El Ayuntamiento se expone a una multa de hasta 150.000 euros si no retira la cámara que apunta al diablillo

La figura del diablillo colocada en la calle San Juan, con el objetivo de diversificar los flujos del turismo en una ciudad donde los numerosos visitantes se concentran en torno a unas pocas arterias del casco histórico, sigue siendo una fuente inagotable de noticias tres días después de su inauguración. Primero fueron las quejas de algunos vecinos, que llegaron al juzgado y a las portadas de los principales medios internacionales y la presentación de más de 12.500 firmas en contra –5.400 obtenidas por medio de una iniciativa en la plataforma Change.org–; después la retirada, por un error en la traducción al ingles, de la cartela colocada en el murete, que en lugar de 'No climbing the wall' ('no andar por el muro') decía 'No climbing the walk' (algo así como 'no andar por el paseo'), y hoy mismo la Junta de Castilla y León ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento para que se retire de inmediato la cámara de tráfico que apunta al diablo por estar anclada en la fachada de la casa de las Cadenas, un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

«No es política, es norma», subraya el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, quien explica que la cámara se ha instalado sin solicitar el preceptivo permiso de la Comisión Territorial de Patrimonio. «No se hubiera concedido de ninguna manera, porque la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, prohíbe la instalación de cables, antenas o cualquier otro elemento en edificios declarados BIC, pero tampoco se ha pedido permiso». Aunque el requerimiento del Gobierno regional tiene un tono disuasorio, «porque no se ha planteado la apertura de un expediente sancionador si se procede a la retirada inmediata», algo a lo que la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, se ha comprometido ya, en el escrito firmado por Javier López-Escobar se advierte de que la Ley de Patrimonio contempla sanciones de hasta 150.000 euros por este tipo de actuaciones sin permiso del órgano territorial, al considerarse una infracción grave.