UGT Palencia exige a la Junta más personal para atender las residencias de mayores

En Palencia hay 60 centros residenciales, con 4.200 plazas. Si bien, el número de trabajadoras en esta provincia es de 2.091, un número que resulta insuficiente para poder ofrecer un servicio de calidad. «Nosotros abogamos por un modelo donde las ratios que marca la Junta de Castilla y León no sean tan mínimas, porque las empresas obligan a las trabajadoras a excederse en sus funciones», ha asegurado la secretaria regional de igualdad y dependencia, Fonsi Bonafonte Calama.

Los trabajos relacionados con los cuidados están relacionados con el género femenino por los prejuicios que contempla la sociedad alrededor de esta industria. «Un 97% es empleo femenino, que además está infravalorado por las administraciones públicas. No tener en cuenta la perspectiva de género en las políticas sociales vulnera el principio de igualdad y revela la falta de compromiso por parte de las administraciones», ha señalado Fonsi Bonafonte.

Además, han señalado que el 80% de las trabajadoras están medicalizadas por los problemas musculares y esqueléticos que suponen un esfuerzo superior, con un respectivo aumento de accidentes laborales. «Es perjudicial para las arcas públicas que se sustentan con la ciudadanía, porque hablamos de discapacidades que pueden causar el abandono del mercado laboral antes de tiempo; que supone un gasto para los poderes públicos», ha subrayado la secretaria regional de igualdad.

Desde este colectivo, subrayan el principio de conveniencia e interés de la Junta, justificando sus actuaciones como una «política tramposa». Relacionan el interés de sacar adelante el proyecto de la Junta de 'Mi casa' con el recurso presentado por la administración. «Una maniobra que apunta a crear centros residenciales mixtos, con un planteamiento de desigualdad que no gusta a nadie», ha determinado Marta Martínez.

Según datos del INE Proyecciones de Población, este tipo de centros aumentarán la demanda en los próximos años. En Castilla y León se prevé un aumento de casi el 5% en 10 años, una cifra que preocupa a la Federación de Empleados. «Con precariedad, no se puede dar calidad, y es necesario invertir desde ya en un modelo centrado en la atención de las personas», ha concluido Fonsi Bonafonte.