Interior entrega móviles a la cárcel de Topas para que los presos hablen con sus familiares
Las llamadas serán por videoconferencia, durarán diez minutos y permitirán compensar la restricción de las comunicaciones que generó el coronavirus
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido entregar 205 teléfonos móviles a las cárceles de todo el territorio nacional, con la excepción de Cataluña, comunidad que tiene traspasadas estas competencias a la Generalitat, con el fin de facilitar a los reclusos la comunicación con sus familiares, abogados y amigos.
La declaración del estado de alarma el pasado 15 de marzo supuso que se suspendieran de forma fulminante todas las visitas de los familiares de los internos al centro penitenciario. Este recorte en las comunicaciones fue compensando posteriormente por Instituciones Penitenciarias con un incremento de 10 a 15 del número de llamadas semanales que pueden hacer los reclusos.
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Con la nueva iniciativa –la distribución de 205 teléfonos móviles a las cárceles– la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pretende compensar las restricciones de las comunicaciones en las prisiones, derivadas del estado de alarma. Se trata de una medida que contribuirá a aliviar, al mismo tiempo, la tensión existente en las cárceles.
El Ministerio del Interior argumento este pasado martes, a la hora de explicar los objetivos de esta medida, que las videollamadas tendrán una duración máxima de diez minutos cada una y se realizarán en espacios en los que se garantice la intimidad y la seguridad, estando, en todo caso, vigiladas por un funcionario para evitar un uso inadecuado. De esta forma, se quiere evitar que el interno aproveche los diez minutos de videoconferencia para hacer fotos de las dependencias de la prisión.
Esta nueva medida tiene como especial objetivo paliar la suspensión de las visitas y de los vis a vis, acordada como medida de protección frente al coronavirus, y se suma al ya mencionado aumento del número de llamadas a las que tienen derecho los penados.
Además, serán los directores de las cárceles quienes ordenen el uso de los móviles, custodiados por funcionarios, entre todos los internos que lo soliciten, garantizando las medidas higiénicas para evitar posibles contagios. Además, los servicios de orientación jurídica, que quedaron suspendidos por el estado de alarma, se están reactivando mediante las videollamadas y videoconferencias con los colegios de abogados. De esta forma, se permite que los letrados puedan contactar con los internos a través de los teléfonos que faciliten los centros penitenciarios y, excepcionalmente, por locutorio, siempre que las condiciones sanitarias del interno permitan su desplazamiento.
Esta situación excepcional, motivada por la crisis del coronavirus, contrasta con la que se vivía anteriormente enTopas y en el resto de prisiones, cuando los reclusos tenían prohibido contar con móviles en los módulos.
