trabajo. Siendo solo dos funcionarios, cuando uno está enfermo, o se coge vacaciones o está de permiso, el juzgado se queda con un personal muy reducido para llevar a cabo todo ese trabajo.

–Además, colectivos profesionales que trabajan en torno a la Administración de Justicia perciben que el procedimiento se ha burocratizado en exceso.

–A ver. Otro problema que veo es una cuestión de falta de comunicación. Da la sensación de que las oficinas comunes se comportan a veces como compartimentos estancos. La oficina judicial parece que no tiene nada que ver con las oficinas de los juzgados, que ahora se llaman Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD). La idea de que la Oficina Judicial es un fin en sí mismo no es correcta porque realmente está al servicio de que la justicia funcione; y guste o no guste, quien dicta las resoluciones y quien hace ejecutar lo juzgado es el juez, no la Oficina Judicial. Es un problema que se podría solucionar con un cambio de mentalidad. No es tanto una cuestión de medios.

-¿Podría poner algún ejemplo?

-Por ejemplo, antes, cuando la oficina judicial estaba en cada juzgado en la Audiencia, cuando había que realizar alguna cosa en materia de ejecución venía el funcionario y te consultaba. Se hacía de viva voz. Ahora, con esta especie de compartimentos estancos no hay esa relación directa entre el juez y la oficina de ejecución. Lo que ocurre es que eso mismo necesita tres resoluciones distintas pasando de oficina en oficina hasta el juez. Claro, una cosa que se solucionaba antes de palabra en medio minuto, ahora puede llevar días o semanas hasta que se resuelve, por lo que luego se generan disfunciones y retrasos. Se debería solucionar con una comunicación más directa. Estamos burocratizando demasiado el sistema y eso hace que la oficina judicial no funcione con la agilidad que se la presuponía. Y además, está la falta de personal de la que se quejan muchos encargados. De hecho, prácticamente en todos los lugares donde se han implantado Oficinas Judiciales, a continuación se han realizado peticiones de más funcionarios.

–¿Y se suelen conceder?

–Depende del Ministerio y de la disponibilidad económica.

–Profesionales como los abogados se han quejado de que, en materia inversora, la Administración de Justicia parece la hermana pequeña del Gobierno.

–Los presidentes de Audiencia no tenemos capacidad presupuestaria. En ese sentido, lo que nos queda es llorar [sonríe], pedir y fundamentar muy bien por qué se pide. Y cuando no te lo dan, intentar insistir en cuáles son las necesidades; pero claro, las necesidades son infinitas y los recursos son finitos... Todos necesitamos refuerzos en muchos ámbitos con el incremento de asuntos que ha habido y es verdad que no se puede llegar a todo. Veo lo que hay en Segovia y digo lo que necesito sí o sí; pero hay sitios en España que son más importantes y que acumulan mayores retrasos que los que se dan en la provincia.

–Hay juzgados que han mejorado sus prestaciones con el paso de estos diez años y otros las han empeorado. ¿Cuáles son los órganos con más demoras?

–Cuando tomé posesión el tapón más preocupante estaba en el Juzgado de lo Penal. Estaba colapsado. Se consiguió un segundo y en la actualidad están muy bien. También en este tiempo, el Juzgado de lo Social iba acumulando una carga de asuntos de entrada que hacía que no funcionase. Primero se logró un refuerzo y finalmente conseguimos un segundo juzgado. La situación ahora de los dos es bastante aceptable. En Sepúlveda, que ha sido problemático, ahora funciona bien. A día de hoy, el Juzgado de Cuéllar es el que más problemas está dando debido a las obras de eficiencia energética que se están llevado a cabo. Al ser un edifico histórico, los trabajos se hacen por dentro. Además, se ha juntado en estos juzgados de los pueblos la falta de funcionarios, que para cubrir esas plazas suelen venir los interinos con menos experiencia.

–A lo largo de estos dos mandatos ha habido varias protestas de distintos cuerpos y colectivos de la Administración de Justicia. Una de ellas estuvo protagonizada por los jueces y magistrados para defender su independencia. ¿Está politizada la justicia? ¿Sufren injerencias en su trabajo?

–En el día a día y en general, pienso que no hay una injerencia política en lo que conozco de Segovia y Castilla y León. Lo que hay son determinados casos de políticos implicados y de intereses políticos implicados. Estos asuntos siempre se van a ver desde una óptica política, da igual la resolución que se adopte. Cuestión distinta es lo que pase en el Consejo General del Poder Judicial, que es nombrado por el Parlamento; y mientras sea así, el pecado del que se le acusa de tener una instrumentalización política lo va tener siempre porque ha sido nombrado por los políticos. Luego es responsabilidad de los que han sido designados el comportarse de forma independiente. De todos modos, hay que distinguir. Una cosa es la tendencia ideológica que puedan tener los miembros del Poder Judicial que no actúan como jueces mientras estén trabajando allí, y otra cosa diferente es que puedan convertirse en transmisores o correveidiles de un partido político. Cuando se da una renovación, todos van tener una tendencia, ya sea conservadora o progresista; pero eso no tiene que impedir que se actúe con independencia en el sentido en que no se puede ceder a los intereses particulares de un partido.

–Ha habido en estos dos mandatos momentos muy complicados. Por ejemplo, la covid y su impacto en el sistema judicial. ¿Cómo lo recuerda?

–Cuando empezó fue una situación a nivel personal y de trabajo en la Audiencia hasta cierto punto estresante. No había protocolos al principio, no había nada. Los organismos provinciales tuvimos que adoptar medidas casi por nuestra cuenta. Limitar entradas al edifico, uso de mascarillas, la manera de organizar los juicios... Todas estas cuestiones tuvimos que irlas desarrollando en acuerdos gubernativos por parte de cada uno de los presidentes o jueces decanos. Esto dio lugar a un trabajo en el vacío hasta que se empezaron a establecer los protocolos. El confinamiento no nos repercutió tanto porque nos acostumbramos a las nuevas tecnologías, a trabajar con el expediente electrónico y a las videoconferecias.

–También ha vivido la agresión a la jueza de Santa María la Real de Nieva, quizás una de las experiencias más dolorosas en estos once años.

–Es lamentable, pero veníamos avisando desde hacía tiempo de la falta de medios de seguridad en los órganos judiciales de la provincia. Hasta entonces, en los juzgados de la provincia no había nadie de seguridad. Durante años tampoco había cámaras. Cualquiera podía entrar en un edificio con un arma, no hacía falta que lo llevara oculto, podía ir con un trabuco hasta un despacho sin que nadie se diera cuenta hasta que hubiera pegado un tiro. Era peligroso. No había una conciencia de que había que adoptar medias de protección hasta que pasó. Desde entonces se ha solucionado el problema. Todos los juzgados tienen vigilantes o guardia civil, se instalaron cámaras; pero sí, fue muy duro porque el ataque fue tan brutal... Fue pura suerte que no la matase. Le clavó un destornillador que se quedó a dos centímetros del ojo. Afortunadamente, conseguimos que no volviera a Santa María y ahora ha logrado una plaza fija; pero le cambió la vida.