La ley de publicidad institucional tensa las Cortes: del 'tamayazo' a la censura

El Colegio Oficial de Periodistas ha reaccionado prácticamente una semana antes de que esta ley someta a aprobación definitiva en las Cortes. Ha pedido una reunión con procuradores, empresas informativas y universidades con grados de periodismo. Y el PP argumenta que esta reforma de la ley supone un intento de «censurar» y de impedir «la libertad de prensa», además de suponer «un riesgo para la supervivencia de los medios más pequeños».

El asunto ha alcanzado una dimensión que no se esperaba cuando Pablo Fernández hizo el primer movimiento, allá por mayo de 2024. Francisco Igea y el propio Pablo Fernández traían al recuerdo este jueves, tras la Junta de Portavoces, la palabra 'tamayazo'. Aquellos dos tránsfugas del PSOE, Tamayo y Sáez, que evitaron que el socialista Rafael Simancas se invistiera como presidente de la Comunidad de Madrid. Poco después, Esperanza Aguirre (PP) se hizo con la Presidencia. La ley cuenta con los votos a favor de PSOE y Vox: 28+11. Son 39. Se suman Igea y Fernández: 41. No sobra ni un apoyo. «Apelo a la coherencia y a la palabra de todos los grupos para que mantengan la posición que han expresado en la comisión», confiaba David Hierro (Vox). UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila, que votaron a favor en la comisión, han anunciado un cambio en el sentido de su voto. Se negarán por el artículo que habla del 33% máximo de ingresos por publicidad institucional respecto a los ingresos de cada medio.

Respecto a la postura del Colegio de Periodistas, Vox considera que responde a la presión de la Junta a los medios. «Si eso se utiliza para meter miedo a los medios de comunicación y decir que van a cerrar, es una visión bastante restrictiva. Hemos tenido cinco meses en los que ha habido un proceso de tramitación de esa ley que aparecía en la web de las Cortes, como cualquier otra ley, para hacer aportaciones. La voluntad del legislador es que se haga referencia únicamente a los planes de medios de la Junta. Si la Junta quiere utilizar una explicación restrictiva para decir que les quieren cerrar y meter miedo para poder seguir controlando los titulares de ciertos medios de comunicación… No podemos caer en eso», añadió Hierro.

Hierro matizó que están dispuestos a incluir una modificación que aclare ese punto y que especifique que hace referencia únicamente a la Junta y no a diputaciones o ayuntamiento. Una modificación que quizá podría hacerse a través de las enmiendas «que siguen vivas» para el Pleno del próximo miércoles, propuestas por el PSOE, o con una «modificación por vía urgente y de lectura única para cambiar algunos aspectos de la ley», trámite que, explicó el portavoz de Vox, es habitual.

Patricia Gómez Urbán quiso dejar claro, con rotundidad, que el PSOE va a votar a favor del texto aprobado en comisión. «El grupo parlamentario socialista acude a ese Pleno con la intención de que la ley salga adelante. Es necesaria. Y no es para controlar a los medios, es para controlar a la Junta. Es dinero público y es necesario controlar para qué se utiliza el dinero público. Que todos los medios puedan ejercer el periodismo en condiciones de total igualdad».

Y respecto a lo del 33% de los ingresos, se abre a posibles ajustes para especificar lo que sea necesario. «Votaremos lo que salió del dictamen y lo que pueda salir del debate», aclaró. «Pero hacemos referencia a la publicidad de la Junta de Castilla y León. Siempre nos hemos referido a la ley de publicidad institucional de la Junta de Castilla y León».

Criticó la portavoz socialista que la Junta haya inducido a los medios, a su juicio, a temer por su futuro económico. «La Junta no hace esas llamadas [a los medios] por miedo a que desaparezca un medio de comunicación, sino que tiene miedo porque al señor Mañueco le gusta ir dopado a cualquier elección. A la Junta lo que le importa es dejar de dominar y ejercer como estaba haciendo».

Por parte del PP le tocó defender el argumentario a Miguel Ángel García Nieto, que ya lo hizo en los debates de la comisión de Presidencia, donde se tramitó. «Esta ley es un bodrio legislativo y nos lo están demostrando. Ahora ya están viendo a ver cómo lo arreglamos, si ahora o después… Eso ya es reconocer implícitamente que lo que se pretende aprobar, sin la comparecencia del PP, es un bodrio legislativo. Es una guerra política contra el PP. El objetivo de esta ley es controlar la información y el libre ejercicio de la profesión periodística. Es una ley de censura, de intervencionismo», abundó García Nieto.

Sin embargo, una vez más la clave estaba en el asunto del 33% de los ingresos. En si amenaza o no la supervivencia de los medios. Y que según García Nieto afecta a todas las administraciones públicas por tratarse de una ley autonómica. «Y vulnera la ley de contratos del sector público, la ley de publicidad…», aseguró.