La reforma de la televisión autonómica tensa el ambiente antes de una votación simbólica
Por primera vez, la oposición puede sacar adelante en las Cortes una ley contra el criterio del Gobierno de la Junta de Castilla y León
La ley tiene taras. Tantas, que habrá que acometer una reforma exprés en cuanto se apruebe. Porque no queda claro si el artículo sobre ... que los ingresos por publicidad de la Junta no pueden superar el 33% de los ingresos de un medio se refiere a eso, a la Junta, o a la suma de ayuntamientos, diputaciones, Junta y universidades. Es decir, «institucional». Tampoco si se refiere a ingresos por cabecera o a ingresos por CIF, ni qué ocurre si ese CIF es de un medio de implantación nacional. Detalles nada menores porque el primer gran objetivo de la reforma de la ley de publicidad institucional ha sido reformar el modelo de televisión autonómica.
Una televisión en manos de Promecal, Antonio Miguel Méndez Pozo, y de Edigrup, familia Ulibarri.
Una televisión que son dos conglomerados mediáticos con intereses comunes. Una televisión que recibirá en 2025 una subvención directa de 24,5 millones de euros para su funcionamiento. Una televisión privada para un servicio público. Y una televisión que, para recibir su pago anual, se somete a una Comisión de Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre en la que el voto mayoritario lo tiene la Junta.
Reformar ese modelo es el núcleo de la ley que se votará el miércoles. Una ley que impulsa la oposición, a iniciativa de Unidas Podemos secundada por Vox y PSOE, y contra los intereses del PP. Suficiente como para incrementar la tensión parlamentaria en el último Pleno del calendario de sesiones.
«Tenemos que cambiar el modelo de publicidad institucional», le dijo David Hierro (Vox) a Alfonso Fernández Mañueco (PP). «Y dicen en su ponencia política, esa que ha firmado, que la información debe regirse por las reglas de la libre competencia, sin interferencias que beneficien a unos medios sobre otros... Pues ya sabe lo que tiene que votar usted mañana», advirtió el portavoz de Vox. Que anunció, de paso, que esa subvención aprobada de un modo inusual, con dos ejercicios garantizados, los de 2025 y 2026, para RTVCyL puede ser objeto de un recurso judicial. «Los servicios jurídicos de Vox son muy efectivos, veremos cómo hacen ustedes eso sin tener un presupuesto», dijo el de Vox. La Junta ha comprometido 24,5 millones para 2025 y 23,5 para 2026. 48 millones de euros en dos ejercicios.
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Esos 48 millones dieron de sí durante el debate. «Imagínese qué se podría hacer en esas cuencas mineras con 48 millones de euros», le espetó Luis Mariano Santos (UPL) al presidente de la Junta. Francisco Igea ya anticipó que ha llevado esa subvención a la Fiscalía por si hubiera indicios de prevaricación.
Pablo Fernández (Unidas Podemos) aseguró que ha habido presiones de la Junta a los medios de comunicación para evitar que la ley salga adelante. «En los últimos días se han comportado como la mafia, el PP ha llamado a buena parte de los medios de la comunidad para que presionen a los partidos para que no salga adelante la reforma de la ley de publicidad institucional. Y han regalado otros 48 millones de dinero público a una tele privada porque saben que se les acaba el chollo», acusó.
Y similar patrón siguió la socialista Nuria Rubio, esta vez en una intervención dirigida al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. «En Castilla y León ha habido un intento claro y organizado por parte del PP de amordazar a quienes les critican. Se han realizado llamadas con un claro objetivo, amedrentar a los medios para evitar que salga adelante una ley legítima», aseguró. Y argumentó que eso se debe a que la nueva norma impedirá, a juicio del PSOE, que la Junta «siga utilizando la publicidad institucional como herramienta de premio o de castigo».
Ante semejante coordinación, Mañueco y su portavoz, Carriedo, pergeñaron una línea de defensa que vincula a Vox y PSOE, o lo que es lo mismo, a Vox y Pedro Sánchez, lo que escuece más. Como si confiaran en que esta unión contra natura provoque la reacción de Bambú y que Vox, desde Madrid, cortocircuite una ley que lleva seis meses en tramitación. «Ustedes -por Vox- seguirán atacando al PP y últimamente han cogido de socio, con el que van agarraditos de la mano, al PSOE de Castilla y León. Han quedado retratados. En Castilla y León se respeta la ley de prensa y la libertad de expresión. No sabemos lo que ocurrirá sobre la iniciativa del PSOE y Vox, pero estaremos curiosos mañana viendo lo que votan los unos y los otros», contragolpeó Mañueco. Y otro tanto le lanzó a Pablo Fernández: «Los extremos se tocan, es la misma pregunta que la que me acaba de hacer el portavoz de Vox. Últimamente están ustedes muy de la mano», le dijo. Desveló una charla de pasillo en la que Fernández le pidió que no se tomara sus ataques como algo personal, porque era más duro incluso con Pedro Sánchez. «Es durísimo con Pedro Sánchez, tan duro que no le extrañe que un día Sánchez le meta en la fachosfera», se burló Mañueco.
Y Carriedo aprovechó la réplica a Nuria Rubio (PSOE) para recordarle la mala costumbre de muchos políticos de comparecer sin admitir preguntas. «Tenemos ruedas de prensa con periodistas», dijo. «Sánchez cataloga a muchos medios como pseudomedios, tabloides y máquinas del fango. El Gobierno tramita una ley de control de los medios de comunicación. Aquí ahora tienen ustedes algunos nuevos socios en Castilla y León con ese mismo objetivo».
«Renuncien a lo que quieren hacer mañana y no porque se lo digamos nosotros ni el colegio de periodistas, sino porque ustedes mismos están diciendo que la ley está mal hecha», dijo Carriedo. Aunque él, como los demás, saben que el 'casus belli' aquí era la reforma de la tele. Lo demás son, serán, daños colaterales.
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