El resurgir leonesista marca el 37 aniversario de Castilla y León como comunidad autónoma
La comunidad celebra mañana, 25 de febrero, el día del Estatuto, con una propuesta de reforma en marcha socavada por la falta de acuerdo
La comunidad autónoma cumple mañana, 25 de febrero, 37 años de andadura en un momento de auge de las reivindicaciones leonesistas para eliminar esa 'y' ... copulativa que une Castilla a León desde 1983. Los actos institucionales para conmemorar el aniversario de aprobación del Estatuto de Autonomía se celebran apenas una semana después de que decenas de miles de personas (35.000, según la Policía, en la capital, a las que hay que sumar los manifestantes de Villablino y Ponferrada) salieran a la calle para exigir medidas efectivas para atajar la pérdida de tejido industrial y de habitantes.
Ese trasfondo de reactivación del conflicto territorial marcará la celebración del aniversario autonómico que se limita habitualmente a un pleno conmemorativo cada 25 de febrero, jornada laborable, al que se suma el día de puertas abiertas en la sede parlamentaria durante un fin de semana próximo a la efeméride.
El movimiento leonesista no es la única incertidumbre que se cierne sobre el armazón que sustenta el entramado autonómico. El anuncio de supresión de la Fundación Villalar-Castilla y León, luego reconducido hacia una reorientación de esta entidad que depende de las Cortes, ha reabierto el debate sobre los símbolos institucionales.
CC OO ha puesto sobre la mesa una amplia propuesta que incluye la reorganización de las fiestas institucionales. El sindicato plantea reforzar el contenido institucional del 25 de febrero, trasladando a este día la entrega de los Premios Castilla y León, incluido el discurso del presidente de la Junta, que se produce la víspera del 23 de abril, Día de Castilla y León. Esta fecha se mantendría como fiesta popular autonómica ligada a Villalar de los Comuneros y desde CC OO se plantea incorporar otra con la que se identifique la vertiente leonesa de la comunidad.
A ese escenario se suma, este año, que el aniversario del Estatuto de Autonomía va a coincidir en el tiempo con el debate de una propuesta de reforma sobre el mismo el próximo 3 de marzo, en el pleno, que previsiblemente fracasará porque solo cuenta con el apoyo explícito de PP y Cs, mientras que PSOE y Podemos han anunciado su abstención.
Puertas abiertas el 1 de marzo y Medalla de Oro para Cermi
S.E.
El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, entregará al Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) la Medalla de Oro del Legislativo. La Cámara premia así la labor que esta entidad desarrolla para avanzar hacia la plena integración en la sociedad de los ciudadanos que afrontan el día a día con una discapacidad, «desde una imagen ajustada, que evita estereotipos y prejuicios y estimulando la toma de conciencia y la percepción social».
Cermi agrupa a once organizaciones del sector y se constituyó como comité en 1999 para trabajar activamente en la mejora de la calidad de los servicios y la eliminación de barreras para facilitar esa integración social de las personas con discapacidad.
Al acto institucional están convocados unos 300 representantes políticos y de la sociedad civil. En ocasiones anteriores han recibido esa condecoración el rey emérito, Juan Carlos I; el exseleccionador Vicente del Bosque, o los expresidentes de la Junta. José María Aznar no acudió al acto y aún no se ha acercado a recogerla.
Las Cortes abrirán sus puertas a los ciudadanos el próximo 1 de marzo, domingo, bajo el lema '¡Os esperamos!'.
Al tratarse de la norma sobre la que se cimenta el desarrollo de las competencias de la comunidad, cualquier cambio requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara. Son 54 de los 81 procuradores, lo que implica el acuerdo, al menos, de PP y PSOE. El proyecto de reforma actual ha sido impulsado por PP y CS sin contar con el grupo socialista. Su finalidad es suprimir los aforamientos de procuradores y miembros de la Junta, pero el texto, circunscrito a los dos artículos que regulan esta situación, cierra a los socialistas la posibilidad de incorporar un suelo social para obligar a la Junta a presupuestar una cuantía mínima en servicios públicos esenciales, acceso a la vivienda y promoción de empleo.
El procedimiento que ha culminado con éxito las contadas reformas que ha superado el Estatuto de Autonomía ha sido una tramitación conjunta del grupo que sustentaba el Gobierno autonómico, el PP, con el PSOE y negociaciones extendidas a IU, que tras las elecciones de mayo quedó fuera del hemiciclo.
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