Los atestados policiales por violencia machista se triplican en diez años

El matiz de la búsqueda de justicia es importante, ya que no todas los ataques machistas acaban en los juzgados. Ni mucho menos. Así lo advierte la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavas), que desde el pasado mes de julio viene prestando un apoyo integral y gratuito a las mujeres que padecen cualquier forma de violencia sexista. En Segovia, como consecuencia de su disperso y diseminado medio rural en el que habitan aproximadamente dos terceras partes de la población empadronada, se hace más difícil dar el paso de la denuncia.

Sobrevuelan muchos temores que asaltan a las víctimas que viven en pueblos. Y cuanto más pequeña sea la localidad, más miedos. Todos los vecinos se conocen en poblaciones fuertemente masculinizadas y muchas veces cuesta identificar lo que ocurre. Antes de denunciar al maltratador, estas mujeres sopesan las represalias que pueda tomar su marido, su pareja o su excónyuge; también recelan de la reacción que pudiera tener el propio entorno tan reducido en el que conviven, que se les juzgue pasando de ser unas víctimas a hacerlas sentir culpables.

Tal es así que únicamente dos de cada diez denuncias registradas por segovianas por padecer cualquier tipo de violencia machista las firman residentes en el medio rural. En la última festividad de la Virgen del Pilar, la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia alertaba de que, a fecha del mes de octubre del año pasado, había registrados en el sistema que atiende y gestiona el Equipo de Mujer-Menor (EMUME) del Instituto Armado 262 casos en investigación por delitos machistas y contra los menores. Esto quiere decir que siete de cada diez expedientes abiertos por violencia sexista se localizan en los pueblos, y el resto, en la capital.

A pesar de las campañas de concienciación, información y sensibilización, de las herramientas de apoyo existentes y del seguimiento policial para proteger a las víctimas de violencia machista, y a pesar del teléfono gratuito 016 para brindar una asesoría jurídica y una atención psicosocial inmediatas a las mujeres agredidas, los familiares tampoco parecen atreverse a dar el paso adelante de acudir a los tribunales. Algunos, porque desconocen el calvario porque la propia víctima lo oculta, otras veces es el miedo el que se impone, y otras, por vergüenza.

Si se echa la vista atrás, la denuncias formuladas directamente por parientes de la mujer agredida suman 37 en diez años en el conjunto de los cuatro partidos judiciales de la provincia (Segovia, Cuéllar, Santa María la Real de Nieva y Sepúlveda), y todas se concentran en 2023, como da cuenta el registro de dicho año del Consejo General del Poder Judicial.

Por lo tanto, la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado está siendo clave para que los maltratadores se enfrenten a la justicia. Ahí está, por ejemplo, la alta actividad desarrollada desde que echara a andar la Sección de Atención Social de la Policía Local de Segovia, que en su primer año, asistió a más de 800 personas. Aunque como ocurre con el volumen de denuncias, en 2024 también se aprecia un descenso, los atestados policiales que arropan la demanda judicial de la víctima han ido aumentando con el paso del tiempo.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial recogen que en la provincia se incoaron 444 partes durante el curso pasado en los órganos judiciales pertinentes, que son 245 menos que en 2023. Sin embargo, esta cantidad de atestados triplica a la que se registraba hace un decenio. La inmensa mayoría, como se repite cada ejercicio, se adjuntan a la denuncia que interpone la mujer contra su agresor. Nueve de cada diez, el año pasado. El resto se reparte entre las demandas promovidas por familiares de las víctimas (las menos frecuentes) y las intervenciones directas que llevan a cabo los cuerpos policiales.

Por lo tanto, que haya habido menos denuncias durante el año pasado no significa que haya lanzar las campanas al vuelo. No hay motivos para ello porque las cifras de la violencia contra la mujer en el ámbito judicial siguen siendo muy elevadas y los juicios rápidos se están retrasando entre seis y ocho meses. Además, 2024 partía de un ejercicio precedente que fue especialmente llamativo por la gran cantidad de asuntos tratados e ingresados en la provincia.

Según los datos recopilados al final de cada curso por la Administración de Justicia, 2023 bajó la persiana con 759 mujeres víctimas de violencia de género y otras tantas denuncias interpuestas. Un año después, las cifras han bajado a 448 mujeres víctimas y 451 denuncias, por lo que alguna de esas segovianas repitió demanda. El ritmo es de cinco demandas cada seis días; cuando en 2023 fue de dos cada 24 horas.

Estos números hechos públicos esta semana por el Poder Judicial se trasladan a las ratios que retratan y miden la presencia de la violencia machista en la sociedad. La tasa de denuncias ha ido en aumento a lo largo de los últimos diez años, dibujando una curva ascendente casi constante que alcanzó su cima en 2023, cuando la proporción arrojó 49 denuncias por cada 10.000 habitantes. En 2024, fue de 28,8, la más baja desde 2019, el ejercicio justo antes de que irrumpiera la pandemia del coronavirus.

Por su parte, al haber disminuido el ritmo ante los juzgados que entienden de casos de violencia contra la mujer, también se ha reducido la tasa que mide la proporción entre las denuncias y la población femenina de un territorio. Así, se ha pasado del citado máximo de 2023 a una ratio de 57,2 denuncias por cada 10.000 mujeres en 2024, el mismo dato que la referencia de víctimas por esa misma población.