La Junta sacará a concurso otra licencia de televisión y RTVCyL podrá renovar por 15 años

Respecto a la televisión autonómica, la oposición pretendía dos cosas. Por un lado, nombrar un Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre que fiscalice el modo en que la concesionaria invierte los 24,5 millones que se le concederán como subvención directa este año, o los 23,5 que se han comprometido para 2026. Un Consejo que, además, vigilará que se mantenga «la neutralidad informativa» y que se arroga la posibilidad, si los ingresos superan el 50%, de vetar el nombramiento de algunos directivos. El Consejo representará al parlamento autonómico.

Esta parte, de momento, parece garantizada, aunque habrá que ver con qué efectos reales una vez que transcurran todos los plazos y se conforme el Consejo, teniendo en cuenta además que habrá elecciones autonómicas en marzo de 2026 y cambiará la composición de las Cortes de Castilla y León.

La otra parte quería permitir que otros grupos mediáticos accedieran a la posibilidad de obtener la licencia de televisión autonómica. De hecho, se habla en la norma de que un nuevo licenciatario debería subrogar a toda la plantilla de RTVCyL. La concesionaria la componen dos grupos mediáticos, Promecal (Antonio Miguel Méndez Pozo) y Edigrup (familia Ulibarri) al 50%, que además aglutinan medios impresos y digitales y emisoras de radio en toda la comunidad. La licencia debería salir a concurso en tres meses. Y aquí es donde la Junta de Castilla y León ha encontrado el resquicio para que esto no cambie. «Es de aplicación tanto la ley de Castilla y León como la ley general de comunicación audiovisual nacional. Los medios con una licencia conforme a lo previsto a la ley 7/2017, pasados 15 años tienen que renovarla, cosa que ocurre este año, y es de aplicación la ley de 2022, ley nacional de carácter básico que dice que se otorgará para su explotación por el licenciatario por 15 años. Esto lleva aparejada la renovación de la licencia y dice que las sucesivas renovaciones serán automáticas y por el mismo periodo estipulado para su disfrute, siempre que se den tres condiciones. Si lo cumplen, tienen renovación automática de licencias, y algunas empresas ya han tramitado la solicitud dentro del plazo», explicó Carriedo.

«Nuestra intención es licitar una nueva licencia de televisión, nos dirigiremos al Ministerio competente para ver si sigue vigente ese espacio radioeléctrico para una licencia adicional», anunció.

Le preguntaron entonces si una nueva licenciataria recibiría anualmente, como la actual, una subvención directa de más de 20 millones de euros. No hubo respuesta a esa cuestión. «Sacaremos una nueva licencia a concurso. Es lo que prevé la nueva ley. Castilla y León tenía la reserva de un espacio radioeléctrico que en su momento no sacó, pero podía hacerlo. Debemos pedir al Ministerio de Transición Digital que nos explique si sigue vigente ese espacio libre, y entonces procederemos a convocarla y se podrá presentar cualquiera. No sabemos si se podrán presentar o cumplir las condiciones», se limitó a responder el portavoz de la Junta.

En cuanto a la limitación de la publicidad institucional, la Junta tiende el capote a los medios de comunicación que se puedan sentir afectados para recurrir la norma. Como Gobierno, no puede recurrir una norma propia, aclaró Carriedo. Pero matizó que puede contravenir la ley de contratos del sector público. «En cuanto la ley se publique pediremos un informe al Consejo Consultivo de Castilla y León para que nos oriente y que podamos examinar lagunas jurídicas e imprecisiones. En qué medida vamos a conocer cuándo un medio supera el 33% de publicidad institucional, qué pasa si una vez superado ese porcentaje algún medio no se puede beneficiar o no puede recibir información de una campaña de publicidad del cáncer de mama, por ejemplo, porque Ayuntamiento y Diputación hayan superado ese 33%... ¿Cómo lo tenemos que hacer? Cómo tiene que ser la carta con la que nos dirijamos a los casi 300 medios de comunicación que existen, el procedimiento para excluirles de la contratación», se preguntaba Carriedo.

El PSOE ya anunció una contrarreforma de la ley recién aprobada para aclarar que ese 33% se refiere solo a la publicidad institucional de la Junta de Castilla y León. Y para añadir matices como si se refiere a una cabecera o emisora, a un CIF, qué ocurre si un CIF tiene varios medios de comunicación o cómo se debe actuar si el CIF es de un medio de Madrid con ingresos nacionales pero con una edición autonómica. ¿El problema? Que Vox, para empezar, ya ha dejado caer que tiene que ver el texto. Porque los de Santiago Abascal ya han insinuado en los debates parlamentarios que los 19 millones de euros anuales de la Junta en publicidad institucional son una subvención encubierta que consideran inaceptable.