UGT Palencia exige a la Junta más personal para atender las residencias de mayores

La secretaria general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos, Marta Martínez con la secretaria de igualdad, Fonsi Bonafonte. /El Norte
La secretaria general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos, Marta Martínez con la secretaria de igualdad, Fonsi Bonafonte. / El Norte

El sindicato asegura que el 80% de las trabajadoras del sector están medicadas por las dolencias que les ocasionan sus funciones

LAURA LINACERO
LAURA LINACEROPalencia

El rechazo por parte del Tribunal Supremo al recurso de casación de la Consejería de Familia, que regula las residencias mayores, ha propiciado que la Federación de Empleados de Servicios Públicos FeSP-UGT de Castilla y León valore positivamente esta sentencia. La UGT reivindica mejoras en las condiciones de la dependencia y critica que la iniciativa de este decreto aludía a un número mínimo de profesionales establecido en función del número de usuarios, pero no de su grado de dependencia y sus dolencias. «Queremos pedir públicamente que tengan en cuenta la atención de las personas mayores», ha explicado la secretaria general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos, Marta Martínez Quirce.

En Palencia hay 60 centros residenciales, con 4.200 plazas. Si bien, el número de trabajadoras en esta provincia es de 2.091, un número que resulta insuficiente para poder ofrecer un servicio de calidad. «Nosotros abogamos por un modelo donde las ratios que marca la Junta de Castilla y León no sean tan mínimas, porque las empresas obligan a las trabajadoras a excederse en sus funciones», ha asegurado la secretaria regional de igualdad y dependencia, Fonsi Bonafonte Calama.

Los trabajos relacionados con los cuidados están relacionados con el género femenino por los prejuicios que contempla la sociedad alrededor de esta industria. «Un 97% es empleo femenino, que además está infravalorado por las administraciones públicas. No tener en cuenta la perspectiva de género en las políticas sociales vulnera el principio de igualdad y revela la falta de compromiso por parte de las administraciones», ha señalado Fonsi Bonafonte.

Además, han señalado que el 80% de las trabajadoras están medicalizadas por los problemas musculares y esqueléticos que suponen un esfuerzo superior, con un respectivo aumento de accidentes laborales. «Es perjudicial para las arcas públicas que se sustentan con la ciudadanía, porque hablamos de discapacidades que pueden causar el abandono del mercado laboral antes de tiempo; que supone un gasto para los poderes públicos», ha subrayado la secretaria regional de igualdad.

Desde este colectivo, subrayan el principio de conveniencia e interés de la Junta, justificando sus actuaciones como una «política tramposa». Relacionan el interés de sacar adelante el proyecto de la Junta de 'Mi casa' con el recurso presentado por la administración. «Una maniobra que apunta a crear centros residenciales mixtos, con un planteamiento de desigualdad que no gusta a nadie», ha determinado Marta Martínez.

Según datos del INE Proyecciones de Población, este tipo de centros aumentarán la demanda en los próximos años. En Castilla y León se prevé un aumento de casi el 5% en 10 años, una cifra que preocupa a la Federación de Empleados. «Con precariedad, no se puede dar calidad, y es necesario invertir desde ya en un modelo centrado en la atención de las personas», ha concluido Fonsi Bonafonte.