Segovia

Los acciones emprendidas por la Fiscalía por malos tratos habituales se disparan un 852%

Tal y como ponen de manifiesto las estadísticas oficiales recientemente publicadas por el Ministerio Público, en Segovia se incoaron 200 procedimientos por ilícitos penales considerados frecuentes. Según el Tribunal Supremo, lo que cuenta no es tanto la cantidad de actos violentos o intimidatorios cometidos en el ámbito familiar sino la permanencia y la reiteración a lo largo del tiempo. A partir de esta premisa, los casos de malos tratos habituales se dispararon el curso pasado un 852%, ya que 2023 la memoria de la Fiscalía recogía 21 infracciones penales.

Los escritos de calificación para la solicitud de penas también aumentaron, aunque de manera casi imperceptible: de trece subieron a catorce. En cuanto a las sentencias condenatorias por malos tratos habituales, se contabilizaron el año pasado cuatro.

La jurisprudencia interpreta que son frecuentes cuando se sustenta en la prueba la creación de un «clima de temor» en las relaciones familiares. De cara a la administración de justicia, hay conductas que agravan el delito. Así, está estipulado la imposición de penas en su mitad superior «cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el Código Penal o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza».

Por su parte, los ilícitos por violencia ocasional sobre los que se emprendieron acciones judiciales en la provincia segoviana el año pasado descendieron con respecto a 2023. De 173 bajaron a 107, lo que equivale una reducción algo superior al 38%.

La Fiscalía General del Estado eleva la valoración policial del riesgo al estatus de «elemento esencial del sistema de protección de las víctimas de violencia de género, ya que condiciona la activación de medidas de protección». En términos generales, la mayoría de los departamentos territoriales reflejan la utilidad de los informes policiales de valoración del riesgo en la actuación del Ministerio Fiscal.

El nivel de peligro determinado en estos exámenes compromete la adopción de medidas cautelares, particularmente la instalación de dispositivos telemáticos. En la provincia de Segovia, como ocurre por ejemplo otras vecinas de comunidad autónoma como Valladolid o Salamanca, se sigue el criterio de solicitar la pulsera electrónica cuando la evaluación policial indica que existe un riesgo medio con especial relevancia, alto o extremo para la víctima.

No obstante, tal y como matiza la documentación de la memoria anual, en otros territorios se advierte una aplicación restrictiva de estas medidas, incluso cuando la Fiscalía ha solicitado expresamente su adopción.