Castilla y León

La Ley de Publicidad Institucional, abocada a una nueva reforma sin haberse aprobado

La proposición de ley llega al hemiciclo tras duros encontronazos entre los populares y el resto de los grupos y con una redacción que implica que ese servicio de televisión tendrá que salir a concurso a los tres meses de publicación de la ley con subrogación de la plantilla e incluyendo cláusulas sociales que garanticen las condiciones laborales. A eso suma un punto que ha emergido con polémica en este tramo final sobre el artículo que recoge una limitación del 33% máximo de ingresos por publicidad institucional respecto a los ingresos por explotación de cada medio. Que ese límite sea general, con fondos procedentes de todas las administraciones, o se aplique a los ingresos procedentes de las arcas de la Junta es donde está el meollo de la polémica, porque el texto que va a pleno no recoge expresamente la segunda opción.

El Grupo Socialista había convocado una reunión este lunes para acordar una enmienda que acotara con claridad que ese 33% se refería expresamente a publidad de la Junta y los entes bajo el paraguas de la Administración autonómica y no a entidades locales o universidades. Hacía falta la firma de todos los grupos para incorporar ese ajuste en este momento tan avanzado de la tramitación y a esa cita no ha asistido el PP. «Si no puede salir esa enmienda, tenemos plan B. Las posiciones de los grupos son las mismas, han estado en la reunión, lo que todos querríamos es que esa ley saliese con esta enmienda, pero parece ser que el Partido Popular no va a ceder, está en contra, y ya les digo, si no sale esta enmienda, la proposición de ley saldrá adelante y presentaremos, una vez que esté publicada en el Boletín, una proposición de ley para plasmar lo que no hemos podido hacer mediante la enmienda transaccional», resumía la portavoz del PSOE, Patricia Gómez Urbán.

La dirigente socialista apuntaba a un cambio exprés, si finalmente esa reforma de la ley que regula la publicidad institucional sale adelante el miércoles sin que el PP se avenga a apoyar la enmienda. «Sé que el resto de los grupos parlamentarios están en la misma línea que nosotros, con lo cual se podría perfectamente hacer de común acuerdo con todo el arco parlamentario de la oposición, a excepción, evidentemente, del Partido Popular», remarcó la portavoz del PSOE.

Desde Vox, partidarios de esta nueva regulación, señalan que el mes de julio será 'hábil' para el trabajo parlamentario en las Cortes, incluida la celebración de plenos, por lo que si ese añadido que estipula limitaciones al 33% de ingresos por publidad institucional «de la Junta de Castilla y León» no puede incorporarse al debate de esta semana, se impulsaría de inmediato para que estuviera aprobado este mismo verano. Entienden que la modificación encajaría en el procedimiento ultrarrápido de lectura única que se contempla en el Reglamento de la Cámara.

Las apreciaciones sobre la aplicación de ese porcentaje del 33% han surgido en la recta final de la tramitación. «La ley de publicidad institucional creo que lleva cinco meses desde que se registró a disposición de todos los medios de comunicación... En los meses anteriores no lo habían visto oportuno o no lo habían visto necesario. Ningún medio nos había trasladado esa preocupación», aseguró Gómez Urbán.

La conflictividad con esta reforma ha sido creciente entre el PP y el resto de los grupos. Fue planteada por Pablo Fernández, de Unidas Podemos, y avanzó la tramitación con apoyo de Vox, una vez que los de Santiago Abascal pasaron a la oposición tras romper el pacto de gobierno con el PP. Luego llegó la enmienda que perseguía aminorar la posible influencia de la Junta en RTVCyL dando mayor protagonismo al papel de las Cortes. A partir de ahí, los populares intentaron aplicar una estrategia dilatoria que había funcionado con otras leyes, como la de Derechos y Garantías de las Personas al Final de la Vida, que era la petición de una prórroga del calendario para presentar enmiendas, vía que abortaron el resto de los grupos. Hasta el propio presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), tuvo que aplicarse a fondo para que se tramitará el texto en una comisión cuya convocatoria dependía de un parlamentario del PP.

Todo ese camino, con denuncias en las últimas semanas del PSOE y Vox, de «amenazas a medios» por parte de los populares, lleva hasta estos últimos movimientos previos al pleno de debate y votación de la proposición de ley. Con un PP que argumenta que el cambio atenta contra la «libertad de expresión» y que pone en riesgo la «viabilidad económica» de medios de comunicación. «Se asiste en las últimas semanas a la creación de una nueva fuerza 'Unión Voxcialista', les importa un bledo los ciudadanos, se va contra el Gobierno», ha manifestado días atrás Miguel Ángel García Nieto, portavoz adjunto del PP, que tachó de «bodrio» el texto.

Gómez Urbán defiende que lo que mueve al PP es el «miedo de perder el control» de poder «coaccionar» a los medios de comunicación. Una posición argumental que comparten otras bancadas de la oposición. «Los tentáculos del poder son muy largos», ha apreciado en esta recta final de la tramitación el portavoz de Vox, David Hierro, que acusó a los de Alfonso Fernández Mañueco de «meter miedo a los medios de comunicación y decir que van a cerrar para poder seguir controlando los titulares de ciertos medios». Junto a PSOE y Vox, apoyan la reforma Pablo Fernández y Francisco Igea. Suman 41 votos de 81. UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila se habían posicionado a favor, pero el asunto de esa limitación del 33% podría cambiar su voto este miércoles, con una aritmética parlamentaria muy ajustada.