El PSOE denuncia presiones del PP a la prensa para impedir cambiar la Ley de Publicidad Institucional
Vox también solicita la comparecencia del director de Comunicación para informar sobre «la coordinación de las relaciones informativas de la Junta con los medios de comunicación«
El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado la petición de comparecencia del director general de Comunicación de la Junta ante la Comisión de Presidencia porque «tiene constancia de presiones a medios para impedir la aprobación de la Ley de Publicidad Institucional». «Ha habido llamadas del mencionado director de Comunicación a la prensa para presionar con el fin de impedir una ley que aportará equilibrio y transparencia en la financiación de la publicidad institucional de la Junta», señalaron.
Por otra parte, también Vox ha solicitado la comparecencia del director de Comunicación para informar sobre «la coordinación de las relaciones informativas de la Junta de Castilla y León con los medios de comunicación».
Todos los grupos del hemiciclo menos el PP (es decir, PSOE, Vox, Soria ¡Ya!, UPL, Unidas Podemos, Por Ávila y Francisco Igea) aprobarán en el último pleno de junio, el del día 26, la reformada ley de publicidad institucional. Una reforma exprés que cambia por completo el modelo de inversión publicitaria de la Junta de Castilla y León en los medios y el de la televisión autonómica. Para el PP, «un intento de cercenar la libertad de expresión». Para los demás grupos, un intento de poner orden y de cambiar un modelo «clientelar» que perjudica la «neutralidad informativa».
La propuesta de articulado, 17 epígrafes, incluye como primera gran reforma la de la televisión autonómica. En manos de dos grupos mediáticos al 50%, Edigrup y Promecal, pero sufragada mediante una subvención directa de la Junta de más de 21 millones de euros anuales -hasta 23,4 ha subido en 2025-, los grupos de la oposición han decidido que en el plazo de tres meses desde la publicación de la ley (mes de julio) tendrá que salir a concurso.
Se abrirá el concurso a cualquier empresa interesada con la condición de que se subrogue la plantilla actual. Se añade, además, que el concurso debe «incluir cláusulas sociales que garanticen sus condiciones laborales».
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